jueves, 5 de julio de 2018

Colegio de Abogados se opone a Proyecto de Licencia de Agentes Residentes


El Colegio Nacional de Abogados de Panamá los invita a participar en el Conversatorio: Nuevo Proyecto de ley que regula los agentes residentes.

¿Conoce usted el Proyecto de Ley que pretende establecer una “licencia” para que usted pueda actuar como Agente Residente?

La Junta Directiva del CNA se opone a este proyecto. Queremos escuchar  los abogados del país.

Fecha: Martes, 03 de julio de 2018.

Lugar: Salón Eduardo Morgan. Colegio Nacional de Abogados.

Hora: 6 p.m




COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DE PANAMA

29 de Junio de 2018
Nota No. 227-CNA-2018

Licdo. Camilo Valdes
Presidente
Consejo de Servicios Internacionales de Panama (COSIP)
E.S.D

Respetado Licenciado Valdés:

Hago referencia al proyecto de Ley para regular el Servicio de los Agentes Residentes de entidades juridicas en Panama que fuera circulado por usted via correco electronico, el pasado 12 de junio y que, segun indico, es un trabajo elaborado por el licenciado Alvaro Thomas, colega de la firma Morgan & Morgan, el cual COSIP tiene pensado respaldar y presentar a la Asamblea Nacional, en el próximo period de legislatura.

El proyecto, entre otras cosas, introduce modificaciones a la Ley 9 de 16 de abril de 1984; a la Ley 2 de 1 de febrero de 2011; a la Ley 23 de 27 de abril de 2015; y a la Ley 52 de 27 de octubre de 2016, y no solo a la ley 2 de 2011, como se indicó en el correo.

Dicho lo anterior, y luego de analizar el texto del anteproyecto propuesto, la posición del Colegio Nacional de Abogados , por desición unánime de su Junta Directiva, es rechazarlo de plano, por las razones, y con fundamento, en lo que a continuación se indica:

Consideramos que el proyecto es violatorio del Artículo 40 de la Constitución Política ya que, para ejercer la profesión de abogado, la unica idoneidad necesaria es la que expide la Sala Cuarta de Negiocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia. Otorgarle entonces a la Intendencia de Sujetos No Financieros Obligados la potestad legal para expedir una “licencia de registro” a los abogados, para que puedan prestart el servicio de agente residente, sea como sociedad civil o de manera individual, es restringir el libre ejercicio de una profesión liberal. Además, dicho trámite conllevaría el pago de un “derecho inicial de registro” (cuyo monto, por cierto, aún se desconoce), lo cual se traduciría en graver con un impuesto o contribución este ejercicio professional, lo cual también viola el artículo 40 de la Constitución Política. Crear una especie de idoneidad paraelela, a la que expide la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, que es el regulador natural de los abogados, es innecesario e inconstitucional.


2. La aprobación del proyecto significaría, ademas, crear una legislacion excluyente para pequeñas firmas y pequeños abogados, en beneficio de un sector especifico que se beneficiaria de este registro, y que monopolizaría, casi de manera exclusive, el negocio de constitución de sociedades, lo cual en nada contribuiría a mantener la competitividad de Panamá, como centro financiero internacional, suplataforma de servicios internacionales, o a potenciar sus ventajas competitivas, como se indicia en la exposición de motivos del proyecto.

3. El proyeto impone, entre los requisites para obtener la licencia o registro de la intendencia, la presentación de copia de los Manuelas de prevención y formularios. La ley 23 ya contempla que cada firma o abogado deba tener manuals de procedimiento y matriz de riesgo, avalado por un official de cumplimiento certificado lo cual, en la práctica, ha sido imposible llevar a cabo, ya que son certificaciones onerosas, de carácter internacional, que en Panamá se han expedido en contadas ocasiones. Además, las certificaciones para oficiales de cumplimiento deben renovarse cada dos años y en Panamá no se están dando esos cursos, no hay suficiente personal certificado, lo cual dará ventajas a las firmas que puedan certificarse fuera de Panamá, y tengan los recursos para hacerlo.

4. Se da la potestad discrecional a la intendencia, para aceptar o no los manuales operativos y demás documentación aportada por el abogado para obtener la licencia de registro; y de no ser ¨aceptada¨o ¨subsanada¨la solicitud, en termino pretentorio, se archiva, sin que se indiguen en el proyecto qué recursos tiene el abogado afectado contra dicha desición, o si deb evolver a someter el trámite. El proyecto no establece cuales serían los criterios que la intendencia tendría que aplicar, para aceptar o rechazar los documentos aportados por el abogado, lo cual deja todo a discreción de la intendencia.

5. El proyecto busca modificar el artículo 16 de la Ley 9 de 1984, que prohibe el ejercicio de la abogacîa por intermedio de sociedades anónimas o de tipo mercantil, lo cual abriría la posibilidad a que personas no idóneas, reciban beneficios económicos, de la gestión legal que realizan los abogados, lo cual no solo constituye una falta a la ética, sino también constituiría un ejercicio illegal de la profesión.

6. El proyecto parece excluir del ámbito de responsabilidad civil y penal, únicamente a los Abogados que ejerzan y que se hayan registrado ante la intendencia. ¿Y qué occure con los abogados no registrados o que no estén ejerciendo activamente?

7. El proyecto pretende paralizar la expedición de certificaciones de entidades jurídicas del Registro Público, hasta tanto la entidad designe un nuevo agente residente, debidamente autorizado por la intendencia. No vemos el beneficio, ni la competitividad para nuestra plataforma de servicios en introducir esta restricción y, sobre todo, porque en el plazo de 12 meses desde la aprobación de la ley, los abogados no registrados en la intendencia quedarían inhabitados para seguir prestando el servicio de agente residente, trasladando la carga a la entidad jurídica de tener que designar un nuevo abogado que sí esté registrado en la intendencia, para poder obtener una certificación sobre su personería jurídica, lo cual más que sumar, restaría competitividad a nuestro registro mercantil y de sociedades.

8. El proyecto introduce más imposiciones a los abogados de las que ya están establecidas en la Ley 23, al incluir la creación y mantenimiento de un ¨registro cronológico de los motivos por los cuales se renuncia al cargo de agente residente de entidades jurídicas¨, para que el mismo sea examinado por la intendencia, a requerimiento. ¿Si la obligación del agente residente, ante los supuesto planteados en la ley, es la de ¨renunciar¨, y se cumple con dicho trámite, por qué debe llevarse un registro de las motivaciones, por caso?

9. En general, consideramos que el proyecto, lejos de buscar mayor competitividad de nuestros servicios internacionales, crea mayores cargas, procesos, registros y desventajas para los abogados, e impone cargas a las entidades jurídicas registradas bajo nuestra jurisdicción, inclinándose solamente a favor de un grupo reducido de firmas, que se verían beneficiadas con el monopolio exclusivo de la constitución y mantenimiento de entidades jurídicas panameñas, convirtiendo al resto de los abogados no afiliados por la intendencia, en comisionistas de las grandes firmas las cuales, además, tendrían libertad de fijar las tasas que quisieran por la prestación de dicho servicio, lo cual tampoco agregaría valor a la competitividad de nuestros servicios corporativos.

Por las consideraciones expuestas, la desición de la Junta Directiva en ejercicio del Colegio Nacional de Abogados, es rechazar de plano el Projecto de Ley ¨Que modifica la Ley 2 de 2011 que regular las medidas para conocer al cliente para agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá¨, cuyo nombre tampoco se acopla con el texto del proyecto propuesto, y le solicitamos la manera más respetuosa, como Presidente de este gremio, que retire el mismo de la mesa de discusión y que no sea presentando a la Asamblea Nacional, ya que no contará con el apoyo del Colegio Nacional de Abogados.


Sin otro particular, reiterándole la seguridad de nuestro aprecio, se despide de usted.

Atentamente,

Alfonso Fraguela
Presidente Encargado


Reproducido con la cooperación de Lya Ayarza, St.Edward´s University, B.A. 2021.



jueves, 24 de mayo de 2018

Colegio de Abogados reitera al Ministerio Público la necesidad que respete la presuncion de inocencia y el debido proceso


Colegio de Abogados: reitera al Ministerio Público la necesidad que respete la presunción de inocencia y el debido proceso

El Colegio Nacional de Abogados a través de las Comisiones de Derecho Penal y Defensa de la Profesión, acudieron hoy al Edificio Avesa sede de las Fiscalías Superiores Anticorrupción del Ministerio Público, a fin de conocer de primera mano el status procesal de los abogados que han sido vinculados con el caso Lava Jato.
En este sentido, la información solicitada no fue brindada por el funcionario judicial a los Comisionados que allí se encontraban. En su lugar, sugirió que se programara una cita con alguno de los Fiscales Anticorrupción para tratar el tema.
El Colegio Nacional de Abogados se encuentra preocupado por los hechos ocurridos y se mantiene vigilante respecto a los mismos, en aras de cuidar el libre ejercicio de la profesión y jugar su rol de facilitador para mantener el clima de paz y certeza jurídica que debe prevalecer en todo el territorio nacional por parte de las autoridades judiciales.
El Colegio Nacional de Abogados en su permanente interés por las realidades del acontecer nacional, no es ajeno a lo que ocurre con los profesionales del derecho que, -todo parece indicar- han sido objeto de detención provisional por el mero hecho de ejercer la profesión y desempeñar su rol respecto a su cliente.
Es propicia la ocasión para por un lado, expresar que el Colegio Nacional de Abogados no avala de ninguna manera que, so pretexto de ser abogado se incurra y/o se facilite la incursión de otros profesionales y/o terceros en conductas punibles; y por el otro, reiterar el llamado respetuoso al Ministerio Público de su obligación de garantizarle al país que, en todos los procesos penales haya la observancia y cumplimiento de la ley, las garantías constitucionales, el debido proceso y el respeto absoluto a los derechos humanos.
ALFONSO FRAGUELA GONZÁLEZ
Presidente Encargado del Colegio Nacional de Abogados - CNA
AFG/kpra-m


domingo, 29 de abril de 2018

Comunicado en contra del arresto de abogados por acciones de sus clientes



Ante los últimos acontecimientos que involucran a profesionales del Derecho llamados a indagatoria por la supuesta comisión del delito de Blanqueo de Capitales, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) en conjunto con las asociaciones que conforman el Consejo de los Servicios Internacionales de Panamá (COSIP) hace un llamado a las Autoridades Competentes, para que se respete el debido proceso y el libre ejercicio de la profesión, consagrados en los artículos 32 y 40 de la Constitución Política de la República de Panamá.

La preocupación del COSIP se desprende de la clara función del abogado que brinda los servicios profesionales de agente residente, Directores o dignatario de una sociedad anónima, así como los de servicios de contabilidad y ejercicio de mandatos especiales, derivados de las operaciones financieras que se realizan en nuestro país y que datan de más de 100 años, desde la la aprobación del Código Civil (1917) y luego por la Ley de sociedades anónimas (1927).

Todos estos servicios están previstos en el artículo 9, numerales 9 y 10 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, por la cual se regula el ejercicio de la abogacía y en los artículos 24 y 25 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 que “adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones”


En tal sentido, la Ley 23 de 2015, establece en su artículo 24 lo siguiente:
“Artículo 24. Actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión. Los abogados, contadores públicos autorizados y notarios sólo estarán sujetos a supervisión de la Intendencia de supervisión y regulación de Sujetos no Financieros cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente las actividades siguientes:
  1. Compraventa de inmuebles.
  2. Administración de dinero, valores bursátiles u otros activos del cliente.
  3. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
  4. Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de compañías.
  5. Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomiso y demás.
  6. Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas.
  7. Actuación o arreglo para que una persona, pagada por el abogado o firma de abogado, actúe como director apoderado de una compañía o una posición similar, con relación a otras personas jurídicas.
  8. Proveer de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una compañía, sociedad o cualquiera otra persona jurídica o estructura jurídica que no sea de su propiedad.
  9. Actuación o arreglo para que una persona, pagada por el abogado o firma de abogados, actúe como un accionista testaferro para otra persona.
  10. …..
  11. La de agente residente de entidades jurídicas constituidas o existentes de conformidad con las leyes de la República de Panamá.” (Los subrayados son nuestros).
De aquí se desprende claramente que el Ministerio Público no debe acusar, ni involucrar en un proceso penal a un abogado que actúe como mandatario de un cliente en las funciones antes señaladas, previstas por una ley de la República de Panamá y que ha sido costumbre conocida y ejecutada por los profesionales del derecho de nuestro país.

Para corroborar esta solicitud al Ministerio Público, la propia Ley 2 de 1 febrero de 2011, “Que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá,” determina claramente en su artículo 17 que:
“Artículo 17: El agente residente, por el sólo hecho de haber prestado sus servicios como tal a las entidades del cliente, no será considerado autor o cómplice de este, aun si el cliente es encontrado culpable de la comisión de una falta o de la infracción de normas de naturaleza administrativa, civil, penal o tributaria.”

De este artículo se desprende claramente la intención y el espíritu de la Ley panameña en el sentido que no se puede considerar como autor o cómplice de un cliente, al abogado que presta sus servicios profesionales y que se encuentren debidamente documentados.

El texto completo de la resolución aparece en la gráfica y es firmado por el Presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Alfonso Fraguela y el Presidente del Consejo de los Servicios Internacionales de Panamá (COSIP) Camilo Valdés. El COSIP es conformado por:
  • Asociación de Abogados Internacionales
  • Asociación Bancaria de Panamá
  • Colegio Nacional de Abogados
  • Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura
  • Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa
  • Bolsa de Valores de Panama
  • Movimiento de Abogados Gremialistas
  • Cámara Panameña del Mercado de Capitales
  • Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá
  • Asociación Panameña de Derecho Marítimo
  • Asociación Panameña de Derecho Financiero y Tributario
  • Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón
  • Consejo Interamericano de Comercio y Producción

martes, 6 de marzo de 2018

Analizan Borrador de Proyecto de ley que crea Superintendencia de Sujetos no Financieros



Las camaritas 4, 5 y 14 de Construcción e Inmobiliario, Automotores y equipos Pesados y Servicios Profesionales respectivamente, así como representantes de empresas miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) de otros sectores económicos del país, participaron de una reunión para analizar el Borrador sobre el proyecto de Ley, por el cual se crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y se dictan otras disposiciones”.
Abogados ausentes en reunión sobre cambios a Intendencia y Ley de Agentes Residentes

Este encuentro contó con la participación de Carlamara Sánchez, intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También asistieron, representantes de sectores económicos como: joyerías, Casas de empeño, casinos, transporte de valores, empresas establecidas en Zona Libre de Colón (ZLC), Panamá Pacífico, Zonas francas y Bolsa de Diamante de Panamá.

Entre los aspectos a destacar del Proyecto de Ley, se encuentran la creación y facultades de la Superintendencia, la composición de la Junta Directiva y sus facultades, la supervisión que ejercerá la Superintendencia sobre los sujetos obligados, la creación de un registro para los sujetos obligados no financieros, se establecen sanciones que podrá imponer el Superintendente; se contemplan multas que oscilan entre los US$ 5,000.00 a US$ 1,000,000.00, dependiendo de la gravedad y el grado de reincidencia.
El Proyecto de Ley también contempla modificaciones a la Ley No.  2 de 1 de febrero de 2011, “Que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá”.
De acuerdo con el documento, lo que se busca es que la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, ejecute de forma efectiva y sumaria sus funciones, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo que resulta propio que la Intendencia pase a ser un organismo autónomo con presupuesto propio y administración independientes.
Ver texto completo en https://www.panacamara.com/analizan-borrador-proyecto-ley-crea-superintendencia-sujetos-no-financieros/