jueves, 5 de julio de 2018

Colegio de Abogados se opone a Proyecto de Licencia de Agentes Residentes


El Colegio Nacional de Abogados de Panamá los invita a participar en el Conversatorio: Nuevo Proyecto de ley que regula los agentes residentes.

¿Conoce usted el Proyecto de Ley que pretende establecer una “licencia” para que usted pueda actuar como Agente Residente?

La Junta Directiva del CNA se opone a este proyecto. Queremos escuchar  los abogados del país.

Fecha: Martes, 03 de julio de 2018.

Lugar: Salón Eduardo Morgan. Colegio Nacional de Abogados.

Hora: 6 p.m




COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DE PANAMA

29 de Junio de 2018
Nota No. 227-CNA-2018

Licdo. Camilo Valdes
Presidente
Consejo de Servicios Internacionales de Panama (COSIP)
E.S.D

Respetado Licenciado Valdés:

Hago referencia al proyecto de Ley para regular el Servicio de los Agentes Residentes de entidades juridicas en Panama que fuera circulado por usted via correco electronico, el pasado 12 de junio y que, segun indico, es un trabajo elaborado por el licenciado Alvaro Thomas, colega de la firma Morgan & Morgan, el cual COSIP tiene pensado respaldar y presentar a la Asamblea Nacional, en el próximo period de legislatura.

El proyecto, entre otras cosas, introduce modificaciones a la Ley 9 de 16 de abril de 1984; a la Ley 2 de 1 de febrero de 2011; a la Ley 23 de 27 de abril de 2015; y a la Ley 52 de 27 de octubre de 2016, y no solo a la ley 2 de 2011, como se indicó en el correo.

Dicho lo anterior, y luego de analizar el texto del anteproyecto propuesto, la posición del Colegio Nacional de Abogados , por desición unánime de su Junta Directiva, es rechazarlo de plano, por las razones, y con fundamento, en lo que a continuación se indica:

Consideramos que el proyecto es violatorio del Artículo 40 de la Constitución Política ya que, para ejercer la profesión de abogado, la unica idoneidad necesaria es la que expide la Sala Cuarta de Negiocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia. Otorgarle entonces a la Intendencia de Sujetos No Financieros Obligados la potestad legal para expedir una “licencia de registro” a los abogados, para que puedan prestart el servicio de agente residente, sea como sociedad civil o de manera individual, es restringir el libre ejercicio de una profesión liberal. Además, dicho trámite conllevaría el pago de un “derecho inicial de registro” (cuyo monto, por cierto, aún se desconoce), lo cual se traduciría en graver con un impuesto o contribución este ejercicio professional, lo cual también viola el artículo 40 de la Constitución Política. Crear una especie de idoneidad paraelela, a la que expide la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, que es el regulador natural de los abogados, es innecesario e inconstitucional.


2. La aprobación del proyecto significaría, ademas, crear una legislacion excluyente para pequeñas firmas y pequeños abogados, en beneficio de un sector especifico que se beneficiaria de este registro, y que monopolizaría, casi de manera exclusive, el negocio de constitución de sociedades, lo cual en nada contribuiría a mantener la competitividad de Panamá, como centro financiero internacional, suplataforma de servicios internacionales, o a potenciar sus ventajas competitivas, como se indicia en la exposición de motivos del proyecto.

3. El proyeto impone, entre los requisites para obtener la licencia o registro de la intendencia, la presentación de copia de los Manuelas de prevención y formularios. La ley 23 ya contempla que cada firma o abogado deba tener manuals de procedimiento y matriz de riesgo, avalado por un official de cumplimiento certificado lo cual, en la práctica, ha sido imposible llevar a cabo, ya que son certificaciones onerosas, de carácter internacional, que en Panamá se han expedido en contadas ocasiones. Además, las certificaciones para oficiales de cumplimiento deben renovarse cada dos años y en Panamá no se están dando esos cursos, no hay suficiente personal certificado, lo cual dará ventajas a las firmas que puedan certificarse fuera de Panamá, y tengan los recursos para hacerlo.

4. Se da la potestad discrecional a la intendencia, para aceptar o no los manuales operativos y demás documentación aportada por el abogado para obtener la licencia de registro; y de no ser ¨aceptada¨o ¨subsanada¨la solicitud, en termino pretentorio, se archiva, sin que se indiguen en el proyecto qué recursos tiene el abogado afectado contra dicha desición, o si deb evolver a someter el trámite. El proyecto no establece cuales serían los criterios que la intendencia tendría que aplicar, para aceptar o rechazar los documentos aportados por el abogado, lo cual deja todo a discreción de la intendencia.

5. El proyecto busca modificar el artículo 16 de la Ley 9 de 1984, que prohibe el ejercicio de la abogacîa por intermedio de sociedades anónimas o de tipo mercantil, lo cual abriría la posibilidad a que personas no idóneas, reciban beneficios económicos, de la gestión legal que realizan los abogados, lo cual no solo constituye una falta a la ética, sino también constituiría un ejercicio illegal de la profesión.

6. El proyecto parece excluir del ámbito de responsabilidad civil y penal, únicamente a los Abogados que ejerzan y que se hayan registrado ante la intendencia. ¿Y qué occure con los abogados no registrados o que no estén ejerciendo activamente?

7. El proyecto pretende paralizar la expedición de certificaciones de entidades jurídicas del Registro Público, hasta tanto la entidad designe un nuevo agente residente, debidamente autorizado por la intendencia. No vemos el beneficio, ni la competitividad para nuestra plataforma de servicios en introducir esta restricción y, sobre todo, porque en el plazo de 12 meses desde la aprobación de la ley, los abogados no registrados en la intendencia quedarían inhabitados para seguir prestando el servicio de agente residente, trasladando la carga a la entidad jurídica de tener que designar un nuevo abogado que sí esté registrado en la intendencia, para poder obtener una certificación sobre su personería jurídica, lo cual más que sumar, restaría competitividad a nuestro registro mercantil y de sociedades.

8. El proyecto introduce más imposiciones a los abogados de las que ya están establecidas en la Ley 23, al incluir la creación y mantenimiento de un ¨registro cronológico de los motivos por los cuales se renuncia al cargo de agente residente de entidades jurídicas¨, para que el mismo sea examinado por la intendencia, a requerimiento. ¿Si la obligación del agente residente, ante los supuesto planteados en la ley, es la de ¨renunciar¨, y se cumple con dicho trámite, por qué debe llevarse un registro de las motivaciones, por caso?

9. En general, consideramos que el proyecto, lejos de buscar mayor competitividad de nuestros servicios internacionales, crea mayores cargas, procesos, registros y desventajas para los abogados, e impone cargas a las entidades jurídicas registradas bajo nuestra jurisdicción, inclinándose solamente a favor de un grupo reducido de firmas, que se verían beneficiadas con el monopolio exclusivo de la constitución y mantenimiento de entidades jurídicas panameñas, convirtiendo al resto de los abogados no afiliados por la intendencia, en comisionistas de las grandes firmas las cuales, además, tendrían libertad de fijar las tasas que quisieran por la prestación de dicho servicio, lo cual tampoco agregaría valor a la competitividad de nuestros servicios corporativos.

Por las consideraciones expuestas, la desición de la Junta Directiva en ejercicio del Colegio Nacional de Abogados, es rechazar de plano el Projecto de Ley ¨Que modifica la Ley 2 de 2011 que regular las medidas para conocer al cliente para agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá¨, cuyo nombre tampoco se acopla con el texto del proyecto propuesto, y le solicitamos la manera más respetuosa, como Presidente de este gremio, que retire el mismo de la mesa de discusión y que no sea presentando a la Asamblea Nacional, ya que no contará con el apoyo del Colegio Nacional de Abogados.


Sin otro particular, reiterándole la seguridad de nuestro aprecio, se despide de usted.

Atentamente,

Alfonso Fraguela
Presidente Encargado


Reproducido con la cooperación de Lya Ayarza, St.Edward´s University, B.A. 2021.



jueves, 24 de mayo de 2018

Colegio de Abogados reitera al Ministerio Público la necesidad que respete la presuncion de inocencia y el debido proceso


Colegio de Abogados: reitera al Ministerio Público la necesidad que respete la presunción de inocencia y el debido proceso

El Colegio Nacional de Abogados a través de las Comisiones de Derecho Penal y Defensa de la Profesión, acudieron hoy al Edificio Avesa sede de las Fiscalías Superiores Anticorrupción del Ministerio Público, a fin de conocer de primera mano el status procesal de los abogados que han sido vinculados con el caso Lava Jato.
En este sentido, la información solicitada no fue brindada por el funcionario judicial a los Comisionados que allí se encontraban. En su lugar, sugirió que se programara una cita con alguno de los Fiscales Anticorrupción para tratar el tema.
El Colegio Nacional de Abogados se encuentra preocupado por los hechos ocurridos y se mantiene vigilante respecto a los mismos, en aras de cuidar el libre ejercicio de la profesión y jugar su rol de facilitador para mantener el clima de paz y certeza jurídica que debe prevalecer en todo el territorio nacional por parte de las autoridades judiciales.
El Colegio Nacional de Abogados en su permanente interés por las realidades del acontecer nacional, no es ajeno a lo que ocurre con los profesionales del derecho que, -todo parece indicar- han sido objeto de detención provisional por el mero hecho de ejercer la profesión y desempeñar su rol respecto a su cliente.
Es propicia la ocasión para por un lado, expresar que el Colegio Nacional de Abogados no avala de ninguna manera que, so pretexto de ser abogado se incurra y/o se facilite la incursión de otros profesionales y/o terceros en conductas punibles; y por el otro, reiterar el llamado respetuoso al Ministerio Público de su obligación de garantizarle al país que, en todos los procesos penales haya la observancia y cumplimiento de la ley, las garantías constitucionales, el debido proceso y el respeto absoluto a los derechos humanos.
ALFONSO FRAGUELA GONZÁLEZ
Presidente Encargado del Colegio Nacional de Abogados - CNA
AFG/kpra-m


domingo, 29 de abril de 2018

Comunicado en contra del arresto de abogados por acciones de sus clientes



Ante los últimos acontecimientos que involucran a profesionales del Derecho llamados a indagatoria por la supuesta comisión del delito de Blanqueo de Capitales, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) en conjunto con las asociaciones que conforman el Consejo de los Servicios Internacionales de Panamá (COSIP) hace un llamado a las Autoridades Competentes, para que se respete el debido proceso y el libre ejercicio de la profesión, consagrados en los artículos 32 y 40 de la Constitución Política de la República de Panamá.

La preocupación del COSIP se desprende de la clara función del abogado que brinda los servicios profesionales de agente residente, Directores o dignatario de una sociedad anónima, así como los de servicios de contabilidad y ejercicio de mandatos especiales, derivados de las operaciones financieras que se realizan en nuestro país y que datan de más de 100 años, desde la la aprobación del Código Civil (1917) y luego por la Ley de sociedades anónimas (1927).

Todos estos servicios están previstos en el artículo 9, numerales 9 y 10 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, por la cual se regula el ejercicio de la abogacía y en los artículos 24 y 25 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 que “adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones”


En tal sentido, la Ley 23 de 2015, establece en su artículo 24 lo siguiente:
“Artículo 24. Actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión. Los abogados, contadores públicos autorizados y notarios sólo estarán sujetos a supervisión de la Intendencia de supervisión y regulación de Sujetos no Financieros cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente las actividades siguientes:
  1. Compraventa de inmuebles.
  2. Administración de dinero, valores bursátiles u otros activos del cliente.
  3. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
  4. Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de compañías.
  5. Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomiso y demás.
  6. Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas.
  7. Actuación o arreglo para que una persona, pagada por el abogado o firma de abogado, actúe como director apoderado de una compañía o una posición similar, con relación a otras personas jurídicas.
  8. Proveer de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una compañía, sociedad o cualquiera otra persona jurídica o estructura jurídica que no sea de su propiedad.
  9. Actuación o arreglo para que una persona, pagada por el abogado o firma de abogados, actúe como un accionista testaferro para otra persona.
  10. …..
  11. La de agente residente de entidades jurídicas constituidas o existentes de conformidad con las leyes de la República de Panamá.” (Los subrayados son nuestros).
De aquí se desprende claramente que el Ministerio Público no debe acusar, ni involucrar en un proceso penal a un abogado que actúe como mandatario de un cliente en las funciones antes señaladas, previstas por una ley de la República de Panamá y que ha sido costumbre conocida y ejecutada por los profesionales del derecho de nuestro país.

Para corroborar esta solicitud al Ministerio Público, la propia Ley 2 de 1 febrero de 2011, “Que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá,” determina claramente en su artículo 17 que:
“Artículo 17: El agente residente, por el sólo hecho de haber prestado sus servicios como tal a las entidades del cliente, no será considerado autor o cómplice de este, aun si el cliente es encontrado culpable de la comisión de una falta o de la infracción de normas de naturaleza administrativa, civil, penal o tributaria.”

De este artículo se desprende claramente la intención y el espíritu de la Ley panameña en el sentido que no se puede considerar como autor o cómplice de un cliente, al abogado que presta sus servicios profesionales y que se encuentren debidamente documentados.

El texto completo de la resolución aparece en la gráfica y es firmado por el Presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Alfonso Fraguela y el Presidente del Consejo de los Servicios Internacionales de Panamá (COSIP) Camilo Valdés. El COSIP es conformado por:
  • Asociación de Abogados Internacionales
  • Asociación Bancaria de Panamá
  • Colegio Nacional de Abogados
  • Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura
  • Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa
  • Bolsa de Valores de Panama
  • Movimiento de Abogados Gremialistas
  • Cámara Panameña del Mercado de Capitales
  • Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá
  • Asociación Panameña de Derecho Marítimo
  • Asociación Panameña de Derecho Financiero y Tributario
  • Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón
  • Consejo Interamericano de Comercio y Producción

martes, 6 de marzo de 2018

Analizan Borrador de Proyecto de ley que crea Superintendencia de Sujetos no Financieros



Las camaritas 4, 5 y 14 de Construcción e Inmobiliario, Automotores y equipos Pesados y Servicios Profesionales respectivamente, así como representantes de empresas miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) de otros sectores económicos del país, participaron de una reunión para analizar el Borrador sobre el proyecto de Ley, por el cual se crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y se dictan otras disposiciones”.
Abogados ausentes en reunión sobre cambios a Intendencia y Ley de Agentes Residentes

Este encuentro contó con la participación de Carlamara Sánchez, intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También asistieron, representantes de sectores económicos como: joyerías, Casas de empeño, casinos, transporte de valores, empresas establecidas en Zona Libre de Colón (ZLC), Panamá Pacífico, Zonas francas y Bolsa de Diamante de Panamá.

Entre los aspectos a destacar del Proyecto de Ley, se encuentran la creación y facultades de la Superintendencia, la composición de la Junta Directiva y sus facultades, la supervisión que ejercerá la Superintendencia sobre los sujetos obligados, la creación de un registro para los sujetos obligados no financieros, se establecen sanciones que podrá imponer el Superintendente; se contemplan multas que oscilan entre los US$ 5,000.00 a US$ 1,000,000.00, dependiendo de la gravedad y el grado de reincidencia.
El Proyecto de Ley también contempla modificaciones a la Ley No.  2 de 1 de febrero de 2011, “Que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá”.
De acuerdo con el documento, lo que se busca es que la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, ejecute de forma efectiva y sumaria sus funciones, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo que resulta propio que la Intendencia pase a ser un organismo autónomo con presupuesto propio y administración independientes.
Ver texto completo en https://www.panacamara.com/analizan-borrador-proyecto-ley-crea-superintendencia-sujetos-no-financieros/ 

lunes, 10 de abril de 2017

En que se parecen la OCDE e ISIS?



OCDE es la mayor amenaza mundial al Estado de Derecho
BY: HANA FISCHER - @HANA_FISCHER - JUL 28, 2016, 2:40 PM

En estos momentos los amantes de la libertad deberían estar más preocupados que nunca porque las amenazas que la acechan provienen de varios frentes, incluso, de los más insospechados.

Por un lado tenemos al islamismo radical -principalmente a ISIS– que viene sembrando el pánico y subyugando directa o indirectamente, a una porción cada vez mayor de la población mundial.
Directamente, en Irak y Siria; indirectamente, en los países occidentales porque sus ataques terroristas provocan que en aras de “seguridad”, la gente vaya aceptando que sus gobiernos les vayan recortando sus derechos individuales.

Pero por el otro está la OCDE que, quizás, sea más peligrosa. ¿Por qué? Porque el desprecio por el Estado de Derecho de los terroristas es algo que salta a la vista. Sin embargo, no sucede lo mismo con la conducta de la OCDE, que es más sinuosa, y los medios de comunicación no filman a los muertos. En consecuencia, la gente no parece percibirlo. No obstante, mediante mecanismos y con fines diferentes, las autoridades de ambas organizaciones desean obtener un poder omnímodo.

ISIS busca dominar a las personas mediante el terror; la OCDE mediante la vigilancia del dinero que cada individuo tenga. Ambas conductas son despóticas.

Estar alerta frente a ISIS es fácil porque sus intenciones son diáfanas, en cambio, es mucho más difícil estarlo ante los “ogros filantrópicos”; es decir, los gobiernos democráticos. La gente suele creer que el hecho de que las autoridades sean electas mediante el voto popular en elecciones limpias es garantía suficiente de que sus derechos serán respetados. Nada más alejado de la verdad. El medio más eficaz para que las libertades civiles, económicas y políticas estén resguardadas es mediante el fraccionamiento del poder, la descentralización administrativa y la igualdad ante la ley. En otras palabras, mediante la limitación de toda potestad, incluso la del llamado “pueblo”.

La experiencia histórica ha demostrado que sin libertad económica, sin el control de nuestros medios de subsistencia, sin privacidad, todos los demás “derechos” son pura ilusión. Además, es imprescindible la existencia de un Poder Judicial independiente, eficaz y preparado, que tutele a los ciudadanos de los abusos gubernamentales.

En Occidente el Estado de Derecho se está degradando a pasos agigantados con impulsos de los países más avanzados. Un nuevo zarpazo a las libertades y garantías ciudadanas lo acaba de dar la OCDE con su “Intercambio Automático de Información Financiera” (AEOI), que con presiones y amenazas de sanciones económicas está imponiendo en el mundo entero.

En su página oficial expresa que “Dando un paso importante hacia una mayor transparencia y poniendo fin al secreto bancario en materia fiscal, la OCDE dio a conocer hoy la versión completa de un nuevo estándar global para el intercambio de información entre jurisdicciones”. Allí se establece que “El estándar prevé el intercambio automático y anual de información financiera entre gobiernos, incluyendo balances, intereses, dividendos y ventas de activos financieros, transmitida a los gobiernos por las instituciones financieras y cubriendo cuentas mantenidas por individuos y entidades, incluyendo trusts y fundaciones (…) El G20 encargó a la OCDE que trabajáramos con países del  G20 y la OCDE y con las partes involucradas para desarrollar un ambicioso modelo de intercambio de información que ayudara a los gobiernos a combatir el fraude y la evasión fiscal”, dijo el Secretario General de la OCDE Ángel Gurría. “Esta publicación nos acerca a un mundo donde los defraudadores fiscales no tengan donde esconderse”.

En las repúblicas, el principio que rige al individuo es la libertad. Cada uno puede hacer con sus vidas lo que le plazca sin tener que ir dándole cuentas a nadie de sus acciones o bienes, siempre y cuando no le haga daño a otra persona. En cambio el principio que rige a las autoridades es que únicamente pueden hacer aquello que los faculta la ley taxativamente. Sin embargo, vemos que estamos yendo hacia un orden social donde se está dando la situación inversa.

Alexis de Tocqueville advierte que siempre los mandatarios esgrimen “buenas razones” para coartar derechos, pero que si cedemos, con el correr del tiempo, nos daremos cuenta de que estamos sumidos en el fango de la opresión. Y justamente, para prevenir la tiranía, es que las constituciones liberales han impuesto el sistema de los checks and balances. La AEOI con diversas excusas salta por encima de ellos. Las autoridades impositivas pasarán a ser una especie de “policía secreta”, de KGB, que sin ningún tipo de control meterán sus narices en los asuntos privados del hombre honesto en forma “automática”, o sea, sin la supervisión o autorización de ningún juez.

¿Dónde va a parar la presunción de inocencia? Los gobernantes y sus agentes impositivos han decretado que todo el mundo es culpable de defraudación tributaria o lavado de dinero hasta que demuestren lo contrario. Invierten la carga de la prueba.

Se sabe que uno de las maneras más sofisticadas  de acallar voces críticas, es mediante el envío de inspecciones de las oficinas recaudadoras. ¿Qué garantías habrá para el contribuyente ahora? ¿Cómo se evitarán los abusos?

La OCDE impone sus decisiones pasando por encima de la soberanía de las naciones más débiles, creando “listas negras” o “grises” que hacen recordar al marcanthismo y su caza de brujas. Es bien conocida la clase de “ética” que se oculta tras ese tipo de persecuciones. A su vez frecuentemente –como está ocurriendo en Uruguay- las autoridades locales aprovechan la “bolada” para acabar con el secreto bancario y la protección de los jueces ante los desmanes de la impositiva.

Con medidas como el AEOI y la eliminación del secreto bancario, los jerarcas de la OCDE y los gobernantes uruguayos delatan que para ellos los habitantes son meros súbditos. La inmoralidad de su conducta queda en evidencia al constatar que la mayoría de esos “expertos” y funcionarios internacionales que van perfeccionando los mecanismos para exprimir al máximo a cada contribuyente, perciben suculentos sueldos libres de impuestos.

En ancas de este gobierno mundial que pretende imponer la OCDE, estamos volviendo a la situación imperante en el Antiguo Régimen, con sectores privilegiados y el “tercer estado”. Los primeros no pagan impuestos pero los cobran y se benefician de tal situación; los segundos tienen que trabajar el doble o el triple para mantener a sus familias y a esos sectores privilegiados vía presión tributaria.

¿Cómo la gente no va a tratar de protegerse del expolio de los gobernantes cuando la presión impositiva sobre las empresas en algunos lados es brutal? Por ejemplo, en España es de 58,2%, en Italia de 65.4%, en Francia de 66.6%.

Para colmo, nunca les alcanza y las deudas públicas suelen ser colosales. Es un despilfarro completo, un pozo sin fondo, al cual nadie le pone coto.

Medidas como el AEOI -que tanto alegran a gobernantes y funcionarios de organismos internacionales que no pagan impuestos sobre sus ingresos- son una preocupante noticia. Van a disminuir la riqueza de las naciones, las libertades menguarán, los individuos quedarán cada vez más sometidos a la arbitrariedad estatal sin posibilidades de defensa, porque no contarán con los recursos –ni económicos ni judiciales- para hacerlo.

La OCDE es una amenaza para el hombre común porque como Lord Acton advierte, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.

Hana Fischer Hana Fischer
Hana Fischer es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas. Síguela en @hana_fischer

Ver texto completo en https://es.panampost.com/hana-fischer/2016/07/28/ocde-amenaza-estado-derecho/



lunes, 3 de abril de 2017

Canciller Isabel Saint Malo defiende que su pais no es un paraiso fiscal


La canciller de Panamá defiende que su país no es un paraíso fiscal

- 16:34 - 8/10/2014

CIUDAD DE PANAMÁ, 8 (Notimérica/EP) La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel Saint Malo de Alvarado, ha señalado varias veces que su país "no es un paraíso fiscal" después de que el Gobierno colombiano haya incluido este miércoles a Panamá en su lista de paraísos fiscales.

CIUDAD DE PANAMÁ, 8 (Notimérica/EP)
La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel Saint Malo de Alvarado, ha señalado varias veces que su país "no es un paraíso fiscal" después de que el Gobierno colombiano haya incluido este miércoles a Panamá en su lista de paraísos fiscales.
En una entrevista con la radio colombiana Blu Radio, Alvarado ha defendido su país reiteradamente y ha explicado que "no se pueden sentar a negociar bajo presión" y que "están analizando los pasos que van a tomar".
Por su parte, el ministro panameño de la Presidencia, Álvaro Alemán, ha indicado que declarar a Panamá paraíso fiscal se trata de "un contrasentido", ya que en Panamá hay una gran cantidad de inversiones colombianas. "Es lamentable y desacertado, Panamá no es un paraíso fiscal", ha resaltado.
En relación al asunto, el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, ha indicado que "Colombia ha adoptado políticas orientadas a estimular la cooperación entre países con el ánimo de evitar la evasión de impuestos, y de acuerdo con los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)".
Además de Panamá, fueron incluidos en la lista de paraísos fiscales Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. Este grupo de países había sido excluido transitoriamente el año pasado de la lista y su permanencia fuera de ella dependía de la firma de un acuerdo para intercambiar información tributaria con Colombia antes del martes 7 de octubre.
Cárdenas ha recalcado que "ha estado en total disposición de iniciar la negociación de un acuerdo" con Panamá y que el Gobierno está disponible para encontrar "una solución satisfactoria para ambas naciones".



lunes, 13 de febrero de 2017