miércoles, 12 de junio de 2019

Ramses Owens envia replica a La Prensa


PANORAMA - EU DECLARA A RAMSÉS OWENS FUGITIVO - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EU DECLARA A OWENS FUGITIVO. RÉPLICA.

El artículo de La Prensa, en sus páginas PRIMERA PLANA y 2-A (martes 11 de junio) titulan como lee el margen superior.

La PRIMERA PLANA, que sigue en la 2-A, lee que: “EU declara a Ramsés Owens fugitivo, … por su renuencia a enfrentar los cargos en su contra por presunto … fraude para evadir impuestos, entre otros… “. Sugerimos muy respetuosamente al Diario La Prensa que no publique frases que podrían inclusive irresponsablemente malograr la buena relación diplomática que tiene Panamá con los Estados Unidos de Norte América (EEUU). EEUU como país, no declararía semejante afirmación. Esta atestación sólo podría ser declarada por un juez competente de los Estados Unidos
La palabra “fugitivo” significa según la Real Academia Española, “que anda huyendo y escondiéndose”. El contexto de esta noticia es consecuencia directa de la información hackeada -11.5 millones de documentos, es decir, entre 300 y 400 millones de páginas- y utilizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y por periodistas del Diario La Prensa para entregar físicamente a la Embajada de Estados Unidos en Panamá y para redactar artículos e inclusive libros -véase “Sociedades Peligrosas”, por J. Scott Bronstein y Rita Vásquez- en contra de Mossack Fonseca (MF) y en contra del noble y sano servicio de sociedades anónimas y fundaciones de interés privado. En este caso, las autoridades tributarias de investigación de los Estados Unidos, y ahora los fiscales del Departamento de Justicia, llevan analizando la información hackeada, aportada desde 2016 por la ICIJ y periodistas de La Prensa. 
El principal imputado es de nacionalidad guatemalteca. El Diario La Prensa contextualiza a Owens como si fuese el principal investigado, cuando la realidad es que se trata de una participación distante, y en calidad de “abastecedor secundario” en el expediente de Estados Unidos. El cliente frente a MF fue y sigue siendo una mujer, hoy anciana, residente en Guatemala. Los panameños señalados han servido en el ámbito de los servicios corporativos y fundacionales, en calidad de profesionales panameños, nunca en calidad de proveedores de experticias tributarias para los clientes guatemaltecos. 
Desde el 2016, Ramsés Owens ha colaborado enteramente con las diferentes autoridades para aportar todos los documentos que reposasen en los expedientes, así como declaraciones juradas. Owens atendió a cita que se le hiciese para asistir a la Embajada de Estados Unidos el año pasado. Owens ha nombrado a los abogados Carrillo y Iandolo para representarle en EEUU. Owens no ha estado nunca huyendo ni escondiéndose. Fiel prueba es también la presentación de esta réplica. Además, es de conocimiento público que Owens tiene decretado en su contra un impedimento de salida de Panamá, producido también por expedientes relacionados con MF. El Diario La Prensa obvia escribir que el Ministerio Público de Panamá ha hecho lo imposible para colaborar con los fiscales de Estados Unidos, inclusive torciendo la ley, para encontrar sustento probatorio para llamar a panameños a la justicia de Estados Unidos, pese a que no hay lógica en la competencia y jurisdicción internacionales. 
Para Panamá, no se trata de un asunto tributario, sino de documentación legal corporativa y fundacional. Para Panamá, no se trata de EEUU, sino de Guatemala. Aún en el absurdo que se considerase el tema como algo “tributario”, Panamá no tipifica como delito estos hechos. Y es por ello que los fiscales de Panamá no han podido ni han querido, aún con los 11.5 millones de PANAMA PAPERS a la mano, abrir sumarias de investigación en Panamá, ni privar de libertad a ninguno de los mencionados en Estados Unidos, en virtud de que la soberanía judicial panameña no lo permite. Pero las autoridades de Panamá han estado completamente en colaboración frente a los fiscales foráneos, y en continuas diligencias con Owens, pese a que en Panamá no existe delito fiscal frente a estos hechos. La palabra “fugitivo” utilizada en el artículo, no daña a Owens como persona natural, sino a Panamá como país, porque no compagina con las ingentes ayudas que el Ministerio Público ha suministrado.

Más adelante, la periodista Mónica Palm esgrime equivocadamente (página 2-A) que la información tramitada por los fiscales panameños “fue obtenida a través del Tratado de Asistencia Legal Mutua firmado por Panamá y Estados Unidos” (TALM). Pero la periodista evita informar que el artículo 2, numeral 2, de la Ley 20 de 1991 (que promulga el TALM), dice muy claramente que “Para los fines de este Tratado, el término delito no comprende cualquier (SIC) asunto que esté, directa o indirectamente, relacionado con la reglamentación de los impuestos, incluyendo la imposición, cálculo y recaudación de los mismos…”. Es decir, que no hay asistencia cuando los temas son de índole fiscal. Esto quiere decir, que la única norma que quizás podría ser aplicada es la ley panameña No. 11 de 2015 sobre el tratado de Asistencias Judiciales Internacionales. Pero el artículo primero de esta ley consagra que Panamá colaborará “en las investigaciones, procesos y actuaciones referentes a los delitos previstos, y sólo en los delitos previstos, en la legislación panameña…”. Los hechos investigados, aún en el absurdo que se consideren “tributarios”, no constituyen delito en Panamá.

El Diario La Prensa obvia informar que existe en Panamá un delito denominado “Receptación de Cosas Provenientes del Delito” (artículo 392 del Código Penal), que se configura al recibir objetos que se sabía provienen de un delito (delito de hackeo informático o cibernético) para darles uso. También La Prensa obvia informar que todavía al día de hoy, está vigente el artículo 35 de la Ley de Fundaciones de Interés Privado, que reza que la infracciones al deber de guardar reserva y confidencialidad son sancionadas con prisión de seis (6) meses y multas, sin perjuicio de la responsabilidad civil correspondiente.

La defensa de Owens no es a sí mismo. Es la defensa de Panamá y demás centros de servicios extraterritoriales frente a consorcios mediáticos internacionales y naciones que deseen hacer ver y convertir el servicio de sociedades y fundaciones de interés privado, y demás servicios financieros, en algo “pecaminoso” o “delictivo”.

Nos anima la máxima veneración hacia la justicia estadounidense, y estaremos en fiel deferencia a su servicio, y confiamos que sus tribunales fallarán en justo derecho. Y tenemos fe que Panamá verá desagraviada su imagen ante la faz del mundo, engavetándose ya de una vez por todas los llamados “Panama Papers”.

Atentamente,

Ramsés Owens

Ver más en 



lunes, 25 de febrero de 2019

La guerra contra el GAFI

NEOCOLONIALISMO DEL SIGLO XXI

 La guerra contra el GAFI 
Adolfo Linares  |  12 dic 2018 - 00:00h

Temas: Gafi (grupo De Acción Financiera) OCDE ONU

En la edición del 23 de noviembre de 2018, el presidente fundador de La Prensa en un artículo titulado La guerra contra los GAFI https://www.prensa.com/opinion/guerra-GAFI_0_5174482600.html acusa a “algunos” abogados de sacar la bandera nacionalista y azuzar con “gritos estridentes” declaraciones de guerra contra aquellos que injustamente acusan a Panamá de país no cooperador, en este caso el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Como me siento especialmente aludido, aprovecho la oportunidad que se me da para hacer los siguientes comentarios.

No grito. Hablo con energía y pasión. Esa que solo sale cuando uno está seguro de la razón de la causa asumida y de la injusticia que se comete, en este caso, contra Panamá al violársele sus derechos de nación libre, independiente y soberana. Se repite el error de Cancillería al confundir la raíz del problema, que no tiene nada que ver con la prevención del lavado de dinero, impuestos o finanzas internacionales. Este cuento, porque es puro cuento, es la excusa que se tiene para imponer un neocolonialismo financiero y fiscal en reemplazo del colonialismo territorial de otrora. Que no se quiera ver así es otra cosa.

La discusión es de soberanía y de derecho internacional, que en el caso de Panamá, está siendo atacada brutalmente por el GAFI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al pretender estos abrogarse derechos “soberanos” al imponernos leyes que van en contra de nuestras garantías individuales, el interés nacional y nuestra Constitución. Recuerden que nuestro país por su posición geográfica siempre ha sido visto como un preciado botín por las potencias desarrolladas, y ahora más que nunca.

Debemos utilizar las armas que da el Derecho Internacional Público para defendernos, pues tanto las actuaciones del GAFI como de la OCDE las violan flagrantemente. Para mencionar solo algunos, están los principios de “igualdad jurídica de los Estados”, de “no intervención en los asuntos internos de los Estados” y el de “libre determinación de los pueblos”.

El GAFI y la OCDE igualmente están en abierta violación a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados cuyo artículo 52 declara como nulo “ …todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”, así como de un sinnúmero de resoluciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se condena “solemnemente el recurso a la amenaza o al uso de la presión, en todas sus formas, ya sea militar, política o económica, por un Estado, con el fin de coaccionar a otro Estado para que realice un acto relativo a la celebración de un tratado en violación de los principios de la igualdad soberana de los Estados y de la libertad de consentimiento”.

Con el uso de estas listas negras se nos amenaza y presiona para que Panamá firme tratados tributarios, que nos convierten en recolectores de impuestos de potencias extranjeras, e implementemos regulaciones excesivas al sector financiero, bancario y legal con el propósito de quitarnos competitividad, a tal punto que está resultando muy difícil sino imposible hacer negocios en Panamá. Como bien lo expresara el 30 de mayo de 2012, el entonces embajador de España en Panamá en una nota enviada al Superintendente de Bancos donde le expuso “…algunos problemas que están experimentando las numerosas empresas españolas al establecerse son los excesivos requisitos y trámites burocráticos precisos para poder abrir una cuenta bancaria, exigencias que entran en contradicción con el modelo económico de Panamá.” Es increíble que un embajador extranjero tenga mayor compresión que nuestras autoridades, y del autor del artículo referido, de cómo funciona nuestra economía.

No me parece para nada inteligente, sugerir como solución el “…atender con firmeza, pero sin estridencias, los reclamos…” del GAFI, de la OCDE y demás. Desde hace 10 años hemos venido haciendo precisamente esto y no solo no hemos salido de ninguna lista sino que nos siguen pidiendo cada día más. Lo último es la penalización de la evasión fiscal.

Mucho menos inteligente es sugerir otro comité de expertos “con credibilidad y sin conflictos de interés”, lo que quiera que esto signifique, pues le recuerdo que fue la comisión Stiglitz, conformada, además de los miembros extranjeros, por supuestos expertos panameños independientes quienes simplemente se plegaron a todas las exigencias e imposiciones tanto del GAFI como de la OCDE con las consecuencias económicas que estamos viviendo actualmente.

La soberanía es como la virginidad. Se tiene o no se tiene. Ya es hora de empezar a defenderla.

El autor es abogado

----------
https://www.prensa.com/opinion/guerra-GAFI_0_5188731178.html

sábado, 16 de febrero de 2019

Delia Cardenas: Aclaraciones para la Historia


ACLARACIONES PARA LA HISTORIA PANAMEÑA

He escuchado afirmaciones hechas por talentosos personajes, que no se ajustan a la verdad histórica relacionadas con las listas discriminatorias en las que ha sido incluida Panamá. Como parte actora y participativa en las actuaciones relacionadas con las mismas, siento la obligación de expresar las correspondientes aclaraciones, habida cuenta del silencio que guardan aquellos que también conocen buena parte de lo acontecido.

A fines de 1999, en mi carácter de  Superintendente de Bancos de Panamá, nombrada por la Presidenta de ese entonces, Doña Mireya Moscoso, asistí a una reunión de reguladores de la Región, auspiciada por el GAFIC, organismo regional del que Panamá formaba parte. En dicha reunión conocí informalmente, que Panamá sería incluida en la lista negra de Países de Competencia Desleal,  título que más adelante sería reemplazado por el de No Cooperadores contra el Blanqueo de Capitales.

Conocida la situación y el riesgo que significaba, en una conferencia ante los gerentes y dueños de bancos, comuniqué lo conocido, solicitando a los presentes su cooperación. Panamá tenía en ese momento alrededor de 40 leyes que normaban el tema y nos parecía injusta la nefasta calificación.

A inicios del 2000, se nos citó a una reunión de reguladores, organizado por las Naciones Unidas. En dicha reunión se redactó un comunicado que firmaríamos los técnico y reguladores presentes, donde se conminaba a las más altas autoridades de los países participantes a cumplir con las disposiciones contenidas en el mismo. Panamá fue el único País que se negó a firmar. Advertí que no firmaría dicho documento, sin antes consultar con nuestra Presidenta y altas autoridades correspondientes, verificando lo que norma la Ley y la Constitución. Por supuesto ardió Troya. Las amenazas de los miembros de GAFI con la pretensión de anular mi decisión no tuvieron frutos. Recuerdo un abogado apellido Blum, a quien increpé acremente,  por referirse  en muy malos términos a Don Eduardo Morgan, cuando en su carácter de embajador defendió a nuestro País de ataques similares.

De vuelta al País, informé a la Presidenta Moscoso y al Canciller José Miguel Alemán de lo acontecido. El Gobierno de Mireya Moscoso heredó un grave problema y en su gobierno, prácticamente, se resolvió.

Fuimos citados a una reunión de GAFI en Washington, junto con los otros países, también  incluidos en la lista, en la misma estuve acompañada de los Embajadores Guillermo Billy Ford Boyd q.e.p.d. y Ramón Morales Quijano, de Washington y Naciones Unidas, respectivamente, quienes fueron un gran apoyo. Tuve que firmar el documento para que lo hicieran público, bajo la amenaza de que expulsarían a Panamá de los Organismos.

Panamá entra en la lista negra como País No Cooperador en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y en otras dos listas más; en la  de Países con Legislación Bancaria y Financiera débil que no cumplía con los requisitos de Basilea y en la lista de Paraísos Fiscales, todo ocurrió  en el año 2000. Afectó la corresponsalía bancaria y algunas transacciones financieras internacionales.

Inmediatamente se conformó una comisión de distinguidos y talentosos abogados, de todos los partidos, gobierno y oposición juntos, para revisar la legislación vigente. Es pertinente aclarar que en ese entonces yo formaba parte del MOLIRENA en alianza con el Panameñismo.

La Cancillería conformó una Comisión de Carácter Extraordinario,  para conversar diplomáticamente con los países miembros del GAFI. Nosotros nos mantuvimos en el nivel técnico para fortalecer las medidas que íbamos adoptando, una vez aprobada la adecuación de nuestras leyes. Teníamos que asistir a reuniones para sustentar nuestros avances y probar la ejecución de los mismos. Recuerdo una reunión en Miami, lo más parecido a una audiencia,  donde sorprendimos a los miembros del GAFI por la calidad en la conformación de la misión panameña: el Procurador General de la Nación, Director del Consejo de Seguridad, Fiscales, Jueces, banqueros, dos abogados del sector privado, quienes viajaron con sus propios medios y, personal técnico de la Superintendencia, se me escapan otros participantes. En esa reunión sustentamos los avances en normas y ejecuciones, entre ellas pudimos salvar la innecesaria preocupación por las acciones al portador, cuya eliminación exigían, al compararlas con  los  traspasos por endosos de las acciones nominativas

Panamá siempre proyectó un interés real por resolver aquello que realmente requería de un ajuste, con seriedad, respeto e hidalguía, sin someternos a lo que sabíamos pretendían los Países Miembros de GAFI y de la OECD,  quienes no aceptaban que un país tan pequeño como el nuestro tuviese un floreciente centro financiero, una exitosa Zona Libre de Colón, fuese No.1 en abanderamiento de naves, una exitosa Ley de Sociedades Anónimas vigente desde 1927, en adición a nuestro orgulloso Canal panameño

En el 2001, estábamos preparados para salir de algunas listas, aclaro que la de los Paraísos Fiscales, por su naturaleza, correspondía al MEF y no a la Superintendencia de Bancos.

Estuvimos listos, gracias a un trabajo a gran escala, en todos los estamentos del Estado que tuviesen alguna relación con el tema. Los miembros de la Superintendencia se convirtieron en técnicos y luego  en maestros y examinadores, para asegurarnos del cumplimiento del País.
Nos enviaron una misión del FMI,  al inicio anunciaron que era una visita exploratoria, pero insistimos y pedimos con firmeza que la visita fuera de examen y calificación, porque sabíamos que estábamos listos. Con mucho esfuerzo lo logramos y el FMI dictaminó que cumplíamos.

Llegaron las visitas del GAFI y logramos salir de la lista de Países No Cooperadores en la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales y paralelamente salimos de la de Basilea por haber fortalecido nuestra reglamentación bancaria y financiera  manteniéndola en ejecución.

¿Cómo se logró?
• Se fortaleció la regulación, se elevó la calidad de la supervisión y se mantuvo su efectividad.
• Se fortaleció la Unidad de Análisis Financiero con una buena coordinación.
• Se constituyó un departamento especializado para dar seguimiento a la modernización y actualización de las normas y acuerdos internacionales correspondientes al sector financiero.
• La Superintendencia se mantuvo en alerta constante, velando por el cumplimiento de las medidas y principios que rigen la actividad en el mundo.
• En 2006, al término de la gestión, Panamá no estaba en ninguna lista financiera ni relacionada contra blanqueo de capitales ni contra terrorismo. Sólo estaba en la de Paraísos Fiscales a cargo del MEF.

Panamá se convirtió, ejemplarmente,  en un socio  efectivo y activo del GAFIC,  organismo regional del que fue uno de los fundadores, de país discriminado pasamos a ocupar la Vicepresidencia y luego la Presidencia por elección. Lamentablemente, en el gobierno anterior, del que formé parte como CD y Embajadora ante la Santa Sede, se tomó la decisión, en opinión personal desafortunada, de salir del GAFIC y entrar al GAFILAT. Decisión que advertí al Ministro del MEF en ese entonces, podría conllevar consecuencias negativas, por las pobres relaciones financieras  con nuestro País,  de  la mayoría de los 9 miembros que la conforman. Algunas de ellos, con cumplimientos muy por debajo de los de Panamá, situación que pude constatar en algunas de las reuniones del GAFI,  a las que asistí en su sede en París.

No conozco las causas, que ahora esgrimen los insaciables organismos internacionales para incluir a Panamá, nuevamente, en listas discriminatorias. 

Opino que las ansias de dominio del mercado financiero, comercial, marítimo, naval, legal, es tal, que aprovechándose de la falta de creatividad de los medios de comunicación, continúan en la degradante tarea de extorsionar a los países pequeños que osan intervenir en negocios y actividades, que suponen son “propios” con el fin de aumentar su caudal de riqueza a costa del resto de la humanidad. Por ello afirmo,  que aunque cedamos el 100% a las peticiones de dichos organismos, no cejarán en su empeño, eso es, convertirnos en sus colonias, a través del empobrecimiento de nuestras economías

Para contrarrestar lo anterior, los reguladores, en todas sus categorías, deben hacer el trabajo para el que fueron destinados, con buena supervisión y control, así se minimizan las malas actuaciones,  se cierran las puertas  para comisión de delitos y sobre todo,  se evita la intromisión en la autodeterminación de nuestros  países libres y soberanos, de organismos amorfos carentes  de identidad mucho menos de personalidad propia.  

Es hora de defender a toda costa lo nuestro y los medios deben rectificar  su afán de lucro, a costa de  la imagen del País, con  reportajes, producto de   investigaciones juiciosas, que difundan   la verdad y  el respeto por Panamá.

Delia Cárdenas Christie
14 de febrero de 2019

domingo, 10 de febrero de 2019

Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera Internacional



LAVADO DE DINERO

Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera Internacional
Álvaro Tomas  |  26 nov 2018 - 00:00h

Como menciona el colega Ebrahim Asvat, 13 de noviembre de 2018, en lo que respecta al Danske Bank (el banco danés que lavó 230 billones de dólares siendo la institución financiera principal de un país miembro de la OCDE y de la Unión Europea): “La noticia duró apenas tres días”. En efecto, lo barrieron bajo la alfombra rapidito. Agrega el colega Asvat: “Ni Dinamarca entrará en ninguna lista negra ni se hará mucho ruido a este pequeño incidente”. El escándalo sigue sin ser mencionado en los medios locales con la prominencia que fue y han sido resaltados otros escándalos de lavado de dinero en Panamá o, por ejemplo, los mal llamados “Panama Papers”. Les encanta vituperar al país. Pero haremos el trabajo que no quieren hacer los periodistas europeos y los locales: indagar aún más sobre el lavado de dinero en Europa y exponerlo para que los panameños no creamos todo lo que dicen los europeos que insisten en tratarnos como criminales. Fallutos.

Leonid Bershidsky, de Bloomberg, escribe un artículo, con fecha 17 de octubre de este año, titulado “Europa no puede controlar su dinero sucio”. En dicha investigación, el periodista afirma que “En los últimos años, pero especialmente en 2018, Europa ha visto un número creciente de casos de lavado de dinero de alto perfil relacionados con bancos. Los más notables se incluyeron en un informe publicado el martes por la agencia de calificación crediticia S&P, que señala que, si bien los problemas de lavado no son exclusivos de Europa, los bancos del continente están sobrerrepresentados en tales casos”. Ya tengo el informe de S&P. Es una bofetada a los funcionarios y a los burócratas europeos de los organismos que nos critican y que juran que sus instituciones financieras son inmaculadas.

Llama la atención que diga especialmente en 2018. ¿No tienen años de estar chantajeando a Panamá con listas y ahora los bancos europeos se destacan por los escándalos de lavado? La lógica indica que solo por el tamaño de los sistemas financieros, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debería preocuparse más por eliminar el lavado en Europa. ¿Un trillón de dólares se lavó en Estonia y acá vienen en febrero de 2019 a ver si cumplimos con sus exigencias? Caraduras.

Cito al periodista Bershidsky: “Solo este año, ING Bank, con sede en los Países Bajos, acordó pagar 900 millones de dólares para resolver una investigación holandesa por facilitar sobornos aparentes de una compañía de telecomunicaciones con raíces rusas a un funcionario del Gobierno en Uzbekistán; la francesa Societe Generale S.A. se vio obligada a pagar 585 millones de dólares después de una investigación franco-estadounidense sobre un esquema de soborno libio; Pilatus Bank en Malta tenía sus activos congelados por ejecutar un plan de reducción de sanciones de Estados Unidos con Venezuela e Irán; en Estonia, Versobank, propiedad del sigiloso magnate ucraniano Vadim Ermolaev, fue cerrado durante la noche por proporcionar servicios de lavado de dinero a varios actores postsoviéticos; en Letonia, ABLV se cerró después de que Estados Unidos tomara medidas enérgicas contra actividades sospechosas de no residentes; y, nuevamente en los Países Bajos, Rabobank pagó 369 millones de dólares por sus actividades de esconder efectivo de los carteles mexicanos de la droga”.

Obtuve, porque el que busca argumentos los encuentra, un reporte fechado 3 de mayo de este año dirigido a la junta directiva de Danske Bank A/S. El reporte lo firma Jesper Berg (no es un chiste), director general de la Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca (FSA). Trataré de resumir algunas perlas de este informe que delata la incompetencia de las autoridades europeas, de los burócratas del GAFI y de la mala fe de algunos países europeos hacia nuestro país.

Veamos: “Danske Bank no ha cumplido históricamente con sus obligaciones en el área de lavado de dinero. Esta es la conclusión a que llegó el FSA en 2012”. Sigue el reporte (esta es para enmarcar): “Desde finales de 2012 a noviembre de 2013, Danske Bank no tuvo una persona responsable para vigilar las actividades de lavado de dinero, tal cual lo requiere el Danish Anti-Money Laundering Act”.

El informe, de unas 19 páginas, detalla las múltiples comunicaciones del informante (whistleblower) un ejecutivo inglés que, entre otras cosas, reportó desde diciembre de 2013 la conducta criminal de la sucursal de Estonia de Danske Bank. La incompetencia de los funcionarios de Estonia, de Dinamarca y la falta de ética de los banqueros de estos países del primer mundo es abismal. Finalmente, el amigo Bershidsky acota: “si Europa quiere llenar el vacío moral que deja Estados Unidos durante la presidencia de Trump, no puede permitir que la economía europea sirva de destino para los dineros sucios -sean de post Unión Soviética, África o Latinoamérica, como lo ha hecho por décadas”.

Tierra llamando a GAFI.