En un solo día fue aprobado por la Comisión de Economía de la Asamblea el Proyecto de Ley 568 para restringir las acciones al portador. Luego de las sustentaciones por parte del Vice Ministro de Finanzas De Lima y el Administrador Cucalón de la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos, se le concedió la palabra a las siguientes personas: Licenciado Jaime Alemán en representación de la firma de abogados Alemán, Cordero, Oalindo & Lee; licenciado Raúl Guisado de la Asociación Bancaria de Panamá; licenciada Gisela de Porras, abogada independiente; Mercedes Araúz Grimaldo, ex presidente del Colegio Nacional de Abogados; Enrique De Alba de la firma de abogados Morgan & Morgan; y Fernando Gómez, abogado independiente y economista.
En el curso del debate intervinieron en el uso de la palabra los H.D. Adolfo Valderrama, manifestando su posición a favor del proyecto de ley con la preocupación de escuchar con mayor amplitud la posición de los grupos que se oponen a esta iniciativa; el H.D. Crispiano Adames Navarro, manifestando su deseo de conocer que efectos económicos pudieran darse con la implementación de esta Ley; el H.D. Renaúl Domínguez, manifestando su preocupación por el poco tiempo que se ha otorgado para el análisis del proyecto dada su connotación técnica; el H.D. Rony Araúz, manifestando que es una excelente oportunidad para que Panamá se ponga a compás de los estándares de transparencia que demandan los organismos internacionales; en general se hicieron cuestionamientos al proyecto que fueron absueltos por el licenciado Dado Espinoza, Vice Ministro de Finanzas y el licenciado Luis Cucalón de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos.
Firmaron el Informe los diputados Nelson Jackson Alma, Luis E. Lay Milanes, Rony R. Arauz G., Absalon Herrera, Hector E. Aparico, Juan Carlos Arosemena, Crispiano Adames Navarro y Renaul A. Dominguez V. No firmó Adolfo T. Valderrama
El abogado Fernando Gómez nos da sus impresiones de la sesión.
LA VOZ CALIFICADA
TARDE EN LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS
LEGISLACIÓN
FERNANDO GÓMEZ ARBELÁEZ
Raramente las sesiones de una comisión legislativa de la Asamblea Nacional empiezan a la hora programada, pero ese nublado martes 23 de julio iba a resultar en una contada excepción.
Luego de que el reloj hubiera marcado las dos de la tarde, hora formal de la convocatoria a sesión, el recién estrenado presidente de la Comisión de Economía y Finanzas —diputado que había jurado el cargo, a la par que los demás miembros de la Comisión, el día anterior— daba inicio al primer debate del controversial proyecto de ley 568, “que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador”.
El debate no era novedad: este proyecto, originalmente presentado a la Asamblea por el Ministerio de Economía y Finanzas en febrero pasado bajo las presiones de la llamada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y su Foro Global, comenzó meses atrás en una comisión constituida por otros diputados.
En abril, luego de que ese ministerio comunicara a algunos interesados, por medio de un escueto mensaje de correo electrónico, que el documento no progresaría, el debate legislativo se detuvo de manera abrupta. Sin explicaciones del Gobierno ni de la Asamblea, estaba por reiniciarse en julio de parte de diputados que en su mayoría no habían considerado el tema previamente.
El salón de reuniones, de por sí bastante reducido, era insuficiente para acoger a los participantes. En un limitado espacio se aglomeraban los comisionados junto a los particulares, incluyendo a abogados, banqueros, representantes de gremios y entidades marítimas, entre otros. Por el lado de las autoridades se encontraban un novel viceministro de Finanzas con varias semanas en el cargo y el director de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP).
Pocos diputados hicieron uso de la palabra. A pesar de que el proyecto de ley cubre un denso material técnico distribuido en 27 extensos artículos, ninguno hizo preguntas sobre ellos ni discutió su contenido.
El protagonismo del debate, centrado en la conveniencia o no del proyecto, quedó en manos de los particulares y funcionarios invitados, a quienes el presidente ofreció con amplitud la oportunidad de intervenir. No muchos, sin embargo, tomaron el micrófono. Unos abogados lo defendieron, alegando que el régimen actual de sociedades anónimas había dejado de ser práctico y rentable, por lo que acceder a las solicitudes del Foro Global de la OCDE no debería producir implicaciones negativas para el país.
Otros, por su lado, en especial abogados del sector marítimo, observaron que el proyecto pone en peligro a la marina mercante en el registro panameño, dado que las acciones al portador de los principales competidores de Panamá, como Liberia y las Islas Marshall, no tienen las restricciones que el proyecto impone a las sociedades panameñas. Recordaron que incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aceptado públicamente que nuestro país, bajo la Ley 2 de 2011, exige conocer a quienes estén detrás de las acciones al portador, requiriendo cierta información que un abogado debe obtener para identificar plenamente a su cliente, so pena de sanciones para quienes la incumplan.
De parte de los funcionarios, el futuro era uno de oscuros nubarrones, tantos que quizá no habría futuro para Panamá si este proyecto dejaba de ser aprobado. En su opinión, Panamá quedaría en una de esas tantas “listas oscuras” de denominados “paraísos fiscales” que rutinariamente son elaboradas por los países ricos y su cartel, que es la OCDE. Agregaban que la inversión extranjera caería y los créditos de las instituciones financieras internacionales serían suspendidos, dejando al país en iliquidez.
En otras palabras, nuestro desarrollo socioeconómico quedaría obstaculizado por quienes nos siguen considerando como “paraíso fiscal”. Esta amenaza, nunca explicada en detalle y menos enfrentada internacionalmente por las autoridades panameñas, ha sido uno de los factores para que algunos banqueros, preocupados por la pasividad de estas ante semejante posibilidad, urgieran su apoyo al proyecto. Se habló hasta de la obligación de cumplir con un supuesto “tratado con el Foro Global” —no de la obligación de cumplimiento que los demás países tienen bajo auténticos tratados firmados con Panamá— y de otras premoniciones infernales que tampoco fueron sustentadas.
Al final de la tarde, el proyecto fue aprobado por mayoría, con tres abstenciones y ningún voto en contra. Su compleja redacción pasó sin análisis, al igual que sus planteadas consecuencias. Dos cortos días después, el jueves 25 de julio, sin que ningún particular, organización o gremio interesado fuera invitado, el pleno de la Asamblea votó apresuradamente el proyecto 568 en segundo debate, también sin que recibiera una discusión relevante entre los diputados.
No cabe duda de que en su aventurada premura legislativa, los diputados abandonaron su deber de profundizar en las realidades y efectos nocivos que este proyecto, uno que los propios funcionarios dan a entender es el resultado de un velado chantaje de ciertos países ricos, tendrá para Panamá.
Tarde será cuando los diputados adviertan que su aprobación implica un injustificado reconocimiento tácito a las aseveraciones de quienes afirman que el régimen legal panameño, en sus 86 largos años de continua aplicación desde que fuera adoptada la Ley 32 de 1927 sobre sociedades anónimas, ha carecido de transparencia.
Tarde será cuando adviertan que Panamá ha podido defender sus leyes mediante estrategias inteligentes y esfuerzos concertados, a cambio de la notoria sumisión de autoridades que no tienen la voluntad o la capacidad de enfrentar esos retos a nivel local e internacional.
Tarde será cuando adviertan que al ceder Panamá ante presiones externas y demostrar así la debilidad de su gobierno, brinda una nueva oportunidad para caer objeto de presiones adicionales por parte de quienes no se cansan de poner etiquetas negativas de cualquier tipo a Panamá.
Tarde será para advertir que con este proyecto de ley, Panamá ha cedido nuevamente, tal como en 1903, su soberanía nacional.
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