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martes, 25 de junio de 2019

La evasion fiscal y los derechos humanos

La evasión fiscal y los derechos humanos


Por: Juan David Morgan

El método que han venido utilizando las organizaciones internacionales, y con ellas algunos de los países que la integran, para presionar a Panamá a fin de que modifique las leyes que regulan nuestro modelo de negocios tradicional es muy similar al que aplican los torturadores profesionales: van aumentando el tormento y los quebrantos físicos para ver hasta donde sus víctimas son capaces de aguantar. La OCDE, el G-8, el Fondo Monetario Internacional y, últimamente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comenzaron por incluir a Panamá en listas discriminatorias, dando lugar a diversas sanciones económicas que determinaron, entre otros perjuicios, la cancelación de corresponsalías a bancos panameños.

De igual manera, con el propósito de que fuéramos más “transparentes” y como condición previa para removernos de esas listas, forzaron al gobierno a firmar un mínimo de doce tratados de intercambio de información fiscal, pero cuando ya llevábamos más de dos docenas de convenios firmados nos obligaron a modificar nuestra legislación para incluir, como posibles fuentes de lavado de dinero, actividades no financieras, tales como la venta de automóviles y de bienes inmuebles, y a firmar otros convenios, esta vez multilaterales, para el intercambio automático de información fiscal y financiera, medidas que van mucho más allá de las que aceptan y practican algunos países desarrollados.

Hoy los verdugos llegan con una exigencia aún más peligrosa, una que, de aceptarse, devendría en la espada de descabello de nuestro desarrollo económico: pretenden que Panamá legisle para convertir la defraudación fiscal en un delito precedente del lavado de dinero. Esta nueva versión del garrote vil, cuyo heraldo, en reciente visita, ha sido el “experto independiente” designado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se fundamenta en que la evasión de impuestos en los países desarrollados afecta los derechos humanos de los sectores más pobres de la economía global. Así como suena.

Según el experto si, por ejemplo, en Francia, cuya tasa impositiva puede superar el setenta por ciento de los ingresos, algún francés deja de pagar sus impuestos, quien sufre no es el fisco galo sino los más pobres del mundo ya que, por algún acto de magia que causaría envidia al mismo Houdini, el dinero del cual se priva al fisco francés habría ido a mitigar el sufrimiento de los seres humanos que mueren de hambre en África. Habrase visto. Pocas veces se ha escuchado una tesis más traída de los cabellos para justificar lo injustificable. Este fenómeno, que los sicoanalistas denominan “proyección”, no es más que un mecanismo de defensa mediante el cual el sujeto atribuye a otras personas sus propias culpas y defectos.

Y es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que, como su nombre lo indica, fue creada por los países más desarrollados para contribuir al desarrollo económico del resto de la humanidad, no solamente no ha hecho su trabajo sino que, a costilla de los países menos desarrollados, se ha dedicado fundamentalmente a incrementar el cobro de impuestos de los países miembros mientras sigue incrementando la desigualdad entre los que poco o nada tienen y aquellos a los que todo les sobra.

Algo similar ha ocurrido con la Organización de las Naciones Unidas, que, lamentablemente, no ha podido cumplir la función igualitaria para la cual fue creada y constituye, en sí misma, un foro donde se refleja la enorme diferencia que existe entre los países desarrollados, que son los que deciden y mandan, y los países en vías de desarrollo, que son los que callan y obedecen. Son estos fracasos los que llevan hoy a la burocracia internacional a proclamar con desparpajo que si los países desarrollados cobraran más impuestos a sus nacionales menos africanos se morirían de hambre. Si esa fuera, realmente, una tesis válida, bastaría con cobrar los impuestos dejados de pagar por las grandes empresas surgidas al ritmo del desarrollo tecnológico, cuyas ganancias por su enormidad no se pueden siquiera medir y todo el mundo sabe dónde se guardan.

Pero no, ni el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ni el Fondo Monetario Internacional se preocupan por los impuestos dejados de pagar por los gigantes de la tecnología y otras empresas multibillonarias. Su tesis solamente es buena para permitir que se siga atacando a países como Panamá, obligándonos, so pena de nuevas torturas, a adoptar normas que riñen con nuestro modelo de negocios y nuestra historia como nación.

La defraudación fiscal en Panamá

Comencemos por afirmar lo obvio: el pago de impuestos constituye una obligación ciudadana fundamental e ineludible pues los dineros así recaudados permiten al Estado llevar a cabo las inversiones para brindar a los gobernados servicios públicos indispensables tales como educación, salud, seguridad y transporte, entre muchos otros. Es por ello que de acuerdo con el artículo 752 del Código Fiscal, quienes evaden el pago de impuestos quedan sujetos a sanciones que van desde multas muy severas hasta el arresto carcelario.

Esto quiere decir que la defraudación fiscal se califica en nuestra legislación como un delito tributario y se faculta a la Dirección General de Ingresos a perseguirlo y castigarlo. Ahora bien, desde la última década del pasado siglo hemos sido testigos de algunas iniciativas encaminadas a incluir la defraudación fiscal como delito en el código penal panameño, de manera que sea el Ministerio Público quien lleve a cabo la investigación de la misma y los jueces de la jurisdicción penal los encargados de aplicar las sanciones correspondientes. Ninguna de estas iniciativas ha sido acogida por las consecuencias muy negativas que acarrearía a la economía nacional y a la tranquilidad social. El último intento ocurrió en el 2012 y al mismo se opusieron, entre otros gremios y miembros de la sociedad civil, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. Veamos lo que expresó el entonces presidente de dicho gremio, y hoy Contralor de la República, Federico Humbert.

“En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá promovemos que todos los sectores de la sociedad cumplan con sus deberes con el Estado, entre los que se encuentran el pago de los impuestos al fisco, para continuar impulsando el desarrollo social del país, pero vemos con preocupación el Anteproyecto de Ley que busca incluir delitos fiscales en el Código Penal… Esta iniciativa, que fue presentada recientemente en la Asamblea Nacional de Diputados, además de apresurada, es innecesaria puesto que nuestro Código Fiscal ya establece penas, tanto monetarias como de privación de libertad, para aquellos que las infrinjan”.

¿Qué ha cambiado desde las declaraciones del actual Contralor en el 2012 a esta parte? Entre otras cosas, que la OCDE y los países ricos, que habían venido utilizando el terrorismo y el tráfico de drogas como excusa para emprender una campaña dirigida a facilitar el cobro de impuestos a sus miembros más conspicuos, finalmente decidieron quitarse la máscara.

Hoy no les ha quedado más remedio que reconocer, sin siquiera un asomo de sonrojo, que toda la parafernalia que han montado desde inicios de este siglo para, según afirmaban, combatir el financiamiento del terrorismo y del narcotráfico lo que realmente persigue es que los países en vías de desarrollo, como Panamá, se conviertan en cobradores de impuestos de países desarrollados, como Francia. Recordemos que los países desarrollados, y aquellos que, sin serlo, anhelan formar parte del club de los países ricos, han estatuido el impuesto universal que obliga a sus ciudadanos a pagar impuesto en cualquier lugar del globo en que se encuentren y cualquiera que haya sido la fuente de sus ingresos.

Estos países desarrollados son, tradicionalmente, exportadores de capital y de ahí su interés en que todos los ayudemos a cobrar los impuestos que dejan de pagar sus nacionales, no importa dónde estos vivan o trabajen. En cambio, los países en vías de desarrollo, Panamá entre ellos, no solamente no exportan capital sino que para impulsar su economía dependen de la importación de capital, es decir, de la inversión extranjera directa, razón por la cual solamente cobran impuestos sobre las rentas que se producen en su territorio. Es por ello que a partir del momento en que aceptemos cambiar nuestro sistema de impuesto territorial por uno universal podemos decirle adiós a las inversiones extranjeras, a la baja tasa de desempleo, a los préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas de bajo costo, a la construcción de nuevos puentes, carreteras y sistemas de transporte, y un interminable etcétera, con lo cual al final se afectaría seriamente la estabilidad social dentro de la cual convivimos.

Y ¿por qué le puede interesar a los países desarrollados, que en Panamá se incluya la defraudación fiscal como un delito precedente del lavado de dinero? Porque, en opinión de la OCDE, así se les facilitaría descubrir y sancionar a cualquier súbdito de los países miembros que intente ocultar en Panamá dineros que no hayan pagado los correspondientes impuestos. Es decir, una vez más nos veríamos en la obligación de cambiar nuestras leyes para que, por ejemplo, los franceses puedan cobrar mejor sus impuestos.

Todo esto a pesar de que en acuerdos celebrados entre Panamá, Francia y otros países ya se establecieron mecanismos que le permiten al fisco francés obtener información del fisco panameño sobre los dineros de súbditos franceses que pudieran haber sido depositados en nuestro país sin haber pagado impuestos en Francia. Esta concesión, repetimos, ya la tienen y el intercambio de información ocurre cotidianamente con base tales acuerdos. Pero si ya funciona un mecanismo de intercambio de información, entonces volvemos a preguntarnos, ¿por qué insiste la OCDE en que cambiemos las normas que regulan el tema fiscal en Panamá? Y la respuesta es evidente: porque en última instancia lo que persiguen los países desarrollados y las organizaciones internacionales que a ellos responden es que Panamá cambie su sistema impositivo y además del impuesto territorial -que existe en todos los países- establezcamos, también el impuesto universal, con el consiguiente impacto mortal en la economía nacional.

Fue esto, precisamente, lo que intentó hacer, de un plumazo y a través de un decreto, el señor Luis Cucalón, Director de Ingresos de la pasada administración. En aquella oportunidad la reacción de la población fue tan inmediata y contundente contra semejante barbaridad que dos días después el gobierno se vio obligado a derogar el infausto decreto.

Pero hay otras consecuencias gravísimas que podrían derivarse de convertir la defraudación fiscal en un delito precedente del lavado de dinero. Imaginemos el caso de un opositor acérrimo al gobierno a quien éste quiera acallar. Se le inventa un caso de evasión fiscal, como ya ha ocurrido antes, se le acusa no solamente de no haber pagado impuestos sino también de blanqueo de capitales y, con la nueva legislación, allí mismo le decretan prisión preventiva. Una bonita manera de cobrar impuestos y al mismo tiempo deshacerse de los opositores. ¿Queremos arriesgarnos a poner semejante instrumento en manos de gobiernos que, como tantos que hemos sufrido, pueden ser propensos a la arbitrariedad? Vale destacar que, tal como se prevé en el artículo 752, numeral 2, del Código Fiscal, un simple error en la declaración de impuestos podría dar margen a que el individuo o empresario que en ella incurriera sea acusado de defraudación fiscal y, en consecuencia, de lavado de dinero. El panorama no puede ser más aterrador.

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión incuestionable de que ha llegado la hora de poner un alto a las exigencias absurdas que siguen tratando de imponernos desde afuera.

23 Jun 2017

viernes, 15 de abril de 2016

E.U., Alemania y Reino Unido los mejores paraisos fiscales por encima de Panama


La sorprendente lista de los 10 países con más secreto financiero (y Panamá no figura entre ellos)

Estos documentos de la empresa panameña Mossack Fonseca han puesto al descubierto las maniobras de ricos y poderosos de todo el mundo para ocultar dinero y evadir impuestos.
Y también han obligado a reconsiderar la campaña de los países desarrollados para restringir las operaciones de los paraísos fiscales liderada por EE.UU. y Reino Unido.
Ambos gobiernos han prometido anunciar nuevas medidas durante una cumbre internacional sobre corrupción que tendrá lugar en Londres en mayo.
Pero el problema, advierten distintas organizaciones internacionales dedicadas al tema, es que los denominados centros financieros offshore no se encuentran únicamente en pequeñas islas con hermosas playas.

"Hay un doble rasero. Muchos de los países desarrollados alojan o apoyan jurisdicciones en las que el secreto o la falta de transparencia es grande", le dice a BBC Mundo Alex Cobham, de Tax Justice, una red internacional para la justicia fiscal con sede en Londres.
Obama citó en una ocasión el caso de Ugland House, un edificio en las islas Caimán (emblema de los paraísos fiscales) en el que tienen domicilio 18.000 compañías que sirven de fachada para operaciones financieras dudosas.
Pero el presidente de EE.UU. tiene en sus propias fronteras a Delaware, un pequeño estado en la costa este, muy cercano a Washington DC, que es sede de945.000 firmas –casi una por habitante–, muchas de ellas denunciadas como empresas fantasma.
No sorprende entonces que, en el más reciente ranking de Tax Justice sobre los países con más secreto financiero en el mundo, EE.UU. tenga un puesto destacado.

Suiza y...

Para elaborar su clasificación, Tax Justice creó un sistema de puntaje de 0 a 100, le explica Cobham a BBC Mundo.

Los pa íses desarrollados con más secreto financiero

(Puesto que ocupan en el ranking)

1
Suiza
  • 3 EE.UU.
  • 6 Luxemburgo
  • 8 Alemania
  • 12 Japón
Este refleja la cantidad y calidad de las leyes o regulaciones que favorecen la reserva en las transacciones financieras por parte de individuos o compañías, además de la participación de cada nación en las exportaciones financieras a nivel global (dato obtenido de fuentes oficiales).
Es decir que el ranking mide grado de secreto, pero también la escala de las operaciones.
"Por eso países como Alemania figuran arriba en el ranking", apunta Cobham. "Si no, siempre hablaríamos de lugares pequeños como las Islas Vírgenes".

Según Tax Justice, entre las diez primeras naciones de la lista figuran varios países desarrollados (algunos de ellos fervientes opositores a los paraísos fiscales).

Suiza (1), con 73 puntos, encabeza la clasificación con su tradicional y casi inviolable secreto bancario, si bien recientemente –bajo presión internacional– ha hecho algunas concesiones al identificar titulares de cuentas en medio de investigaciones internacionales sobre evasión fiscal.
Si bien Reino Unido figura en el puesto 15, con 41 unidades, este país también podría estar en la pole position.
"Si se contaran todos los centros financieros offshore que dependen de la corona británica (como las islas Caimán y Vírgenes) y que hacen negocios permitidos con la City de Londres, Reino Unido probablemente tendría el mismo nivel de secreto financiero que Suiza", afirma Cobham.
"Pero como son territorios que se autogobiernan, es difícil decirlo".
Con 72 unidades, Hong Kong (2), excolonia británica y hoy región administrativa especial de China, sigue de cerca a los suizos en la clasificación.
Según Tax Justice, Hong Kong es motivo de "gran preocupación".
"El control que ejerce Pekín sobre esta jurisdicción la ha apartado de las iniciativas globales por una mayor transparencia", dice.
Hong Kong, por ejemplo, sigue permitiendo las llamadas acciones al portador, que facilitan el movimiento de fondos sin que se conozca quién es dueño del dinero.

Estados Unidos, bien arriba

EE.UU. (3) se ubica en podio del ranking, algo que puede sorprender a muchos pero no a algunos.
"Nos inquieta este país y por varias razones", le comenta a BBC Mundo Alex Cobham, de Tax Justice.

"Estados como Delaware, Wyoming, Nevada y Arizona tienen regulaciones que favorecen el secreto financiero y, por el carácter federal de EE.UU., han logrado resistirse a las reformas impulsadas por el presidente Obama".
Estos distritos aseguran que no hacen nada ilegal, pero las dudas persisten. De hecho, hay quienes se preguntan si el hecho de que los Panamá Papers nombren a muy pocos estadounidenses no se debe a que los ricos y poderosos de EE.UU. no necesitan irse del país para esconder activos.
En la nómina de Tax Justice siguen Singapur (4), con 69 puntos, y uno de los sospechosos de siempre, Islas Caimán (5), con 65.
Tampoco extraña la inclusión de Luxemburgo (6), con 55 unidades, que compite con Suiza en cuanto al nivel de secreto bancario.
Líbano (7), con 79 puntos, representa a Medio Oriente en la lista, al igual queBarhéin (9), con 74.

Alemania, sin secreto pero...

Sin embargo, la incorporación de Alemania (8), con 56 puntos, sí llama la atención.
La mayor economía de Europa, que tiene en Fráncfort un inmenso centro financiero, no cuenta con secreto bancario.
"Sin embargo, hay elementos que no favorecen sino que conspiran contra la transparencia de las operaciones financieras", le advierte a BBC Mundo Alex Cobham, de Tax Justice.
Cobham se refiere a determinadas estructuras corporativas como las empresasTreuhand (o de fideicomiso).
"Estas firmas hacen difícil saber quién es el propietario de dinero enviado al exterior", explica.
Y este no es un detalle menor.
En su libro "Alemania, paraíso fiscal", el investigador de temas fiscales Markus Meinzer calculó que, tan sólo en 2013, los fondos que eludieron el pago de impuestos por medio de estructuras como las Treuhand alcanzaron los US$3,4 billones.

"Dinero sucio"

Alemania, pues, figura entre los diez países con más secreto financiero en el mundo, según Tax Justice.

Pero Panamá, que está en el centro de la controversia por los millones de documentos filtrados de Mossack Fonseca, sólo ocupa el puesto 13.


Ver texto completo en http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_economia_panama_papers_paises_con_mas_secreto_financiero_ms?ocid=socialflow_twitter&ocid=wsmundo.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin


lunes, 11 de abril de 2016

En defensa de los "paraísos fiscales"

Ya que para la OCDE, Panamá es un paraíso fiscal, entonces vamos a defenderla.




En defensa de los "paraísos fiscales"

Thierry Afschrift


A principios de año la Policía alemana investigó a numerosos contribuyentes de su país. Se basó para ello en una lista que compró, por más de cuatro millones de euros, a un antiguo empleado de una fiduciaria de Liechtenstein. Parece que en esa lista figuraban los nombres de los contribuyentes alemanes que han constituido o sido beneficiarios de fundaciones radicadas en el Principado.
La mayoría de los medios de comunicación presentó el caso como una prueba de la complicidad de Liechtenstein con fraudes o evasiones fiscales llevadas a cabo por individuos residentes en Alemania y otros países europeos. A mí me parece que ese enfoque era inexacto, y que los hechos expuestos sacan a la luz un problema mucho más grave: ¿son acaso compatibles con el Estado de Derecho los métodos utilizados en ciertos países para luchar contra el fraude y la evasión fiscales?
Dos sistemas
En la mayoría de los países europeos rige un sistema político-fiscal caracterizado por la amplia intervención estatal y los impuestos elevados (Big Government & High Taxes). El Estado se asegura en ellos un gran número de funciones, y para financiarlas recurre a un sistema impositivo voraz. Esta elección implica sacrificios significativos para una gran parte de la población, tanto en términos económicos como en materia de libertades individuales, debido al carácter restrictivo de los controles, las obligaciones y las sanciones que se han de soportar.
En la medida en que lo ha elegido la sociedad, resulta evidente que estamos ante un sistema legítimo. Por otro lado, el fraude fiscal es una falta consciente contra las normas establecidas, y como tal ha de desaprobarse. La evasión fiscal es algo bien distinto: se trata de organizar el patrimonio de tal manera que, sin dejar de respetar la ley, se tribute lo menos posible.
El sistema del Big Government, con su poderoso Estado tentacular, que impone a la ciudadanía una presión fiscal y parafiscal enorme, no es superior al resto, ni en el plano económico ni a la hora de respetar los derechos del hombre. Significativamente, en Europa los países que tienen una fiscalidad menos estricta, como Luxemburgo, Irlanda o Suiza, son los más prósperos y los que disfrutan de mayores niveles de protección social. Sea como fuere, no hay razón alguna para pensar que la gente no podría optar por un sistema en el que el Estado tuviera menos importancia y que, por tanto, no precisara de tantos fondos; un sistema, en definitiva, donde se hubieran de soportar menos cargas fiscales y sociales. De hecho, este sistema (Small Government & Low Taxes) es el que rige en los denominados paraísos fiscales, como el Principado de Liechtenstein, Mónaco y Andorra, y disfruta de la misma legitimidad que el otro, pues también ha sido sancionado por la ciudadanía.
La competencia fiscal
Como existen diversos sistemas fiscales, la competencia en este terreno está a la orden del día. Los países que han optado por los Estados grandes y los impuestos altos tienen que comprender que a sus ciudadanos pueden atraerles otros que les exijan menos, y que, por eso mismo, decidan establecerse o invertir dinero en ellos.
Quien decide abandonar su país por motivos fiscales no está haciendo otra cosa que, sin salirse de la legalidad, mostrar su desacuerdo con su Gobierno y otorgar su confianza a otro sistema. Lo mismo cabe decir de los inversores y los ahorradores.
El principio de competencia fiscal no ha sido sometido a crítica. Sólo existe, en la OCDE y la UE, una noción, muy imprecisa, de "competencia fiscal perjudicial". Evidentemente, con esto se quiere decir no que la competencia fiscal sea perjudicial, sino que algunas modalidades sí lo son.
Este concepto no está exento de críticas; y es que se basa en el supuesto de que toda competencia fiscal que resulte perjudicial para los Estados es igualmente perjudicial para los ciudadanos de los mismos. Como si el interés del Estado se correspondiera necesariamente con el de la gente. Como si el nivel óptimo de fiscalidad fuera el que proveyera de más recursos a las arcas públicas. Por otra parte, ha de decirse que, en su acepción más corriente, competencia fiscal perjudicial hace referencia a los Estados que ofrecen a los no residentes y a las compañías extranjeras ventajas a las que no pueden acceder los residentes y las compañías nacionales. Así las cosas, se trata de una etiqueta que no se puede colgar a paraísos fiscales como Liechtenstein, cuyo sistema impositivo es muy poco oneroso tanto para los residentes como para quienes no lo son.
El Principado, con razón o sin ella, ha aceptado libremente derogar sus propias normas para aplicar la directiva europea sobre gravámenes al ahorro. En virtud de un tratado suscrito a tal efecto, practica una retención directa del 15% (del 20%, a partir del 1 de julio de este mismo año) sobre el patrimonio de las personas físicas residentes en la UE. No hay una sola disposición de tratado alguno que obligue a Vaduz a revelar a autoridades fiscales extranjeras la identidad de los ahorradores que invierten en sus bancos. Desde este punto de vista, Liechtenstein actúa exactamente igual que infiernos fiscales como Austria y Bélgica. La directiva europea sobre el ahorro tampoco recoge que se haya de revelar la identidad de los beneficiarios de sociedades, fundaciones o entidades.
Por todo esto, la infamia que el Gobierno alemán intentó cometer recientemente con el pequeño principado alpino careció de justificación alguna. Como el resto de paraísos fiscales, Liechtenstein respeta sus compromisos tanto en materia de gravámenes al ahorro como de blanqueo de capitales. Para todo lo demás, se limita a aplicar un sistema fiscal distinto del alemán pero de indudable legitimidad.
Lo mejor que podría hacer Alemania para no sufrir tanto por la competencia fiscal sería reducir su tipo impositivo y, así, ganar atractivo entre los ahorradores.
'Paraísos fiscales' y fundaciones
Las fundaciones no son instrumentos pensados para estafar al fisco, sino entidades jurídicas –presentes no sólo en los paraísos, también en países como Bélgica y Holanda– que tienen por objetivo crear –con la misma filosofía que los trust anglosajones– un patrimonio independiente del fundador que pueda sobrevivir a éste y beneficiar, o no, a sus descendientes. Los estafadores no necesitan fundaciones, ni lo tendrán más fácil si deciden finalmente crear una. Este tipo de entidad puede permitirles, en todo caso, organizar de determinada manera su patrimonio.
No cabe oponer objeción alguna a los paraísos fiscales por permitir a la gente que constituya fundaciones, sobre todo cuando, como ocurre en Liechtenstein, las condiciones fiscales son las mismas para los residentes y para los no residentes. Lo mismo cabe decir de otro tipo de sociedades o entidades jurídicas, como los trust y los Anstalten. El anonimato que procuran este tipo de organizaciones no es algo desconocido en aquellas economías sometidas a una fuerte tributación, en las que puede obtenerse el mismo resultado si se recurre, por ejemplo, a las acciones al portador o a los fideicomisos.
El anonimato es consecuencia de una elección ética tan legítima como la que subyace en la elección de un sistema de baja imposición fiscal. Aquí desempeña un papel fundamental la idea de que el respeto a la vida privada, a la esfera privada del individuo, prima sobre los intereses del Estado. ¿Hace falta recordar que el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos protege el derecho a que la vida privada de la gente sea respetada? El referido artículo contempla, sí, la posibilidad de que los Estados puedan injerirse en la vida de los individuos –en caso, por ejemplo, de que sea necesario para el "bienestar económico" del país en cuestión–, pero no se trata de una obligación. No se puede forzar a un Estado a que derogue el respeto a la vida privada, o el secreto bancario, para garantizar el "bienestar económico". Incluso puede haber Estados, como el Principado de Liechtenstein, que consideren que existe una diferencia esencial entre el bienestar económico y la voracidad fiscal, y que, por ello, opten por el modelo de Estado reducido e impuestos bajos.
A propósito de la falta de cooperación
A Liechtenstein –y al resto de paraísos fiscales– se le podría reprochar, en todo caso, que no intercambie con otros países los datos relacionados con los ingresos de extranjeros y no residentes. Pero sólo si el Principado –o cualquier otro de los paraísos– colaborara activamente con dichas personas en la comisión de delitos como el fraude. Que no es el caso.
El hecho de contar con un sistema bancario y fiscal que permita la creación de entidades jurídicas con un bajo tipo impositivo no puede considerarse una prueba de complicidad con el fraude. Las fiduciarias y entidades bancarias de países como Liechtenstein no se encargan de la ejecución de obligaciones fiscales como el pago del impuesto sobre la renta, lo cual incumbe exclusivamente a sus clientes, y los Estados en que están radicadas no desempeñan papel alguno en el cumplimiento de tales obligaciones, por lo que no se les puede decir nada cuando alguien las incumple.
¿Se puede exigir a esos Estados que obliguen a los bancos que operan en su territorio a revelarles datos de sus clientes, y que faciliten dichos datos a otros Estados?
Difícilmente podemos responder afirmativamente esta pregunta sin aportar un juicio de valor sobre el sistema que han elegido los paraísos fiscales, que respeta escrupulosamente el derecho de la gente a la privacidad. Al no procurar datos a administraciones fiscales extranjeras, Liechtenstein y los demás paraísos no hacen sino aplicar a los extranjeros, sin ningún tipo de discriminación, las mismas normas que rigen para los nacionales. En los paraísos, el respeto a la vida privada, garantizado por un eficaz secreto bancario, prima sobre los intereses patrimoniales de los Estados, tanto del local como de los extranjeros. Conviene añadir, en este punto, que casi todos los paraísos aceptan injerencias en tal derecho cuando se trata de denunciar delitos graves, como el tráfico de drogas y armas o los crímenes contra la Humanidad. Y lo aceptan porque, tanto en sus sistemas como en los demás, castigar esos delitos representa una necesidad más perentoria que la protección de la vida privada de quienes los cometen.
Es legítimo que Estados como Liechtenstein antepongan el estricto respeto a la privacidad de quienes han optado por su sistema de Gobierno limitado y bajos impuestos a los intereses de otros Estados con otro concepto del papel que éstos han de desempeñar en las sociedades. Así las cosas, tienen perfecto derecho a no ejercer de delatores de nadie, a no denunciar a gente que no ha cometido infracción alguna en su territorio. La delación es un acto que numerosas sociedades consideran moralmente reprensible, y ningún sistema podría justificar que se obligase a un Estado soberano a ser un delator en nombre de unos valores que no comparte.
Las presiones ejercidas sobre los paraísos fiscales, que, por los motivos que hemos expuesto, sólo ejercen su derecho soberano a organizar su vida económica como desean, superan a menudo lo aceptable. Como hemos visto en el affaire Liechtenstein, ha habido agentes estatales que han corrompido a trabajadores de entidades bancarias o fiduciarias radicadas en un paraíso fiscal para obtener datos que no podrían haber obtenido legalmente. Por cierto, el aceptar datos que se sabe han sido obtenidos ilegalmente puede ser considerado encubrimiento; y tanto la corrupción como el encubrimiento se consideran actividades ilícitas graves en todos los países, a diferencia de lo que ocurre con el fraude fiscal. Los llamamientos de varios países de la UE, empezando por Alemania, a una mayor cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia es, por lo tanto y cuando menos, paradójica.
En caso de que se finalmente se abriera una investigación en Liechtenstein por corrupción y encubrimiento, cabría preguntarse si no sería lógico que se entregaran a la justicia del Principado quienes han violado la legalidad de dicho país y perjudicado a numerosos bancos, fiduciarias y particulares, con independencia de que fueran o dejaran de ser funcionarios alemanes. Si se quiere reforzar la cooperación internacional, nada mejor que empezar por aquellos delitos considerados graves tanto en el Estado que solicita la ayuda como en el que la concede...
Texto completo en http://www.ilustracionliberal.com/36/en-defensa-de-los-paraisos-fiscales-thierry-afschrift.html


Lo que los periodistas no le van a decir sobre los Papeles de Panama



Siete claves políticamente incorrectas sobre los 'papeles de Panamá'
Tener dinero en el extranjero es algo perfectamente legal.

DIEGO SÁNCHEZ DE LA CRUZ
El pensamiento único domina el debate sobre los papeles de Panamá. Sin embargo, Libre Mercado quiere animar el debate recordando que tener dinero en el extranjero no es ilegal y defendiendo la competencia tributaria entre infiernos y paraísos fiscales.
Además, este diario quiere poner en valor la importancia de las jurisdicciones de impuestos bajos como vehículos para canalizar la inversión extranjera y también pretende reflexionar sobre transparencia financiera y privacidad. Por último, también es preciso mencionar la hipocresía de algunos protagonistas de este escándalo, así como recordar el rol de Venezuela en este y otros casos similares.

1. Tener dinero en el extranjero es legal

La mayoría de las informaciones sobre los llamados Papeles de Panamá presenta la tenencia de sociedades o activos financieros en el extranjero como un proceso opaco de dudosa legalidad. Sin embargo, como ha recordado The Guardian, "tener dinero en el extranjero es algo perfectamente legal".
El diario británico va más allá y añade además que "hay muchas razones para acudir a un vehículo financiero localizado fuera de nuestro país. Por ejemplo, hay empresarios que lo hacen para blindarse ante el crimen, la confiscación, la inestabilidad política, la represión monetaria o la inflación. También hay quienes acuden a este tipo de vehículos de inversión para gestionar mejor su patrimonio, preparar una herencia, etc.".

2. Infiernos fiscales vs paraísos fiscales

El debate sobre los Papeles de Panamá no duda en cargar las tintas contra el trato fiscal favorable que ofrece el país centroamericano. Sin embargo, conviene recordar que cada país es libre de fijar el marco tributario que vea oportuno.
Esto abre la puerta a la existencia de paraísos fiscales en los que los impuestos son bajos, pero también permite que sigan en vigor los llamados infiernos fiscales, en los que el sector privado sufre importantes niveles de exigencia por parte de Hacienda.
Un buen ejemplo de lo segundo lo tenemos en las economías desarrolladas. En 1965, la recaudación media de la OCDE ascendía al 24,8% del PIB; ahora, cincuenta años después, esta cifra ha crecido hasta el 34,2%, un aumento del peso de los impuestos superior al 35%. Por tanto, queda claro que la competencia fiscal entre infiernos y paraísos no se ha traducido en un desplome de los ingresos tributarios de los primeros, tal y como afirman los partidarios de los impuestos altos.

3. Vehículos para canalizar la inversión extranjera

Los datos de la ONU confirman que los paraísos fiscales son vehículos cruciales para canalizar la inversión extranjera directa que llega a nuestras economías.
Si revisamos los datos de la Hacienda norteamericana podemos comprobar que las economías del Caribe que se caracterizan por mantener un marco de impuestos bajos canalizan cientos de miles de millones de dólares hacia EEUU. Algo parecido nos encontramos si revisamos las inversiones que llegan a Europa provenientes de las Islas del Canal.
Y es que, como explicó Libre Mercado, centros financieros internacionales como los que figuran en los llamados papeles de Panamá juegan un rol crucial a la hora de facilitar la inversión extranjera. Un ejemplo descrito por este diario aludía a un hospital en Perú que fue financiado por empresas de EEUU y Alemania a través de una estructura con sede en un paraíso fiscal. Esta fórmula fue escogida para reducir el tipo de interés aplicado el proyecto y para maximizar la seguridad jurídica de la operación.

4. Sobre transparencia financiera

También se habla de los paraísos fiscales como de jurisdicciones que concentran un alto porcentaje de operaciones ilegales pensadas para lavar dinero. El experto tributario Dan J. Mitchell ya desmontó este argumento en 2002, con datos del Departamento de Estado, la OCDE, la CIA o la Hacienda estadounidense. Más recientemente, la Universidad de Basilea identificó un único paraíso fiscalentre los 30 territorios investigados por este tipo de irregularidades.
Si nos fijamos en el secreto bancario que tanto se ha criticado a raíz de los papeles de Panamá, vemos que el Índice de Transparencia Financiera incluye a numerosos paraísos fiscales en el top 30; sin embargo, también nos encontramos en posiciones destacadas a países como EEUU, Líbano, Alemania, Japón, Turquía, China, Reino Unido, Austria, Brasil, Uruguay o Francia.
Por otro lado, aunque se ha intentado presentar a Panamá como un país en el que el imperio de la ley brilla por su ausencia, lo cierto es que la Procuraduría General de la Nación ya ha anunciado que está investigando los presuntos delitos que se derivan de algunos de los documentos filtrados a los medios de comunicación.

5. Venezuela, protagonista

Los líderes de Podemos han aprovechado la publicación de los papeles de Panamá para cargar contra los paraísos fiscales. Basta con revisar las cuentas de Twitter de dirigentes como Pablo Iglesias o Pablo Echenique para comprobar que la formación comunista no duda en hacer campaña con esta polémica. Sin embargo, teniendo en cuenta que la cúpula del partido morado ha tenido importantesvínculos con el chavismo, no está de más recordar el triste papel que juega Venezuela en todo esto.
Y es que 241.000 de los documentos filtrados en los últimos días hablan del país latinoamericano. Entre ellos figura el exjefe de seguridad del palacio presidencial de Miraflores, Adrián José Velásquez Figueroa, o la exjefe de la Oficina Nacional del Tesoro, Claudia Díaz Guillén. No es la primera vez que sucede algo así: jerarcas del chavismo están siendo investigados por blanqueo en el Banco Madrid y también han sido pillados con 12.000 millones de euros en Suiza.

6. Hipocresía

Entre los nombres que aparecen en los papeles de Panamá no faltan figuras y personalidades que defienden en sus países un marco de impuestos altos mientras guardan su dinero en jurisdicciones que abogan por un régimen tributario mucho más atractivo.
Un caso digno de mención es el de Pedro Almodóvar, quien figuró como apoderado de una sociedad con sede en las Islas Vírgenes Británicas y también ha estado en el centro de la polémica en relación con una Sicav.
Evidentemente, siempre que todo se haga con arreglo a las normas vigentes, ambas estrategias de planificación financiera son legales. Sin embargo, llama la atención que Almodóvar apoye públicamente al PSOE, que no duda en agitar la campaña contra los paraísos fiscales cada vez que tiene ocasión.

7. ¿Todo vale?

La documentación de los llamados papeles de Panamá proviene de una filtración no autorizada de documentos privados del despacho de abogados Mossack Fonseca. Al respecto, su director ya ha denunciado ante los medios que se ha violado un derecho humano fundamental como es el de la privacidad. En paralelo, Mossack Fonseca también ha reprochado que los medios "publiquen documentos privados y lo hagan, además, fuera de contexto".
No es la primera vez que se articula una campaña contra los paraísos fiscales con un método tan dudoso. Ya se pudo ver en el caso del informático Hervé Falciani, el informático condenado por la Justicia suiza tras haber filtrado datos confidenciales de los clientes del banco HSBC

Ver texto en http://m.libertaddigital.com/economia/2016/04/04/siete-claves-politicamente-incorrectas-sobre-los-papeles-de-panama-1276571156/

lunes, 4 de enero de 2016

Supuesto "paraiso fiscal" es lugar mas dificil para pagar impuestos



Panamá cayó tres posiciones en el ranking Doing Business 2016 del Banco Mundial, índice que mide la facilidad para hacer negocios en 189 países, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con el documento publicado hoy, el país pasó de la posición 66 el año pasado, a la 69 este año.
En el continente americano, por encima de Panamá, se encuentra México (38), Perú (50), Colombia (54), Costa Rica (58).
Las economías con la más baja clasificación en la región son: República Bolivariana de Venezuela (186), Haití (182) y Bolivia (157).
En el ranking el Banco Mundial destaca que Panamá bajó en todos los rangos medidos: facilidad para iniciar un negocio, facilidad para obtener permisos de construcción y registro de la propiedad intelectual.
Sin embargo el peor rango evaluado sigue siendo la complejidad para pagar impuestos en donde Panamá quedó en la posición 166 de 189 países evaluados.
Para ver el reporte completo, haga clic aquí.


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