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martes, 21 de abril de 2015

3 leyes para autodestruir el centro financiero de Panama?



Actualmente la Asamblea Nacional discute tres (3) proyectos de leyes (antiblanqueo, custodia de acciones al portador y modificación al artículo 71 del Código de Comercio)  y queremos, en esta ocasión, llamar tu atención sobre el Proyecto No. 182 que modifica ese artículo del Código de Comercio.
 
Adjunto
● El referido proyecto No.182 “Que adiciona párrafos al artículo 71 del Código de Comercio, modificado por el Artículo 116 de la Ley 51 de 22 de agosto de 2008”.
 
Te solicitamos que opines directamente a nuestra dirección admin@cna-panama.com  o escríbele a los Diputados de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional C_comercio@asamblea.gob.pa
 
Panamá, 16 de abril de 2015
 
José Alberto Álvarez
Presidente


Proyecto de Ley para multa de $250 diarios por Registro incompleto

Ley de acciones al portador

Proyecto de Ley 167 Anti-lavado de dinero 2015 Panama

Proyecto de Ley sobre delito aduanero




lunes, 8 de septiembre de 2014

Marina Mercante y Acciones al Portador


LA VOZ CALIFICADA
MARINA MERCANTE Y ACCIONES AL PORTADOR

LEGISLACIÓN
Camilo Valdés


Estamos a escasamente un año para que entre a regir la Ley No. 47 de 6 de agosto de 2013, que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones al portador, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial No. 27,346-C de la misma fecha; y a dos años para que los certificados de acciones al portador, que hayan sido emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 47, sean entregados en custodia tal como lo establece el artículo 25 del mencionado texto legal.

Sobre el tema de las acciones al portador debo confesar que no hay unidad de criterios. Por una parte hay un grupo que ha manifestado que se deberían eliminar, otro que el régimen de custodia nos servirá para pasar la primera fase de la revisión paritaria del Foro Global de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), lo que a todas luces es falso y un tercer grupo que se ha expresado con mantener las acciones al portador.

Independientemente de las tres posiciones más fuertes sobre el particular quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer un breve análisis sobre cómo afectaría el régimen de custodia de las acciones al portador, que establece la Ley 47, en relación a la competitividad de la plataforma de servicios marítimos y logísticos de nuestro país, en particular frente a la presión del Foro Global de la OCDE de eliminar o crear un régimen de custodia de nuestras acciones al portador.

La marina mercante panameña es la flota más grande del mundo. Según los registros de Clarkson y Lloyds la República de Panamá es la número uno con más de 8 mil naves lo que representa más del 22% de la distribución de la flota mundial por pabellón de conveniencia. Sus más cercanos seguidores son Liberia e Islas Marshall con el 12.5% y el 8% respectivamente.

Producto de la globalización la bandera de conveniencia tiene grandes ventajas económicas tanto para los armadores fletadores y países que como el nuestro han sabido aprovechar de manera lícita las ventajas que le brindan nuestra posición geográfica, una economía dolarizada, un régimen fiscal territorial y un régimen de sociedades anónimas con acciones al portador.

Estas ventajas se traducen para los armadores en tasas impositivas más competitivas, costos más baratos en la contratación de tripulantes y sobre todo seguridad jurídica. Para los fletadores se traduce en una mayor competencia que provoca costos de fletes más bajos y de mejor calidad; y para países como el nuestro son los ingresos que se generan, tanto tributarios para el Estado como para la empresa privada, que además crea puestos de trabajo calificados y bien remunerados, provenientes, prácticamente en su totalidad del extranjero.

Según cifras de la Dirección de Finanzas de la Autoridad Marítima de Panamá al cierre del año 2012 se generaron ingresos por la suma de 144 millones 559 mil 20  dólares y a noviembre de 2013 se generaron 117 millones 991 mil 520  dólares en conceptos tales como impuestos de naves, certificaciones de competencia, abanderamientos, movilización de carga, entre otros que, aunado a los ingresos que se perciben en concepto de tasas únicas por la utilización de sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, que acarrean a su vez gastos notariales y de Registro Público que, sumados a los anteriores ya descritos, podrían estar rondando los $250 millones al año en promedio. Fondos  si estos los tuviéramos depositados en una institución bancaria, a una tasa de retorno de 5%, equivaldrían a un fondo fiduciario del orden de los 5 mil millones de dólares.

Dicho lo anterior, y bajo la actual coyuntura, la gran interrogante que nos viene es la siguiente: ¿Está Panamá dispuesta a perder toda esta riqueza por mantener un régimen de custodia de acciones al portador? Salvo mejor opinión. Mi respuesta sería que no, sobre todo porque Liberia se ha dado a la tarea de mercadear su jurisdicción bajo cuatro pilares fundamentales que ellos han llamado estabilidad, seguridad, longevidad e innovación, pilares en los que Panamá, desde hace 87 años, es más transparente, segura y eficaz.

Entre las bondades que Liberia está mercadeando para quitarnos del sitial en que nos encontramos están: 1.- Que una empresa panameña o de cualquier otra jurisdicción se puede redomiciliar en Liberia sin costo alguno, es decir, totalmente gratis 2.- Que pueden mantener acciones al portador 3.- Que en Liberia no hay un régimen de custodia de acciones al portador y 4.- Que están en la lista blanca de la OCDE porque ya cumplieron con el estándar internacional de tener una red, de por lo menos, 12 tratados tributarios con cláusulas de intercambio de información tributaria. Para mayor referencia pueden visitar el vínculo http://liberianco rporations.com.

Me temo que, de mantener Panamá un régimen de custodia de acciones al portador, las principales flotas del mundo, según la nacionalidad del armador, como Grecia, Japón y China, con quienes Liberia no tiene un tratado tributario, que tengan sus naves bajo la bandera panameña, optarán por redomicilarse en dicho país por las facilidades enumeradas en el párrafo anterior, o en todo caso, se irían a Islas Marshall, debido, entre otras cosas, a que sus costos operativos por el uso de las sociedades anónimas panameñas aumentaría, incrementaría igualmente la complejidad de la operación de las naves por el uso de varias  jurisdicciones y obligaría a los usuarios a renegociar los términos de los que tengan contratos de prebenda de acciones al portador, con todo lo negativo que eso acarrearía a la economía nacional.

Pareciera que lo que procede acorde a nuestros intereses es derogar la Ley 47 y fortalecer la debida diligencia que ya establece la Ley 2 de 1 de febrero de 2011, que regula las medidas para conocer al cliente, para todos los agentes residentes de entidades jurídicas en Panamá, que previene que sus servicios sean utilizados para cometer los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo sienta las bases para cumplir con las obligaciones adquiridas por Panamá para el intercambio de información tributaria y obliga a todos los agentes residentes a identificar a sus clientes lo que incluye a los tenedores de las acciones al portador.


Ver texto completo en http://www.martesfinanciero.com/history/2014/07/08/voz_calificada.asp


miércoles, 3 de septiembre de 2014

Unidad de Análisis Financiero pasará al MEF




21/08/2014 - La Unidad de Análisis Financiero(UAF) -aquella agencia de inteligencia creada en 1995 para recabar información financiera- será reestructurada y dejará de ser un ente adscrito al Ministerio de la Presidencia.
Esta acción es una de las 40 recomendaciones que deberá cumplir Panamá si quiere salir de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiero (Gafi).
La mayoría deben atenderse antes de junio de 2015. Como parte de las modificaciones, la UAF pasará a ser parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
También se le dotará de mayores recursos económicos y de personal. “La UAF tiene que reestructurarse del todo. La queja a nivel internacional es que en los últimos cinco años ha sido bastante inoperante. Tengo entendido, y por lo que hemos podido hablar con el personal, en los últimos cinco años no se han hecho mayores reportes y la UAF tiene una misión de inteligencia que cumplir”, contó Maruquel Pabón, contratada por el MEF para liderar la unidad técnica que se encargará de darle seguimiento al plan propuesto por el Gafi.
La credibilidad de la UAF quedó cuestionada cuando en abril pasado, en la recta final de la campaña electoral, el Diario de las Américas, que se edita en Miami, publicó información de una supuesta investigación de la UAF que vinculaba al entonces candidato de oposición y hoy presidente de la República, Juan Carlos Varela.
Por ley, los funcionarios de la UAF están obligados a guardar total reserva sobre la información que obtengan o conozcan en el desempeño de sus funciones; el que no cumpla se expone a una sanción de tres a cinco años de prisión, según el Código Penal.
Para Pabón, que no se respete la confidencialidad “acaba con la credibilidad de la UAF”. “Por eso hay que sacarla del Ministerio de la Presidencia, sacarla de la manipulación política, darle más autonomía dentro del MEF y que tenga funciones que pueda cumplir”, recalcó.
Pabón también se refirió a las otras recomendaciones del Gafi, como adelantar la fecha en que entra a regir la ley de inmovilidad de acciones al portador y la redacción de un proyecto para reemplazar la Ley 42 de 2000, que establece medidas para la prevención del blanqueo de capitales.

Ver texto completo en http://www.prensa.com/uhora/locales/uaf-pasara-presidencia-al-mef/378395

lunes, 1 de septiembre de 2014

Panama, en defensa de su economía de servicios


LA VOZ CALIFICADA
PANAMÁ, EN DEFENSA DE SU ECONOMÍA DE SERVICIOS

INTERNACIONAL
Brett R. Patton P. / Eduardo De Alba A.

Son ampliamente conocidos los esfuerzos que hacen grupos de presión conformados en gran parte por países poderosos a nivel económico y/o político,  que incluyen los denominados G-8 y G-20, al igual que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (la OCDE), y su apéndice, el Foro Global.   Estos exigen cambios a países como Panamá, para que nuestras normas jurídicas se acomoden a sus intereses nacionales en preferencia sobre los nuestros.

Está claro que Panamá es parte de la comunidad internacional de naciones y debe comportarse como tal, dentro de los principios en que se funda la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la cual nuestro país fue fundadora en 1945, y, a nivel regional, la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual Panamá también fue fundadora, en 1948.  Ambos organismos existen desde principios de la posguerra y tienen aceptación general a nivel global y regional.

Panamá debe respetar, y actuar frente a los requerimientos de terceros Estados, reconociendo, de forma efectiva, las garantías individuales que protegen constitucionalmente a cualquier persona, nacional o extranjera, domiciliada o residente en Panamá o con bienes o actividades en Panamá, y en forma consecuente con las obligaciones que ha contraído en los  convenios internacionales, de los cuales es parte. 

Fundamentales para este análisis son las garantías que tiene cualquier persona, nacional o extranjera, en Panamá: i) al debido proceso ante cualquier denuncia o investigación que se realice sobre su persona, actividades o bienes; ii) a la presunción de inocencia hasta tanto se le haya condenado en juicio público, ajustado al debido proceso, mediante sentencia en firme y iii) a la privacidad y, por tanto, a la confidencialidad de la documentación e información que se obtenga de dicha persona.

Por tanto, Panamá no debe ceder en el ejercicio de su soberanía territorial y jurídica ante las presiones de ningún otro Estado o grupo de Estados, por más fuertes que de hecho sean, ya que tenemos derecho a exigir y recibir trato igual y equitativo frente a cualquier otro Estado, y a establecer, de forma autónoma y en ejercicio de nuestra libre autodeterminación, nuestro propio régimen jurídico, tanto público como privado, y a que el mismo sea respetado por el concierto de naciones.

Panamá debe cumplir con seriedad los compromisos que adquiera frente a terceros Estados, mediante convenios internaciones, bilaterales o multilaterales, de establecer, recabar, actualizar y divulgar a las autoridades competentes de dichos Estados las estadísticas y la información objeto de dichos convenios. 

Lo debe hacer, sin embargo,  guardando y exigiendo siempre la confidencialidad de dicha información y su utilización única y exclusivamente en una investigación autorizada y realizada dentro del marco de dichos  convenios, y en el  curso de la cual 

se observen debidamente las garantías individuales referidas. 

Por estas razones, Panamá no debe obligarse a suministrar información de forma automática que pueda afectar la seguridad o los derechos de los nacionales o extranjeros que se acojan a la protección del marco jurídico panameño.

Panamá tiene todo el derecho de establecer y mantener el régimen tributario que considere que mejor atiende sus intereses, para el beneficio tanto de sus nacionales como de los extranjeros domiciliados o residentes en Panamá, o con bienes o actividades en Panamá, o que aprovechen lícitamente (conforme al marco jurídico panameño) sus instituciones y estructuras, públicas y privadas.  Cabe señalar que el principio de territorialidad fiscal en Panamá fue adoptado hace más de 60 años, por lo cual es de larga data y aceptación como piedra angular de nuestro sistema jurídico, y no es el producto de un capricho o medida oportunista reciente.

Igual se puede afirmar de nuestro régimen de sociedades anónimas (incluyendo la posibilidad de emitir acciones al portador) adoptado en 1927, hace más de 80 años.  

No está de más recordar que nuestra economía de servicios internacionales fue concebida para proveer o exportar servicios hacia el mundo, de acuerdo a la visión de ilustres gobernantes que se retrotrae a  1916 con la promulgación del Código de Comercio de Panamá. 
Podemos observar que la exposición de motivos de dicho código contempla, entre otras cosas, que debíamos prepararnos para ser “el teatro en donde han de encontrarse hombres de todas las nacionalidades e intereses de todo género en constante actividad”. 

Este espíritu de apertura ha llevado al país a un gran desarrollo en el comercio internacional y en la creación de entidades legales, cuya estrategia consiste en promover servicios para el beneficio de la comunidad internacional y que aportan significativamente al bienestar de Panamá.  Entre ellas, se destaca, en primer lugar, el Canal de Panamá, con su estructura jurídica de administración y desarrollo a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá, complementado por entidades y actividades, como el movimiento comercial de la Zona Libre de Colon, los servicios bancarios, de seguros y reaseguros, los puertos y el sistema multimodal de transbordo de carga a través del istmo, la ley de Sedes de Empresas Multinacionales, y un marco legal que nos ha permitido convertirnos en el país con la mayor flota de marina mercante mundial, tanto en número de barcos como en tonelaje, y en un centro de categoría mundial en la creación y administración de diversos tipos de entidades jurídicas.

Como miembro de la OEA y con respecto a los otros Estados miembros de esta organización, Panamá debe ser respetuosa de sus postulados en materia de la realización de justicia social (léase oportunidades de trabajo, mejoramiento en la distribución de la riqueza, acceso a educación y salud oportunas y de calidad, entre otros).  En tal sentido, Panamá debe colaborar con los demás Estados miembros en la consecución de estos objetivos, incluyendo el respeto a sus sistemas tributarios, siempre que estos sean justos y equitativos tanto en cuanto a sus nacionales como a los  extranjeros sujetos a sus jurisdicciones.

Dicho esto, Panamá no tiene por qué aceptar ni puede ser objeto lícito de medidas discriminatorias, punitivas o confiscatorias que cualquiera de dichos Estados pretenda adoptar unilateralmente contra nuestro país, bajo una calificación de Panamá y de sus instituciones y su marco jurídico, como correspondientes a un pretendido “paraíso fiscal”.  Las diferencias que cualquiera de estos países tenga con Panamá por razón de su régimen tributario tienen que ventilarse por medio de los mecanismos de negociación directa, mediación o arbitraje o de índole parecida a los que hace referencia la carta constitutiva de la OEA, como también la de la ONU. 

Esto, sin embargo, excluye cualquier acto de agresión unilateral de cualquiera de dichos otros Estados miembros contra Panamá o sus nacionales, o los extranjeros que se acojan a las leyes y estructuras panameñas.  Valga resaltar que el concepto de “agresión”, bajo la carta constitutiva de la OEA, no se limita a la fuerza física o militar, sino que  incluye medidas económicas discriminatorias, punitivas o confiscatorias, que pretenda imponer algún otro Estado miembro contra nuestro país, o contra las actividades o los bienes que nuestros nacionales o que los extranjeros, incluso originarios de ese otro país, realicen o mantengan en Panamá, o aprovechando las estructuras jurídicas que su sistema pone a disposición de nacionales y extranjeros por igual.

Panamá debe considerar que, por los canales diplomáticos  pertinentes, sus representantes denuncien ante las asambleas generales de los miembros de la ONU y de la OEA, y ante cualquier otra instancia de estos organismos que esté disponible con este propósito (llámense órganos de consulta, representaciones permanentes, secretarías u otras), estas conductas que caracterizan actos de agresión contra Panamá por otros Estados miembros, pretendiendo ampararse en organismos de los cuales Panamá no es miembro, ni tiene por qué someterse a sus decisiones, objetivos o designios, como es el caso de la OCDE.      

Las exigencias que, por razones de su propia conveniencia, han hecho estos Estados contra Panamá, calificándola como paraíso fiscal,  se convierten en reclamos arbitrarios y violatorios de los compromisos internacionales de esos países frente a Panamá, al amparo de los principios fundamentales tanto de la ONU como de la OEA. Aun cuando dichas exigencias intentan reflejar la búsqueda de acuerdos bilaterales o multilaterales, al fin y al cabo, su propósito real es forzar y doblegar la voluntad soberana de nuestro país para acomodarla a dichas exigencias. 

Estos acuerdos, obtenidos bajo amenaza o coacción, vician el consentimiento de Panamá como Estado soberano e independiente, y, por lo tanto adolecen de nulidad  a la luz del derecho internacional público.

Las exigencias que se nos intenta imponer  representan cambios complejos orientados a restarles importancia y competitividad a países que, como el nuestro, tienen economías importantes de servicios internacionales.  La implementación de las medidas exigidas conlleva la necesidad de que nuestro país asuma un costo elevado, tanto a nivel público como privado, aparte de la merma en ingresos generados por las actividades que resultarían afectadas por la consecuente reducción de  nuestra competitividad.   

Los intereses nacionales de Panamá  se verían afectados de dejarnos llevar por el clamor de estas presiones i) en el aspecto político, como país soberano e independiente y con el derecho a su libre autodeterminación, con base en los principios básicos del derecho internacional público; ii) en el aspecto económico, por razón de la contribución que a nuestra producción de bienes y servicios representa nuestra plataforma de servicios internacionales, en pie desde hace muchísimas décadas y iii) en el  aspecto social, por razón del costo en recursos humanos y financieros que tendríamos que asumir para satisfacer las exigencias de estos Estados a expensas de nuestras verdaderas prioridades, consistentes en el mejoramiento de las oportunidades y de la condición de vida de nuestros ciudadanos, y de los extranjeros que viven en Panamá y contribuyen con su esfuerzo diario a nuestro desarrollo.

Considerando la orientación de los referidos grupos de presión de convertir al mundo globalizado en un mundo fiscalizado por ellos, Panamá debería alzar su voz de protesta ante la marcada posición de estos países de pretender constituirse en garantes de valores democráticos y reclamar, por nuestra parte, que se respeten los derechos establecidos por nuestra Constitución y  nuestras leyes y por el derecho internacional público de aceptación universal.

Ver texto completo en http://www.martesfinanciero.com/history/2014/07/08/voz_calificada.asp




miércoles, 27 de agosto de 2014

MEF fija Junio 2015 para salir de lista gris


Junio de 2015, clave para salir de lista gris

Para agosto de 2015 se debe haber eliminado el periodo de gracia de tres años de la ley de inmovilización de las acciones al portador.
ROBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ


20/08/2014 - Panamá adecuará el marco legal para fortalecer sus estructuras en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo antes de junio de 2015.
En la hoja de ruta pactada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al término de la pasada administración, a la que tuvo acceso este diario, figura esa fecha como límite para la mayoría de acciones que debe acometer el país en su objetivo de salir de la lista gris a la que ingresó el pasado mes de junio por las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Unos meses después, en concreto en agosto de 2015, el plan de acción acordado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) contempla la eliminación de los tres años de gracia incluidos en la Ley 47 de 2013, la norma que crea un régimen de custodia para las acciones al portador. De esta forma, la ley, que entrará en vigor en agosto de 2015 –dos años después de su promulgación– sería de entero cumplimiento en esa misma fecha, y no tres años más tarde como fue aprobado en el articulado original de la norma.
La inmovilización de las acciones al portador es uno de los puntos polémicos que deben afrontar las autoridades para cumplir los compromisos con el GAFI. El sector bancario ha pedido desde hace años que el país se alinee con los requerimientos internacionales de transparencia, mientras que grupos de abogados y representantes de los servicios internacionales alegan que estas medidas socavarán la competitividad del país.
El exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima expresó el pasado mes de mayo en una misiva al GAFI “que la República de Panamá reafirma su completo compromiso al más alto nivel político para enfrentar las deficiencias, incluyendo la implementación del plan de acción”.
Consultadas sobre el nivel de compromiso de la nueva administración, las actuales autoridades del MEF informaron que “Panamá ha asumido una serie de compromisos con GAFI para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y se está preparando para cumplir con todo lo pactado”.
No obstante, el MEF no quiere imponer su política y aspira a que todas las partes implicadas se pongan de acuerdo “conscientes de que es un tema país”. “El sector público y el sector privado están trabajando juntos y existe la voluntad de lograr consensos y avanzar en esta materia”, apuntó el MEF.
Además de la inmovilización de las acciones al portador, el Gobierno debe actualizar antes de mediados de junio la legislación sobre blanqueo de capitales.
Según lo pactado con el GAFI, se tiene que criminalizar el lavado de capitales de acuerdo con los estándares internacionales, tipificar como delito de manera adecuada el financiamiento del terrorismo, tener el marco legal y mecanismos para congelar activos de terroristas, fortalecer la Unidad de Análisis Financiero, tanto desde el punto de vista institucional como en la asignación de recursos humanos y financieros, ampliar la exigencia de reportar operaciones sospechosas a todas las instituciones financieras, incluyendo seguros y reaseguros, cooperativas y casinos, entre otros, así como a determinadas profesiones no financieras como abogados, notarios, contables y comerciantes de piedras y metales preciosos a otras actividades, y mejorar la cooperación internacional en el intercambio de información con unidades de inteligencia de otros países. La lista contiene 24 acciones.
El MEF dijo que las metas establecidas son alcanzables. Con ese objetivo se creó una unidad técnica dentro de la entidad, de la que está a cargo Maruquel Pabón, dedicada exclusivamente a darle seguimiento a todas las acciones necesarias para que el país pueda cumplir satisfactoriamente con los acuerdos establecidos.
Raúl Guizado, vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa de Banco General y primer vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá, dijo ayer que espera que se cumplan esas acciones. “Tengo la esperanza y el convencimiento de que esta administración va a tomar las medidas correctivas para atender esos temas y lograr sacarnos de la lista”. Por su parte, el superintendente de Bancos, Alberto Diamond, señaló que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, le había transmitido “muy claramente que este es un problema de Estado”.
El sector financiero, que ve cómo la inclusión en la lista gris está afectando a la competitividad de la plaza, ha cerrado filas para que el país adopte los estándares internacionales en transparencia fiscal y en la lucha contra el lavado de capitales. En cambio, otros sectores mantienen una oposición frontal a este tipo de iniciativas. Unos y otros deberán encontrar consensos para enfrentar estas situaciones. Para Diamond, es importante “tomar decisiones rápidas” y se requieren acuerdos para los que “necesitamos dosis de sabiduría, balance, comprensión y sacrificios”.
PANAMÁ Y LAS 40 RECOMENDACIONES
1
Panamá solo cumple una de las recomendaciones del GAFI en la lucha contra el blanqueo de capitales.
3
Recomendaciones se cumplen ampliamente.
23
Se cumplen parcialmente.
13
No se cumplen.

CORRESPONSALES PONEN MÁS PRESIÓN SOBRE BANCOS

La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una circular en la que exige a los bancos estadounidenses que tiene relaciones con entidades en Panamá que hagan una diligencia debida ampliada.
En concreto, pide a las instituciones financieras de su país que se aseguren de que sus programas de debida diligencia sobre las cuentas de corresponsalía mantenidas por instituciones financieras del exterior incluyen políticas y procedimientos diseñados para detectar e informar sobre actividades de lavado de dinero o sobre las sospechas de las mismas, efectuadas a través de cualquier cuenta corresponsal establecida, mantenida, administrada o gestionada en Estados Unidas.
La circular, fechada el pasado 5 de agosto, afecta a Panamá y al resto de países incluidos en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. “Por el hecho de estar en una lista gris, se eleva el nivel de riesgo de hacer negocios”, dijo ayer Raúl Guizado, vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa de Banco General y primer vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá.
Los bancos panameños están siendo cuestionados por sus corresponsales en el exterior, y algunos de los grandes bancos europeos que prestan servicios de corresponsalía a entidades locales también se han preocupado por el devenir de la actividad bancaria en Panamá.
Roberto González Jiménez

Ver texto completo en http://www.prensa.com/impreso/economia/junio-2015-clave-salir-lista-gris/378018

lunes, 25 de agosto de 2014

Abanderamiento de naves baja 36%


Abanderamiento de naves baja 36%

viernes 16 de mayo de 2014 - 12:00 a.m.Panamá pierde terreno en esta actividad, aseguran expertos. Ley de acciones al portador complica a la marina mercante

El registro de nuevos abanderamientos ha experimentado su más importante bajón durante los primeros tres meses de este año.
Las estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá reflejan que entre enero y marzo de este año, el registro de naves en el renglón de nuevos abanderamientos cayó un 36%, con relación al mismo periodo del año pasado.
Hasta el mes de marzo, los nuevos abanderamientos sumaban 263 buques. La cifra representa una caída de 69 naves menos, con relación al año pasado, cuando sumaron 332.
Guillermo Márquez Amado, abogado y exdirector del Servicio de Marina Mercante de Panamá, admite que la caída ‘es alta’. A juicio del experto, existen factores que están incidiendo sobre esta actividad.
En primera instancia, Márquez Amado señaló que es necesario que la administración pública sea más eficiente en cuanto a la atención de los armadores de barcos. ‘El sistema tiene que ser más eficiente. A la hora que se requiera el servicio, hay que darlo’, apunta.
El exdirector del Servicio de Marina Mercante en Panamá considera también que hay que ser más elástico en cuanto al uso del idioma inglés. ‘La Constitución nos fuerza a usar el castellano’, pero el inglés es clave para las actividades relacionadas con la marina mercante.
COMPETENCIA MÁS FUERTE
La competencia también podría estar ganando espacios importantes. Márquez Amado considera que ‘hay algunos países con registros abiertos que están mejorando su sistema para competir con Panamá’.
El abogado Eduardo Morgan, que dirige uno de los despachos panameños especializados en derecho marítimo, coincide con Márquez. ‘La competencia es feroz’, reconoce.
La competencia directa del istmo centroamericano es Liberia y las Islas Marshall. Y ambas regiones han implementado políticas para restarle el negocio a Panamá.
‘No tienen que conocer al cliente, pueden emitir acciones al portador y las empresas que se mudan a su jurisdicción no se les exige cambios’, explicó Morgan.
En contraste Panamá aprobó el año pasado la ley de inmovilización de las acciones al portador. ‘Todos los clientes de la marina mercante son intereses extranjeros y esa ley complicará sus actividades’, aseguró Morgan. Adempas. ‘hay el temor de que Panamá no está defendiendo ni su centro financiero n2 su marina mercante porque no ha hecho frente a la OCDE’, añade el experto.
A pesar del declive que refleja la actividad en estos tres primeros meses de 2014, hasta el 30 de junio del año pasado Panamá seguía siendo el país que más barcos abanderaba (8,221), con cargas estimadas en 223,293,304 toneladas.
El más cercano competidor de Panamá es Liberia (3,113 naves), con cargas de 128,553,145 toneladas. Y en el tercer renglón de los que más barcos abanderan estaba ubicado Islas Marshall, con 2,145 naves, con cargas de 88,960,732 toneladas. ( Ver recuadro )
En Panamá, el registro y renovación de abanderamiento de buques puede suponer hasta 150 millones de dólares anuales. Si a esto se le suma el efecto de registro en las empresas y los ingresos indirectos, la actividad podría generar al año hasta 300 millones de dólares.

Por Marlene Testa, ver texto completo en http://laestrella.com.pa/economia/abanderamiento-naves-baja-36/23771937


martes, 17 de septiembre de 2013

Ley de Inmovilización de Acciones por Fe de Errata sería Inconstitucional


LEYES NECIAS DE NUESTRO TIEMPO
ANÁLISIS

FERNANDO GÓMEZ ARBELÁEZ


Nuestras leyes, en especial aquellas relacionadas con temas económicos y financieros, suelen darnos sorpresas.  Estas se aprueban algunas veces con un contenido que sorprende gratamente, por ser favorables a la sociedad en su conjunto.  Pero en la mayoría de los casos, particularmente en las recientes, preocupa que esas sorpresas sean más bien de lamentar y reprobar, sea por sus notorios defectos de fondo y de forma, su velada protección de intereses creados o por sus censurables intenciones mal encubiertas.

El contenido de una de esas leyes, la Ley 47 de 6 de agosto de 2013, “Que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador”, fue objeto de comentarios en momentos en que aún constituía el proyecto de ley 568  (MF 788, 30/7/13).  Este era un proyecto que los diputados no aparentaban haber leído antes de votar.  Tal situación, evidente como fue apreciada, ocasionó que en la Ley 47 mantenga inconsistencias, tal como puede observarse en su texto promulgado en la Gaceta Oficial No. 27,346-C, también del 6 de agosto.

Intentando disimular una incongruente redacción que ningún funcionario de la Asamblea Nacional ni del Órgano Ejecutivo parece haber reparado a lo largo de su aprobación legislativa y sanción ejecutiva, siete días después, en la Gaceta Oficial No. 27,351-A de 13 de agosto de 2013, fue publicado un nuevo texto con modificaciones de la Ley 47 bajo una “Fe de Erratas”.

Supuestamente, la “Fe de Erratas” se introdujo en esta última Gaceta “para corregir error involuntario en la publicación de la Ley 47”.   De manera inusual, la “Fe de Errata” no indica ni explica cuál es, o en qué consiste el “error involuntario” que se argumenta fue cometido en la promulgación de dicha Ley.

En la Gaceta Oficial No. 27,346-C, la Ley 47 había sido promulgada mediante la reproducción digital de las imágenes completas de cada una de las 13 páginas del documento que comprende la totalidad de su contenido, sin transcribirlo.  Este documento fue precisamente el aprobado por la Asamblea Nacional en tercer debate y que luego sancionó el Órgano Ejecutivo.  Por ende, no existió ningún error en su publicación original.

Sin embargo, el nuevo texto de la Ley 47 publicado el 13 de agosto incluye modificaciones a los Artículos 4, 14 y 21 de esta Ley en un documento al que, notoria e irregularmente, se le han cambiado las páginas 2, 7 y 10.

Nuestra Constitución Política no permite que una ley aprobada, sancionada y promulgada pueda sufrir modificaciones mediante una supuesta “Fe de Errata”.  La segunda publicación de la modificada Ley 47, anómala como es, infringe de manera flagrante nuestras normas constitucionales que exigen aprobar una nueva ley para modificar otra ya existente.

Desde que esta seria anomalía fue denunciada en días pasados, la segunda publicación de la Ley 47 ha desaparecido misteriosamente de la Gaceta Oficial No. 27,351-A.  A la fecha de este artículo, solo quedaba en la misma el encabezado de la supuesta “Fe de Erratas”, sin el nuevo texto de la Ley que la acompañaba.

Cuando las autoridades panameñas presenten la Ley 47 a la reunión del Foro Global de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) —entidad para la cual esta Ley fue creada— veremos si llevan consigo los dos textos diferentes publicados en dos Gacetas  distintas.  De hacerlo, podrán demostrarle a la OCDE y a sus miembros el nivel de capacidad y de integridad que caracteriza a los funcionarios involucrados en esta legislación.

Otra ley contemporánea, la Ley 48 de 6 de agosto de 2013, “Que modifica la Ley 38 de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá”, también ha sido objeto de comentarios anteriores (MF 790, 13/8/13).  Una vez promulgada, nadie relacionado con la administración de ese Fondo ha abogado por restituir al ahorro de todos los panameños —originalmente “Fondo Fiduciario para el Desarrollo”, de 1995— los ingresos de la venta de bienes revertidos en la antigua Zona del Canal y de los intereses generados por su capital, como tampoco por establecer una supervisión efectiva y sanciones por manejos negligentes, entre otras serias carencias de la legislación de 2012.

Mayores inconsistencias se encuentran en la Ley 51 de 5 de septiembre de 2013, sobre “regularización” tributaria hasta el periodo fiscal 2011.  Si bien es una ley de cobertura parcial, esta llamada “regularización” es la segunda moratoria tributaria que aprueba el actual gobierno en menos de cuatro años, algo inusual entre gobiernos panameños, los cuales solían impulsar una sola moratoria a inicios de su administración.

Este hecho singular da nuevas luces sobre la crítica realidad de las finanzas públicas nacionales.  Su manejo en los últimos años ha sido incapaz de ceñirse a límites consecuentes dentro de un balance fiscal apropiado, con déficits en cifras usualmente retocadas gracias a las constantes modificaciones a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, junto a la exclusión de entidades públicas altamente endeudas del Sector Público No Financiero y a un aumento alarmante del endeudamiento público, matizado a través de los proyectos “llave en mano”, entre otros.

Acerca de esta curiosa Ley, poco se puede agregar a lo ya señalado por el consultor fiscal Osvaldo Lau en su columna “Ventana Fiscal” (“La Ley No. 51 legaliza la defraudación”, La Prensa, 8/9/13).  Cabe resaltar, no obstante, lo incoherente del Parágrafo 1 de su Artículo 2, que dispone como base imponible para el cálculo del impuesto sobre la renta “la suma del total de costos y gastos incurridos” en un periodo fiscal.  Semejante absurdo no se había visto nunca en la legislación fiscal panameña, una invención ilógica abiertamente contradictoria del artículo 694 del Código Fiscal.

...
¿Habrá nuevas sorpresas con otras leyes económicas y financieras por venir?  La experiencia demuestra que esta larga historia continuará.




Ver también Gaceta Oficial 27346-C http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27346_C/42784.pdf

jueves, 12 de septiembre de 2013

Ley 47 modificada de manera inconstitucional


Ley modificada de manera inconstitucional

En sus más recientes columnas dominicales (La Prensa, 18/8/13 y 25/8/13, respectivamente) el consultor fiscal Osvaldo Lau hizo críticas a una serie de inconsistencias encontradas en el texto de la Ley 47 de 6 de agosto de 2013, “Que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador”, promulgada en la Gaceta Oficial No. 27,346-C de esa misma fecha.
De acuerdo con Lau, esas inconsistencias habrían sido subsanadas mediante una “fe de errata” aparecida en la Gaceta Oficial No. 27,351-A de 13 de agosto de 2013, bajo la cual fue publicado un nuevo texto con modificaciones de la Ley 47.
Tal como se declara en su encabezado, la aludida “fe de errata” fue adoptada en esta última Gaceta Oficial “para corregir error involuntario en la publicación de la Ley 47”. En la “fe de errata” no se indica ni explica cuál es o en qué consiste el “error involuntario” que se afirma cometido en la promulgación de dicha Ley. En la Gaceta Oficial No. 27,346-C, la Ley 47 había sido promulgada mediante la reproducción digital de las imágenes completas de cada una de las trece (13) páginas del documento que comprende la totalidad de su contenido, sin transcribirlo. Este fue precisamente el documento que la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate y que luego sancionó el Órgano Ejecutivo, por lo que en realidad no existió ningún error en su publicación original.
Sin embargo, el texto de la Ley 47 publicado en periódico oficial No. 27,351-A de 13 de agosto incluye modificaciones a los Artículos 4, 14 y 21 de esta Ley en un documento al que, notoria e irregularmente, se le han cambiado las páginas 2, 7 y 10.
Nuestra Constitución Política no permite que una ley aprobada, sancionada y promulgada pueda sufrir modificaciones bajo una supuesta “fe de errata”. La actuación del director general del periódico estatal de publicar un texto modificado de la Ley 47 luego de su promulgación es violatoria de manera flagrante de normas constitucionales que exigen aprobar una nueva ley para modificar otra ya existente.
Esta publicación crea un precedente funesto, sin lugar a dudas inquietante y perjudicial para la seguridad jurídica a ser siempre respetada por las autoridades públicas y que debe imperar en todo momento en el sistema legal panameño.


FERNANDO GÓMEZ ARBELÁEZ ABOGADO


Ver texto completo en La Prensa, Defensor del Lector Jueves 12 de Septiembre del 2013e
Ver versión completa la Gaceta Oficial 27,351-A aqui.

Fe de erratas de la Gaceta Oficial No. 27351-A
FE DE ERRATA
ASAMBLEA NACIONAL
PARA CORREGIR ERROR INVOLUNTARIO EN LEY No. 47 DE 6 DE AGOSTO DE 2013, EMITIDO POR EL(LA) ASAMBLEA NACIONAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL No. 27346 -C DE 6 DE AGOSTO DE 2013
PARA CORREGIR ERROR INVOLUNTARIO EN LA PUBLICACIÓN DE LA LEY NO.47 DE 6 DE AGOSTO DE 2013, EMITIDA POR LA ASAMBLEA NACIONAL Y PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DIGITAL NO.27346-C DE 6 DE AGOSTO DE 2013, LA MISMA SE PUBLICA ÍNTEGRAMENTE, VISIBLE EN LA VERSIÓN COMPLETA DE LA GACETA OFICIAL DIGITAL.

lunes, 12 de agosto de 2013

Las acciones al portador

Las acciones al portador | Por José María Alcántara 

La prensa panameña reporta agitación, protestas y entretelones en la discusión del Proyecto de Ley que pasó el Martes 23 de Julio por la Comisión Legislativa de la Asamblea

El Proyecto de Ley No. 568, que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador, pasó triunfalmente por la Comisión Económica y Finanzas de la Asamblea Nacional no obstante su aparente gravedad para los intereses panameños y se convirtió en Ley 47.

La prensa panameña reporta agitación, protestas y entretelones en la discusión del Proyecto de Ley que pasó el Martes 23 de Julio por la Comisión Legislativa de la Asamblea. Había sido presentado a la Asamblea por el Gobierno en Febrero bajo las presiones de la OCDE y el Foro Global, en el que se integra Panamá, contra la liberalidad de las leyes panameñas en relación con la evasión de capitales y lavado de dinero.

Esa presión foránea llegó a producir una cierta conmoción interna en Panamá reabriendo viejas heridas de justo nacionalismo. Mientras algunos defendieron el Proyecto con el argumento realista de que Panamá debe adaptar su legislación sobre sociedades anónimas al entorno internacional dominante, la mayor oposición vino del partido en la oposición (PRD) y curiosamente del sector marítimo. Dentro del mismo las opiniones se dividieron sobre si el Proyecto afectaba o perjudicaba a la Marina Mercante y al Registro de Naves panameño, alegándose por los más que la Ley 2 de 2011 instauraba una formula de identificación del titular de las acciones mediante requerimiento al abogado de la sociedad anónima para obtener la información que identifique a su cliente bajo pena de sanciones, que había sido aceptado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos; no se ha explicado cómo puede aplicarse la fórmula si el abogado desconoce la identidad del titular al ser acciones al portador o cómo coexistiría, en todo caso, el requerimiento informativo con el secreto profesional y el servicio al cliente. Pero donde hay línea común de acuerdo es en que los Registros Abiertos de Liberia, Islas Marshall y otros, que no ponen restricciones a las acciones al portador, resultarán beneficiados y los dos primeros son destacados competidores del Registro Panameño de Naves. Ese aspecto preocupa al sector marítimo porque podría provocar la huida de tonelaje mercante a otros paraísos fiscales opacos.

Los funcionarios del Gobierno y abogados de Bancos sostenían el Proyecto porque Panamá debe salir de la lista de “paraísos fiscales” y complacer a la OCDE para garantizar el flujo de las inversiones y créditos procedentes de las entidades financieras internacionales, que de otro modo podrían suspenderse y causar iliquidez al país. Parece realista, pero no está bien explicado ni parece convincente ante un análisis de agravio comparativo ,por ejemplo, ante legislaciones permisivas en algunos Estados de la Unión, y ante la no disimulada presencia de países miembros de la OCDE en la creación y mantenimiento de “paraísos fiscales”. Como ha dicho algún comentarista lucido (Fernando Gómez Arbeláez) “otras premoniciones infernales” no fueron sustentadas ante la Asamblea.

Entonces, ¿sucede que Panamá va a ceder soberanía? El correcorre de voces ha sido sonoro y se ha hecho el patio amplio eco de una supuesta preocupación de los banqueros panameños ante la posibilidad de recortes crediticios internacionales. Situando así a la Banca panameña frente al presunto perjudicado, el Registro de Naves. No puede pedirse un mejor debate. Pero el Proyecto, que conmocionó a muchos no llegó a conmover a los diputados ni a la opinión pública, siendo aprobado por cómoda mayoría en el pleno de la Asamblea el día 25.

Entonces, ya que por ahora se nos ha hurtado el debate nacional ,aunque probable sea contar con una advertencia de inconstitucionalidad en relación con la retroactividad establecida en los Art. 4 y 24 para las sociedades ya inscritas, será oportuno examinar las entrañas del problema.

La Exposición de Motivos la justifica por los nuevos estándares internacionales en materia de transparencia. Pone el acento en la necesidad de mejorar la imagen de Panamá como país cooperador en la lucha contra el mal uso de los servicios financieros, Se perseguiría, así, con la nueva normativa una ejemplaridad de la conducta de Panamá en el marco financiero internacional. Es cierto que se trata de un asunto capital para los 120 países que integran el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información. La revisión de pares del Foro Global estimaba que Panamá debía aprobar una ley como ésta para dotarse de un sistema de transparencia necesario en el mundo moderno afectado por la lucha contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y el terrorismo. Pero, sin embargo, la inmovilización de acciones al portador no es una medida concreta propuesta por el Foro Global ni es un estándar internacional en materia de intercambio de información y transparencia, sino que lo es la obligación de cumplir con los objetivos de seguridad determinados; 20 de los 34 países de la OCDE tienen leyes vigentes que permiten el uso de acciones al portador y no han imitado la senda de Panamá, sobre, todo los Estados Unidos. Por lo que la motivación puede ser la invocada, pero no esta demostrada.

También se aduce que se pretendería evitar que los abogados panameños incumplan con la actual obligación legal, conforme a la vigente Ley 2 de 2011, de facilitar el nombre del dueño de las acciones al portador cuando son requeridos al efecto por las Autoridades. Cierto que ha ocurrido y ocurre, pero hay otros medios de inspección y de coacción legal al alcance del Gobernante que harían innecesario inutilizar las acciones al portador. No parece convincente, aunque la Ley 2 tampoco ha revelado ser una eficaz garantía de control, tal como está vigente.

La medida o solución introducida por la Ley 47 es la de poner los certificados de acciones al portador bajo la custodia de una agente autorizado, sin eliminarlas completamente. En su Art. 3 adopta un régimen de custodia obligatoria pero privado; de tal forma que el propietario ­ suponemos que será el legitimo tenedor ­ de las acciones emitidas al portador elegirá y designará mediante contrato, reputado mercantil, un depositario custodio a quien entregará los certificados de acciones respectivas. El emisor de las acciones deberá entregar los certificados de los títulos al Custodio, a cuyo efecto el propietario o detentador legitimo de los mismos deberá previamente facilitar al ente emisor los datos completos de dicho Custodio. Si así no sucede, entonces (Art. 5) la ley ha previsto que en el plazo de 20 días la sociedad emisora proceda a anular la emisión de las acciones. Obsérvese que la ley no prohíbe realizar la emisión sin constancia previa de la identidad del Custodio, por lo que, dentro del plazo previsto para cumplimento las acciones ya emitidas pueden haber sido puestas en circulación y no encontrarse bajo custodia, con lo que la transmisibilidad podrá haber operado y la anulación no tendrá eficacia alguna.

El Custodio Autorizado es un personaje atípico, ya que no se debe ni obliga frente al Depositante que le contrata únicamente sino que habrá de darse de alta en registros públicos y tendrá obligaciones informativas para con las Autoridades Competentes y estará sometido a la vigilancia administrativa de la Superintendencia del Mercado de Valores o de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. Será un contrato mercantil de depósito de títulos valores bastantes “sui generis” y no incardinable por entero en el ordenamiento privado, ya que, estará sometido el Custodio Autorizado a un régimen administrativo sancionador (Art. 22), bajo prevención de multas pecuniarias y de suspensión del ejercicio de la actividad, con lo que el contrato mercantil podrá terminar por acción de la Autoridad y de forma ajena a la voluntad del Depositante,incluso si el mandato mercantil de guarda y custodia hubiese sido cumplido. No nos parece que la ley introduzca un “régimen de custodia privada”. La figura del Custodio Autorizado no puede ser, por tanto, menos que controvertida. Se ha criticado que mediante el Custodio Autorizado se establece una carga adicional y un armazón burocrático que devengará el pago de nuevos servicios y retraerá al accionista ante la complejidad del tejido de obligaciones en torno a unas acciones cuya esencia misma es la flexibilidad.

Por ende, el mecanismo de la transferibilidad intervenida previsto en los Arts. 12 y 13, condicionando la perfección de la transmisión al Adquiriente nuevo poseedor o tenedor a la notificación formal al Custodio amén de a la declaración jurada de identidad del Adquiriente es ­ si no impeditorio ­ bastante inhabitual y entorpecedor del funcionamiento del mercado bursátil.

Coincidimos con el Dr. Eduardo Morgan en el punto de vista de que se produce una cierta desnaturalización de la sociedad anónima panameña y que los aspectos positivos de la Ley están por ver, dado el régimen de control ideado mediante una custodia material de derechos cartulares que complicará la administración del mecanismo y creará una nueva casta de “funcionarios custodios”, cuya propia posición en el fiel de los intereses convergentes será poco fácil de desempeñar con rigor.Añadiremos que una Ley de propósitos tan complejos y ajenos a la práctica del Derecho societario resultará inocua ,si no fallida.

Pero, ¿y el sector marítimo? Efectivamente, ahí llegamos para concluir este comentario. No es aceptable pontificar, como se ha hecho, que la Ley no afectará al Registro de Naves, con independencia de que por otros factores éste tenga su propio derrotero de crecimiento o mengua. Pero tampoco hace al caso que el Registro de BVI tenga una ley inmovilizadota de acciones al portador y que en 2012 incorporase más sociedades que Panamá (casi el doble). Es fácil maniobrar con las estadísticas, Realmente , el Registro de Naves de Panamá es 100% de origen extranjero y las sociedades anónimas propietarias no son proclives a depositar sus acciones, emitidas al portador para su previsible circulación, en manos de un tercero, con lo que las preocupación del sector marítimo panameño es fácilmente compartible. Se habla de perdidas de $500 millones para Panamá (Federación Interamericana de Abogados). No es posible, así, minimizar los efectos negativos de la Ley 47 para el sector marítimo panameño y la fuga a otros registros “complacientes” no es descartable.

Empero, queda la cuestión de la “imagen internacional” de Panamá. Sobre este importantísimo extremo no se puede ser ingenuo sobre cómo, por quién y por qué se dictan las reglas. Hay que pensar que la Ley 47 era inevitable y que su precipitación en Panamá era, quizás, insuperable o ineludible. Pero Panamá tiene legislaciones de control, penal y administrativo, a su alcance en desarrollo y perfectibilidad,que estimamos potenciales, de la Ley 2 de 2011 que podrían probablemente haber sido puestas en el juego y sobre la mesa a fin de que los objetivos de seguridad ­ cuya exigencia no debería se compatible con plazos de 2 años para entrada en vigor y de hasta 5 años para la aplicación a los certificados de acciones ya emitidos ­ perseguidos por el Foro Global, club al que Panamá pertenece, se hubiesen cumplido de forma menos onerosa para el país y, desde luego, en modo coexistente con la propiedades mercantiles de los títulos al portador, cuya naturaleza sigue siendo intocada e imperturbada en la mayoría de los países de economía de mercado que habitan la OCDE. Se puede especular más sobre los “pros” y “cons”, pero creemos que el verdadero debate o discusión jurídica no ha tenido lugar aún en Panamá y que incomprensiblemente, el Proyecto 568 se hizo Ley 47 como el Misterio de la Encarnación: sin romperlo ni mancharlo.

Publicado: 9:57 AM, 12 de Agosto 2013 - 

miércoles, 31 de julio de 2013

Tarde en la Comisión de Economía

En un solo día fue aprobado por la Comisión de Economía de la Asamblea el Proyecto de Ley 568 para restringir las acciones al portador.   Luego de las sustentaciones por parte del Vice Ministro de Finanzas De Lima y el Administrador Cucalón de la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos, se le concedió la palabra a las siguientes personas: Licenciado Jaime Alemán en representación de la firma de abogados Alemán, Cordero, Oalindo & Lee; licenciado Raúl Guisado de la Asociación Bancaria de Panamá; licenciada Gisela de Porras, abogada independiente; Mercedes Araúz Grimaldo, ex presidente del Colegio Nacional de Abogados; Enrique De Alba de la firma de abogados Morgan & Morgan; y Fernando Gómez, abogado independiente y economista.
En el curso del debate intervinieron en el uso de la palabra los H.D. Adolfo Valderrama, manifestando su posición a favor del proyecto de ley con la preocupación de escuchar con mayor amplitud la posición de los grupos que se oponen a esta iniciativa; el H.D. Crispiano Adames Navarro, manifestando su deseo de conocer que efectos económicos pudieran darse con la implementación de esta Ley; el H.D. Renaúl Domínguez, manifestando su preocupación por el poco tiempo que se ha otorgado para el análisis del proyecto dada su connotación técnica; el H.D. Rony Araúz, manifestando que es una excelente oportunidad para que Panamá se ponga a compás de los estándares de transparencia que demandan los organismos internacionales; en general se hicieron cuestionamientos al proyecto que fueron absueltos por el licenciado Dado Espinoza, Vice Ministro de Finanzas y el licenciado Luis Cucalón de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos.
Firmaron el Informe los diputados Nelson Jackson Alma, Luis E. Lay Milanes, Rony R. Arauz G., Absalon Herrera, Hector E. Aparico, Juan Carlos Arosemena, Crispiano Adames Navarro y Renaul A. Dominguez V.   No firmó Adolfo T. Valderrama
El abogado Fernando Gómez nos da sus impresiones de la sesión.



LA VOZ CALIFICADA

TARDE EN LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS
LEGISLACIÓN
FERNANDO GÓMEZ ARBELÁEZ


Raramente las sesiones de una comisión legislativa de la Asamblea Nacional empiezan a la hora programada, pero ese nublado martes 23 de julio iba a resultar en una contada excepción.  


Luego de que el reloj hubiera marcado las dos de la tarde, hora formal de la convocatoria a sesión, el recién estrenado presidente de la Comisión de Economía y Finanzas —diputado que había jurado el cargo, a la par que los demás miembros de la Comisión, el día anterior— daba inicio al primer debate del controversial proyecto de ley 568, “que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador”.



El debate no era novedad: este proyecto, originalmente presentado a la Asamblea por el Ministerio de Economía y Finanzas en febrero pasado bajo las presiones de la llamada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y su Foro Global, comenzó meses atrás en una comisión constituida por otros diputados.  


En abril, luego de que ese ministerio comunicara a algunos interesados, por medio de un escueto mensaje de correo electrónico, que el documento no progresaría, el debate legislativo se detuvo de manera abrupta.  Sin explicaciones del Gobierno ni de la Asamblea, estaba por reiniciarse en julio de parte de diputados que en su mayoría no habían considerado el tema previamente.



El salón de reuniones, de por sí bastante reducido, era insuficiente para acoger a los participantes.  En un limitado espacio se aglomeraban los comisionados junto a los particulares, incluyendo a abogados, banqueros, representantes de gremios y entidades marítimas, entre otros.  Por el lado de las autoridades se encontraban un novel viceministro de Finanzas con varias semanas en el cargo y el director de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP).



Pocos diputados hicieron uso de la palabra.  A pesar de que el proyecto de ley cubre un denso material técnico distribuido en 27 extensos artículos, ninguno hizo preguntas sobre ellos ni discutió su contenido. 



El protagonismo del debate, centrado en la conveniencia o no del proyecto, quedó en manos de los particulares y funcionarios invitados, a quienes el presidente ofreció con amplitud la oportunidad de intervenir.  No muchos, sin embargo, tomaron el micrófono.  Unos abogados lo defendieron, alegando que el régimen actual de sociedades anónimas había dejado de ser práctico y rentable, por lo que acceder a las solicitudes del Foro Global de la OCDE no debería producir implicaciones negativas para el país.



Otros, por su lado, en especial abogados del sector marítimo, observaron que el proyecto pone en peligro a la marina mercante en el registro panameño, dado que las acciones al portador de los principales competidores de Panamá, como Liberia y las Islas Marshall, no tienen las restricciones que el proyecto impone a las sociedades panameñas.  Recordaron que incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aceptado públicamente que nuestro país, bajo la Ley 2 de 2011, exige conocer a quienes estén detrás de las acciones al portador, requiriendo cierta información que un abogado debe obtener para identificar plenamente a su cliente, so pena de sanciones para quienes la incumplan.



De parte de los funcionarios, el futuro era uno de oscuros nubarrones, tantos que quizá no  habría futuro para Panamá si este proyecto dejaba de ser aprobado.  En su opinión, Panamá quedaría en una de esas tantas “listas oscuras” de denominados “paraísos fiscales” que rutinariamente son elaboradas por los países ricos y su cartel, que es la OCDE.  Agregaban que la inversión extranjera caería y los créditos de las instituciones financieras internacionales serían suspendidos, dejando al país en iliquidez.  



En otras palabras, nuestro desarrollo socioeconómico quedaría obstaculizado por quienes nos siguen considerando como “paraíso fiscal”.  Esta amenaza, nunca explicada en detalle y menos enfrentada internacionalmente por las autoridades panameñas, ha sido uno de los factores para que algunos banqueros, preocupados por la pasividad de estas ante semejante posibilidad, urgieran su apoyo al proyecto.  Se habló hasta de la obligación de cumplir con un supuesto “tratado con el Foro Global” —no de la obligación de cumplimiento que los demás países tienen bajo auténticos tratados firmados con Panamá— y de otras premoniciones infernales que tampoco fueron sustentadas.



Al final de la tarde, el proyecto fue aprobado por mayoría, con tres abstenciones y ningún voto en contra.  Su compleja redacción pasó sin análisis, al igual que sus planteadas consecuencias.  Dos cortos días después, el jueves 25 de julio, sin que ningún particular, organización o gremio interesado fuera invitado, el pleno de la Asamblea votó apresuradamente el proyecto 568 en segundo debate, también sin que recibiera una discusión relevante entre los diputados.



No cabe duda de que en su aventurada premura legislativa, los diputados abandonaron su deber de profundizar en las realidades y efectos nocivos que este proyecto, uno que los propios funcionarios dan a entender es el resultado de un velado chantaje de ciertos países ricos, tendrá para Panamá.



Tarde será cuando los diputados adviertan que su aprobación implica un injustificado reconocimiento tácito a las aseveraciones de quienes afirman que el régimen legal panameño, en sus 86 largos años de continua aplicación desde que fuera adoptada la Ley 32 de 1927 sobre sociedades anónimas, ha carecido de transparencia. 



Tarde será cuando adviertan que Panamá ha podido defender sus leyes mediante estrategias inteligentes y esfuerzos concertados, a cambio de la notoria sumisión de autoridades que no tienen la voluntad o la capacidad de enfrentar esos retos a nivel local e internacional. 



Tarde será cuando adviertan que al ceder Panamá ante presiones externas y demostrar así la debilidad de su gobierno, brinda una nueva oportunidad para caer objeto de presiones adicionales por parte de quienes no se cansan de poner etiquetas negativas de cualquier tipo a Panamá.



Tarde será para advertir que con este proyecto de ley, Panamá ha cedido nuevamente, tal como en 1903, su soberanía nacional.


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