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sábado, 20 de junio de 2020

Panama vs las listas de la Union Europea

PANAMÁ vs LAS LISTAS DE LA UNIÓN EUROPEA.

Para entender el fenómeno de las listas discriminatorias europeas, debemos situarnos en el contexto historico y económico, para luego entender el problema geopolítico de fondo.
Desde el punto de vista histórico, debemos remontarnos a inicios de siglo, con el advenimiento del Euro como moneda que buscaba arrebatar al dólar el sitio de moneda de referencia y de intercambio internacional y de refugio.
En realidad, lo que ha sucedido es que el euro ha reemplazado al marco alemán y todas las demás monedas europeas que forman parte del sistema monetario europeo se han sometido a la visión puramente economicista del manejo monetario alemán.
Este fenómeno es de relevancia para comprender que en la gran competencia económica mundial, ciertos países como Francia, han perdido su libertad de determinar su política monetaria, lo que se ha vuelto una limitante en periodos de crisis, para hacer más competitivas sus economías.
Frente a esta realidad y por el abultado volumen de sus deudas, los países de la OCDE están necesitados de dinero fresco. Las crisis del 2008 y las siguientes no han hecho más que agravar el estado de sus deudas y de incrementar la necesidad de dinero fresco que ya no se puede conseguir con el aumento constante de impuestos. A esto, debemos agregarle el alto costo de los beneficios sociales que deben sufragar y el bajo nivel de crecimiento económico que fluctúa en niveles por debajo del 3% anual.
El fenómeno de las listas no es solamente económico. Es doblemente político. A lo interno de cada uno de estos países, la necesidad de cumplir con las promesas electorales y costear el nivel de vida. Generan una presión enorme, ya sea que el Partido gobernante sea de derecha o de izquierda.
A nivel externo, la problemática se sitúa en la competencia internacional. Desde el caso de Credit Lyonais en USA, donde el Estado francés se vio obligado a pagar cientos de millones de dólares en multas, hasta el caso Google y otros que se han visto condenados a pagar multas multimillonarias a la Union Europea, pasando por el Brexit de una Inglaterra que estuvo, se benefició y se salió, que fue aliado pero no tan leal y solo para su conveniencia y que ahora formará bloque con sus primo hermanos de América.
Esta situación de guerra silenciosa sin cuartel es relevante para entender la carrera de obstáculos con Derecho a zancadillas a la que juegan los grandes países. En ese contexto estamos nosotros.
Panamá es un pequeño país que compite. Somos importantes dentro del contexto económico. Europa nos mira como país instrumento bajo el paraguas de USA, al cual se le puede pegar porq no responde.
Como Panamá es un país que no juega a las alianzas ni da riespuesta, es fácil acusarnos de ser un país casi delincuente y de colocarnos en todas las listas que quieran.
Así mismo, en Europa hay esa idea profunda que en Panamá se esconden, debajo de las almohadas, las riquezas más importantes del mundo. En Europa no se explican como este país sigue teniendo niveles de crecimiento que superan los de Europa y por tanto tiempo.
En definitiva, huérfanos de amigos y padrinos, inmóviles, con una carga de culpa enorme, con un pasado que nos condiciona y con historias de corrupción frecuente, Panamá además se ha convertido en el chivo expiatorio perfecto.
Qué hacer? Cómo enfrentarlo?
Lo primero que debemos hacer es entender la historia. Los pueblos europeos, incluyendo USA, solo negocian cuando las relaciones de fuerza no están en su favor, a menos que ya hayan obtenido lo que quieran.
Como Panamá no se defiende, seguirán pidiendo. La relación de fuerza está en su favor. Nada ha hecho Panamá para cambiar este escenario. La política de Panamá ha sido la de dar lo que se pida. El resultado es que nos siguen pidiendo, sin que sepamos cuál es el límite y de fondo qué es lo que realmente buscan.
Como no tenemos una estrategia clara y no conocemos la historia, seguimos tirando golpes al aire, a ciegas y seguimos recibiendo golpes al rostro.
Por ello, reiteró mis comentarios anteriores. La relación de fuerza existente debemos cambiarla, al menos, neutralizandola. Creo que se debe revisar la estrategia seguida hasta el momento q no ha dado frutos o q los frutos son discutibles.
La Vice Ministro de Asuntos Multilaterales y de Cooperación nos hace una lista de sugerencias, las cuales compartimos, pero que nos resultan insuficientes para enfrentar la situación que hemos descrito.
El problema no solo se encuentra en las relaciones establecidas por decisión de la OCDE al margen del Derecho Internacional Público, donde mediante el uso de intimidación, fuerza y hasta violencia, nos coacciona para adoptar medidas en contra de nuestros propios intereses.
Todo esto, en virtud de nuestro sentimiento de culpa, de la relación incesante y creciente de la corrupción y la delincuencia con el manejo de la cosa pública, que hace creer que Panamá es un paraíso para los delincuentes con dinero, locales o extranjeros.
Esta limitante nos hace poco creíbles en la escena internacional.
Sugerencias...
Debemos poner orden en casa y dar muestras reales que somos un Estado de Derecho.
La empresa privada, el ciudadano de a pie, los comerciantes, los profesionales, los políticos, todos debemos trabajar para construir un mejor país, lejos de la corrupción y de lis malos manejos.
Quien dice seriedad, dice credibilidad y esto conlleva confianza. Y el problema inicial que nos enfrentamos es que actuamos con culpa, pero demostramos ser poco serios o poco confiables o nada creíbles. El juega vivo se acabó.
Por otro lado, debe haber una campaña internacional, donde nuestros embajadores sirvan para algo más que promover la economía nacional.
Nuestros diplomáticos, a nivel mundial, deberían dedicarse a dar entrevistas, escribir en la prensa, visitar medios de comunicación, entablar conversaciones con gremios de estos países y visitar las Instituciones de los países que nos atacan para explicar hasta el cansancio lo que estamos haciendo.
Al mismo tiempo, el gobierno nacional debe llamar a consultas a los embajadores de Panamá ante la Union Europea...
El gobierno nacional debe llamar a los embajadores de los países q votaron contra Panama.... para expresarles nuestra desaprobación, y entregarles una carta de protesta.
El gobierno de Panamá debe suspender todo nivel de cooperación no esencial....
El gobierno de Panamá debe presentar la queja ante los organismos internacionales...
El gobierno de Panamá debe suspender todo contrato público en los q participen empresas de la unión europea...
Hay muchas otras acciones diplomáticas y jurídicas q deben ser asumidas en defensa de los intereses y la dignidad nacional...
Mientras tanto, el gobierno nacional debe preparar una respuesta a la unión europea demostrando una vez más las extremas modificaciones que han sido adoptadas...
El gobierno de Panamá debe buscar aliados y entre ellos, acercarnos a los vecinos del norte... y de cualquier otro horizonte, denunciando el atropello...
El gobierno de Panamá debe pedir audiencia ante el parlamento europeo... ante las Instituciones europeas y adoptar una posición activa...
Si no lo hacemos, seguiremos recibiendo el trato discriminatorio que nos vienen dando.
Ariel I. Corbetti @acorbetti
Máster en Derecho Civil 1994-1995
Estudiante de Máster en Derecho de los Negocios 2019-2020
Universidad de París

martes, 1 de diciembre de 2015

Desde un infierno fiscal todo lo demás es paraíso


26/10/2015

Desde un infierno fiscal todo lo demás es paraíso

Por: Carlos Ernesto González Ramírez
En el reciente informe del Foro Económico Mundial sobre la competitividad de los países, muchos de los que nos califican de paraíso fiscal, destacan por ser verdaderos infiernos fiscales.

Entre los diecinueve que tienen las más altas tasas impositivas, aparte de un grupo de países africanos, se encuentran los siguientes: Argentina, con impuestos a las empresas que ascienden al 137%, siendo el mayor infierno fiscal del mundo; Bolivia con 83.7%; Colombia con impuestos que gravan a las empresas con 75,4%; Brasil con 69%; Francia con 66%; Nicaragua que impone 65.8%; Venezuela con 65.5%; Italia con 65.4%;  y España con 58.2%.

De este grupo de países, todos menos Nicaragua y Bolivia (ambos con sistema fiscal territorial, como Panamá) nos han tenido o nos tienen en una lista de paraíso fiscal. Es obvio que para ellos, en donde la iniciativa privada es castigada a niveles impensables, nosotros que la promovemos y la incentivamos, somos un paraíso en donde se viene a buscar refugio.

Algunos nos han sacado de las listas. España y Francia porque tenemos acuerdos para evitar la doble tributación entre nuestros países. Esto les permite saber si sus contribuyentes tienen recursos no declarados en Panamá, a la vez que hace atractiva la inversión de dichos países en nuestro país, por lo que Panamá obtiene un beneficio tangible por el intercambio de información fiscal. El otro país que nos tuvo en la lista y nos sacó es Colombia. La amenaza de retorsión de Panamá logró que iniciara una negociación para un tratado, al cual Colombia se negaba.

Hay que resaltar que, en el caso de Francia, teníamos firmado el tratado, pero dicho país no lo ratificaba y, encima, nos metieron en otra lista negra. Eso trajo inmediatamente la reacción de Panamá amenazando con adoptar medidas de retorsión, lo que logró no solo que nos sacaran de la lista, sino que ratificaran el tratado.

Italia, que ha firmado un tratado para evitar la doble tributación con Panamá, aunque  oficialmente no nos mantiene en la lista, en la práctica aplica una supervisión adicional a las transacciones con Panamá. Todo con la excusa que el tratado no está vigente, pero es Italia quien no aprueba el tratado. Es hipocresía y doble estándar inaceptable que nuestro gobierno debe atender con medidas de retorsión. Y es que el caso Italiano es realmente inamistoso, porque tampoco quieren ayudar en los casos de corrupción en los que sus ciudadanos han estado involucrados directamente.

Los demás, Argentina, Brasil, y Venezuela nos tienen en listas negras actualmente. Panamá llevó a Argentina a la OMC, al considerar que violaba las normas de ese tratado internacional. Panamá ganó el proceso en primera instancia y esperamos que logre lo propio ante el Órgano de Solución de Diferencias de darse la apelación. Este triunfo tiene un enorme valor jurídico, moral y de imagen. El mismo debe ser usado en contra de Venezuela y Brasil para comenzar a alinear a estos infiernos fiscales.

Otra cosa que sobresale de esta lista es el hecho de que varios pertenecen al G20, cartel de infiernos fiscales que impulsa las “movidas” de las metas del Foro Global. Es por esto que la propuesta del señor Presidente de mover ese tema a la ONU es la correcta y la que el país debe perseguir, a la vez que se olvida del mal llamado Foro Global.

Obviamente todos estos países están fracasando en sus políticas económicas y fiscales, ya que sus economías están mal y, en algunos casos, su endeudamiento internacional no se detiene y crece a niveles exorbitantes.

Veamos dos ejemplos, uno europeo y otro americano. España ha crecido un promedio de 0,67% anual de 2005 al 2014. Si, ya sé, me dirán que ese es un caso extremo por el problema del famoso ladrillo. Por eso no me fui con el caso venezolano en América. Preferí ver el promedio del país de moda en esa década, Brasil. Su crecimiento fue muy superior al español, pero sumamente decepcionante. El promedio fue de 3.4% anual y en proceso de disminución rápida.

Por supuesto, ambos palidecen ante el crecimiento promedio de Panamá: 8.2%. Tal vez uno de los más altos del mundo durante un período en el que la mayoría de las economías mundiales estuvieron en situación complicada, para decir lo menos.

Pareciera evidente que estos infiernos fiscales debieran emularnos en vez de listarnos. El camino probado es el de la libertad económica, la responsabilidad fiscal y la democracia liberal.

El autor es vicepresidente de la Fundación Libertad

Ver más en http://www.fundacionlibertad.org.pa/html/index.php?id=6

jueves, 16 de octubre de 2014

Cuando la retorsión es inevitable



ECONOMÍA
Fernando gómez arbeláez

Avisada, pero inesperada por muchos, ha sido la comunicación oficial procedente de Bogotá manifestando que el Gobierno colombiano ha incluido a Panamá en su lista de 41 “países, jurisdicciones, dominios, estados asociados o territorios” que Colombia, desde su individual punto de vista e interpretación del concepto, califica como “paraísos fiscales”.

En un acto arbitrario que desestima  normas de derecho internacional, y  las buenas relaciones con un país vecino de  hermandad singular e histórica, el presidente, Juan Manuel Santos, junto a su ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, promulgó el martes pasado el Decreto 1.966 de 7 de octubre de 2014, reglamentario del Estatuto Tributario (ET) colombiano — equivalente a nuestro Código Fiscal — por medio del cual Panamá queda penalizada con semejante calificación hasta la fecha en que suscriba “un tratado o  acuerdo internacional que permita el efectivo intercambio de información con la República de Colombia”.  

Según declaraciones brindadas por Cárdenas al día siguiente, mientras Panamá no suscriba ese tratado, “el decreto seguirá vigente”.

Agravando más la situación, el jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Santiago Rojas, se pronunció de forma similar, argumentando que la medida busca “cerrar el cerco a la gente que esconde plata en otros países” e implicando así que Panamá favorece el encubrimiento en sus bancos de recursos de origen   extranjero.

Para Panamá, el hecho de ser calificada por el Gobierno de Colombia como “paraíso fiscal” significa, de acuerdo a las disposiciones del ET colombiano, la aplicación de diversas sanciones discriminatorias, entre las que se destacan:

1. Serán considerados como residentes fiscales colombianos las personas naturales nacionales colombianas — portadores de pasaporte colombiano — que tengan residencia fiscal en Panamá (Art. 10) y, por consiguiente, estarán sometidas a impuesto sobre la renta sobre sus rentas de fuente mundial.

2. Los pagos realizados a personas ubicadas en Panamá, por concepto de rentas de fuente nacional colombiana, estarán sometidos a una retención en la fuente del 33% (Art. 408) y por regla general, no serán deducidos como costo o deducción al determinar el impuesto sobre la renta (Art. 124-2).

3. Toda operación que realice un residente fiscal colombiano con una persona ubicada en Panamá estará sometida al régimen de precios de transferencia, sin importar si son o no vinculados económicos y tendrá, en consecuencia, que presentar documentación comprobatoria (estudio de precios de transferencia) y declaración informativa de precios de transferencia (Art. 260-7).

4. La tarifa general de retención en la fuente para los inversionistas de portafolio del exterior domiciliados en Panamá será del 25%, mientras que la retención en la fuente para aquellos que no están domiciliados en paraísos fiscales es del 14%  (artículo 18-1).


A lo largo de innumerables décadas, la política exterior colombiana se había caracterizado por su escrupuloso respeto a  las normas de derecho  internacional.  

Ahora, esa política ha cambiado notoriamente.  En su calificación unilateral en contra de Panamá, el gobierno de Santos desconoce el derecho internacional con abierta procacidad, intentando presionar de modo amenazante a otro Estado, el nuestro, para obligarlo a suscribir un tratado.  

Esta inaceptable nueva práctica colombiana es violatoria de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de la cual ambos Estados son signatarios, específicamente la Sección Segunda (“Nulidad de los tratados”) de su parte V.  

Bajo el aspecto legal internacional, las presiones colombianas deben permanecer desatendidas por Panamá.

De este señalamiento discriminatorio, del que el gobierno de Santos pareciera asumir no tendrá consecuencias negativas para las relaciones bilaterales, hay varios responsables. 

Los más evidentes son los diplomáticos panameños en Bogotá y los colombianos en nuestra capital.  

Ninguno habría percibido la gravedad del asunto a tiempo, ni tampoco hecho lo suficiente para advertir a sus respectivos gobiernos que esta actuación colombiana era indeseable para las buenas relaciones entre ambos.

Tan responsable de las erradas presunciones colombianas es la manera torpe e irreflexiva en la que el gobierno anterior llevó a cabo las negociaciones panameñas sobre tratados de intercambio de información fiscal y para evitar la doble tributación. 

 Sin una explicación válida, estas negociaciones se escaparon de las manos de la Cancillería para caer en las del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad que carecía tanto de la idoneidad como de la capacidad técnica para realizarlas. 

 Los equipos negociadores panameños fueron conformados, en su mayoría, por inexpertos funcionarios y asesores externos con una mínima, si alguna, preparación y experiencia en negociaciones internacionales panameñas, y con todavía menos conocimiento de las relaciones internacionales y el derecho  internacional.

Fueron numerosos los desaciertos cometidos a partir de 2009 mediante el secretismo en la negociación, la nocturnidad en la aprobación y la celeridad de la entrada en vigencia de esos tratados tributarios, entre los que se resalta al acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos de 2010.  

Ninguno fue negociado de cara a la ciudadanía, la que de ellos solo tuvo noticias luego de concluir su abreviado proceso  negociador.  

Todos se dieron bajo las amenazas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y su llamado “Foro Global”.

No se quedan por fuera algunos representantes de la banca en Panamá, que en ese entonces aplaudían la negociación apresurada de esos tratados en pro de una supuesta “transparencia informativa”, siempre y cuando estos no fueran firmados con determinados países de donde se origina una mayoría de sus clientes, como Colombia.

Ahora el daño está hecho y no puede repararse dándole curso a las ilegítimas presiones colombianas.  La dignidad panameña ante la actuación del gobierno de Santos impide siquiera iniciar una negociación sobre el tratado que Colombia indebidamente pretende.

A Panamá le cabe aplicar medidas de retorsión.  En el lenguaje de las relaciones internacionales, estas son las prohibiciones o restricciones que un Estado, conforme a derecho, aplica a otro Estado que hubiera empleado en su detrimento acciones de igual magnitud.

Nuestra legislación sobre la materia, la Ley 58 de 2002, “Que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la República de Panamá”, contempla su aplicación dentro de parámetros claramente definidos.  Quedarían sujetos a un “trato recíproco” los países que adopten “leyes, reglamentos, prácticas, resoluciones, fallos y sentencias” perjudiciales a Panamá.  

Para ello, una vez identificada la discriminación, el Gobierno “consultará, en un plazo de seis meses, con el gobierno que ha adoptado la medida discriminatoria para lograr una solución bilateral del caso, mediante un acuerdo que elimine los efectos de dicha medida” (Art. 3).

Si transcurrido el plazo de seis meses “no se ha logrado un acuerdo satisfactorio para ambas partes”, el respectivo país será incluido en una lista de países discriminatorios, a los que Panamá podrá aplicarles medidas de retorsión decididas por “el Presidente de la República y el Consejo de Gabinete” (arts. 3-4).

El Gobierno panameño tiene la Ley 58 a su disposición.  De ser necesaria su adaptación a los tiempos actuales, esta puede ser considerada por la Asamblea Nacional.  

Frente a Colombia, nuestro gobierno tiene el deber de tomar acciones recíprocas de aplicación coactiva.  En esta seria coyuntura puede hacer mucho, pero lo único que no puede dejar de hacer es actuar.

lunes, 1 de septiembre de 2014

Panama, en defensa de su economía de servicios


LA VOZ CALIFICADA
PANAMÁ, EN DEFENSA DE SU ECONOMÍA DE SERVICIOS

INTERNACIONAL
Brett R. Patton P. / Eduardo De Alba A.

Son ampliamente conocidos los esfuerzos que hacen grupos de presión conformados en gran parte por países poderosos a nivel económico y/o político,  que incluyen los denominados G-8 y G-20, al igual que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (la OCDE), y su apéndice, el Foro Global.   Estos exigen cambios a países como Panamá, para que nuestras normas jurídicas se acomoden a sus intereses nacionales en preferencia sobre los nuestros.

Está claro que Panamá es parte de la comunidad internacional de naciones y debe comportarse como tal, dentro de los principios en que se funda la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la cual nuestro país fue fundadora en 1945, y, a nivel regional, la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual Panamá también fue fundadora, en 1948.  Ambos organismos existen desde principios de la posguerra y tienen aceptación general a nivel global y regional.

Panamá debe respetar, y actuar frente a los requerimientos de terceros Estados, reconociendo, de forma efectiva, las garantías individuales que protegen constitucionalmente a cualquier persona, nacional o extranjera, domiciliada o residente en Panamá o con bienes o actividades en Panamá, y en forma consecuente con las obligaciones que ha contraído en los  convenios internacionales, de los cuales es parte. 

Fundamentales para este análisis son las garantías que tiene cualquier persona, nacional o extranjera, en Panamá: i) al debido proceso ante cualquier denuncia o investigación que se realice sobre su persona, actividades o bienes; ii) a la presunción de inocencia hasta tanto se le haya condenado en juicio público, ajustado al debido proceso, mediante sentencia en firme y iii) a la privacidad y, por tanto, a la confidencialidad de la documentación e información que se obtenga de dicha persona.

Por tanto, Panamá no debe ceder en el ejercicio de su soberanía territorial y jurídica ante las presiones de ningún otro Estado o grupo de Estados, por más fuertes que de hecho sean, ya que tenemos derecho a exigir y recibir trato igual y equitativo frente a cualquier otro Estado, y a establecer, de forma autónoma y en ejercicio de nuestra libre autodeterminación, nuestro propio régimen jurídico, tanto público como privado, y a que el mismo sea respetado por el concierto de naciones.

Panamá debe cumplir con seriedad los compromisos que adquiera frente a terceros Estados, mediante convenios internaciones, bilaterales o multilaterales, de establecer, recabar, actualizar y divulgar a las autoridades competentes de dichos Estados las estadísticas y la información objeto de dichos convenios. 

Lo debe hacer, sin embargo,  guardando y exigiendo siempre la confidencialidad de dicha información y su utilización única y exclusivamente en una investigación autorizada y realizada dentro del marco de dichos  convenios, y en el  curso de la cual 

se observen debidamente las garantías individuales referidas. 

Por estas razones, Panamá no debe obligarse a suministrar información de forma automática que pueda afectar la seguridad o los derechos de los nacionales o extranjeros que se acojan a la protección del marco jurídico panameño.

Panamá tiene todo el derecho de establecer y mantener el régimen tributario que considere que mejor atiende sus intereses, para el beneficio tanto de sus nacionales como de los extranjeros domiciliados o residentes en Panamá, o con bienes o actividades en Panamá, o que aprovechen lícitamente (conforme al marco jurídico panameño) sus instituciones y estructuras, públicas y privadas.  Cabe señalar que el principio de territorialidad fiscal en Panamá fue adoptado hace más de 60 años, por lo cual es de larga data y aceptación como piedra angular de nuestro sistema jurídico, y no es el producto de un capricho o medida oportunista reciente.

Igual se puede afirmar de nuestro régimen de sociedades anónimas (incluyendo la posibilidad de emitir acciones al portador) adoptado en 1927, hace más de 80 años.  

No está de más recordar que nuestra economía de servicios internacionales fue concebida para proveer o exportar servicios hacia el mundo, de acuerdo a la visión de ilustres gobernantes que se retrotrae a  1916 con la promulgación del Código de Comercio de Panamá. 
Podemos observar que la exposición de motivos de dicho código contempla, entre otras cosas, que debíamos prepararnos para ser “el teatro en donde han de encontrarse hombres de todas las nacionalidades e intereses de todo género en constante actividad”. 

Este espíritu de apertura ha llevado al país a un gran desarrollo en el comercio internacional y en la creación de entidades legales, cuya estrategia consiste en promover servicios para el beneficio de la comunidad internacional y que aportan significativamente al bienestar de Panamá.  Entre ellas, se destaca, en primer lugar, el Canal de Panamá, con su estructura jurídica de administración y desarrollo a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá, complementado por entidades y actividades, como el movimiento comercial de la Zona Libre de Colon, los servicios bancarios, de seguros y reaseguros, los puertos y el sistema multimodal de transbordo de carga a través del istmo, la ley de Sedes de Empresas Multinacionales, y un marco legal que nos ha permitido convertirnos en el país con la mayor flota de marina mercante mundial, tanto en número de barcos como en tonelaje, y en un centro de categoría mundial en la creación y administración de diversos tipos de entidades jurídicas.

Como miembro de la OEA y con respecto a los otros Estados miembros de esta organización, Panamá debe ser respetuosa de sus postulados en materia de la realización de justicia social (léase oportunidades de trabajo, mejoramiento en la distribución de la riqueza, acceso a educación y salud oportunas y de calidad, entre otros).  En tal sentido, Panamá debe colaborar con los demás Estados miembros en la consecución de estos objetivos, incluyendo el respeto a sus sistemas tributarios, siempre que estos sean justos y equitativos tanto en cuanto a sus nacionales como a los  extranjeros sujetos a sus jurisdicciones.

Dicho esto, Panamá no tiene por qué aceptar ni puede ser objeto lícito de medidas discriminatorias, punitivas o confiscatorias que cualquiera de dichos Estados pretenda adoptar unilateralmente contra nuestro país, bajo una calificación de Panamá y de sus instituciones y su marco jurídico, como correspondientes a un pretendido “paraíso fiscal”.  Las diferencias que cualquiera de estos países tenga con Panamá por razón de su régimen tributario tienen que ventilarse por medio de los mecanismos de negociación directa, mediación o arbitraje o de índole parecida a los que hace referencia la carta constitutiva de la OEA, como también la de la ONU. 

Esto, sin embargo, excluye cualquier acto de agresión unilateral de cualquiera de dichos otros Estados miembros contra Panamá o sus nacionales, o los extranjeros que se acojan a las leyes y estructuras panameñas.  Valga resaltar que el concepto de “agresión”, bajo la carta constitutiva de la OEA, no se limita a la fuerza física o militar, sino que  incluye medidas económicas discriminatorias, punitivas o confiscatorias, que pretenda imponer algún otro Estado miembro contra nuestro país, o contra las actividades o los bienes que nuestros nacionales o que los extranjeros, incluso originarios de ese otro país, realicen o mantengan en Panamá, o aprovechando las estructuras jurídicas que su sistema pone a disposición de nacionales y extranjeros por igual.

Panamá debe considerar que, por los canales diplomáticos  pertinentes, sus representantes denuncien ante las asambleas generales de los miembros de la ONU y de la OEA, y ante cualquier otra instancia de estos organismos que esté disponible con este propósito (llámense órganos de consulta, representaciones permanentes, secretarías u otras), estas conductas que caracterizan actos de agresión contra Panamá por otros Estados miembros, pretendiendo ampararse en organismos de los cuales Panamá no es miembro, ni tiene por qué someterse a sus decisiones, objetivos o designios, como es el caso de la OCDE.      

Las exigencias que, por razones de su propia conveniencia, han hecho estos Estados contra Panamá, calificándola como paraíso fiscal,  se convierten en reclamos arbitrarios y violatorios de los compromisos internacionales de esos países frente a Panamá, al amparo de los principios fundamentales tanto de la ONU como de la OEA. Aun cuando dichas exigencias intentan reflejar la búsqueda de acuerdos bilaterales o multilaterales, al fin y al cabo, su propósito real es forzar y doblegar la voluntad soberana de nuestro país para acomodarla a dichas exigencias. 

Estos acuerdos, obtenidos bajo amenaza o coacción, vician el consentimiento de Panamá como Estado soberano e independiente, y, por lo tanto adolecen de nulidad  a la luz del derecho internacional público.

Las exigencias que se nos intenta imponer  representan cambios complejos orientados a restarles importancia y competitividad a países que, como el nuestro, tienen economías importantes de servicios internacionales.  La implementación de las medidas exigidas conlleva la necesidad de que nuestro país asuma un costo elevado, tanto a nivel público como privado, aparte de la merma en ingresos generados por las actividades que resultarían afectadas por la consecuente reducción de  nuestra competitividad.   

Los intereses nacionales de Panamá  se verían afectados de dejarnos llevar por el clamor de estas presiones i) en el aspecto político, como país soberano e independiente y con el derecho a su libre autodeterminación, con base en los principios básicos del derecho internacional público; ii) en el aspecto económico, por razón de la contribución que a nuestra producción de bienes y servicios representa nuestra plataforma de servicios internacionales, en pie desde hace muchísimas décadas y iii) en el  aspecto social, por razón del costo en recursos humanos y financieros que tendríamos que asumir para satisfacer las exigencias de estos Estados a expensas de nuestras verdaderas prioridades, consistentes en el mejoramiento de las oportunidades y de la condición de vida de nuestros ciudadanos, y de los extranjeros que viven en Panamá y contribuyen con su esfuerzo diario a nuestro desarrollo.

Considerando la orientación de los referidos grupos de presión de convertir al mundo globalizado en un mundo fiscalizado por ellos, Panamá debería alzar su voz de protesta ante la marcada posición de estos países de pretender constituirse en garantes de valores democráticos y reclamar, por nuestra parte, que se respeten los derechos establecidos por nuestra Constitución y  nuestras leyes y por el derecho internacional público de aceptación universal.

Ver texto completo en http://www.martesfinanciero.com/history/2014/07/08/voz_calificada.asp




lunes, 3 de febrero de 2014

Panama sigue en Lista Negra de Brasil

Empresas brasileñas como Odebrecht continúan siendo adjudicadas contratos millonarios como la Cinta Costera 3, a pesar de que Panamá está en la Instructiva Normativa que funciona como lista negra de paraisos fiscales para Brasil.
Donde está la ley de retorsión?


Lista dos Paraísos Fiscais segundo a Receita Federal 
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Instrução Normativa SRF nº 188, de 6 de agosto de 2002 (D.O.U. de 9.8.2002)

Relaciona países ou dependências com tributação favorecida ou que oponham sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas.

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no art. 24 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 8º da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e art. 7º da Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000, §1º do art.29 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, § 2º do art. 16 da Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, e arts. 4º e 5º da Medida Provisória nº 22, de 8 de janeiro de 2002, resolve:

Art. 1º Para todos os efeitos previstos nos dispositivos legais discriminados acima, consideram-se países ou dependências que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% ou, ainda, cuja legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade as seguintes jurisdições:

I - Andorra;

II - Anguilla;

III - Antígua e Barbuda;

IV - Antilhas Holandesas;
...
XL - Sultanato de Omã;

XLI - Panamá;

XLII - Federação de São Cristóvão e Nevis;
...
LII - Ilhas Virgens Americanas;

LIII - Ilhas Virgens Britânicas.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a Instrução Normativa SRF nº 33, de 30 de março de 2001.

EVERARDO MACIEL




jueves, 12 de diciembre de 2013

Diferencia en la OMC con Colombia por decretos discriminadores


SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS: DIFERENCIA DS461

Colombia — Medidas relativas a la importación de textiles, prendas de vestir y calzado

Grupo Especial establecido, pero aún no constituido el 25 de septiembre de 2013 

Hechos fundamentales
Título abreviado:
Reclamante:Panamá
Demandado:Colombia
Terceros:Ecuador; El Salvador; Unión Europea; China; Guatemala; Honduras; Estados Unidos; Filipinas
Acuerdos invocados:
(según figuran en la solicitud de celebración de consultas)
GATT de 1994: Art. II:1, II:1(b),VIII:1, X:3(a)
Fecha de recepción de la solicitud de celebración de consultas:18 de junio de 2013
  
Resumen de la diferencia hasta la fecha
El resumen que figura a continuación se actualizó el 30 de septiembre de 2013 
Consultas
Reclamación presentada por Panamá.
El 18 de junio de 2013, Panamá solicitó la celebración de consultas con Colombia con respecto a la imposición por parte de Colombia de un arancel compuesto que afecta a la importación de productos textiles, prendas de vestir y calzado procedentes de Panamá. La medida en litigio es el arancel compuesto que Colombia supuestamente ha impuesto en virtud del Decreto Presidencial Nº 074, de 23 de enero de 2013 (Decreto 074/2013). Panamá alega que la medida en cuestión figura en:
  1. el Decreto 074/2013;
  2. el Decreto 1497/2011 en lo que respecta a la definición de los productos abarcados por la nomenclatura de los Capítulos 61, 62, 63 y 64 del Arancel de Aduanas; y
  3. el Memorando Nº 000165, de 30 de abril de 2013, de la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sobre “medidas de control cumplimiento Decreto 074 de 2013”.
Panamá alega que la medida en litigio es incompatible con las siguientes disposiciones:
  • los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo II, el párrafo 1 a) del artículo VIII y el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.
El 28 de junio de 2013, Guatemala solicitó ser asociada a las consultas. En su reunión de 30 de agosto de 2013, el OSD aplazó el establecimiento de un grupo especial.

Procedimientos del Grupo Especial y del Órgano de Apelación
En su reunión de 25 de septiembre de 2013, el OSD estableció un Grupo Especial. China, el Ecuador, El Salvador, los Estados Unidos, Guatemala, Honduras y la Unión Europea se reservaron sus derechos en calidad de terceros.

domingo, 22 de abril de 2012

Panama aplica a Ecuador medidas anti-discriminacion


012-04-22 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. Las medidas de retorsión vuelven a surgir en el 2012 por parte del gobierno panameño. A finales del 2011, Francia estuvo cerca de iniciar el proceso, pero este año Ecuador fue el protagonista.
Panamá anunció en noviembre su intención de aplicar la ley de retorsión a Francia, después que representantes del gobierno francés se refirieron al país como ‘paraíso fiscal’, -listado del cual salió el pasado 12 de abril-.
Sin embargo, ese mismo día la Gaceta Oficial N° 27013 publicó que el Gobierno panameño resolvió crear la lista de países a los que se aplicarán medidas de retorsión, como mecanismo de presión para aquellas naciones que aplican al país medidas discriminatorias.
En esta Ecuador fue el primero de ingresar a la lista, sostiene la Resolución No. 38 del 2 de abril de 2012 firmada por el ministro de Economía, Frank de Lima, Ricardo Quijano, de Comercio e Industrias, y Roberto Henríquez, de Relaciones Exteriores.
Esto luego que el país suramericano catalogara a Panamá como un ‘paraíso fiscal’, lo que afecta en la parte tributaria a transacciones de bienes y servicios realizadas por contribuyentes ecuatorianos establecidos o domiciliados en el país.
A la vez las empresas panameñas interesadas en participar en licitaciones en el territorio ecuatoriano tendrían problemas.
Según el documento, la acción se da luego de haber cumplido las consultas pertinentes con el gobierno de Ecuador, pero no se logró un acuerdo satisfactorio durante los seis meses del mismo.
Por lo que se procedió a comunicar la medida al país que preside Rafael Correa para que cumpliera con una serie de pasos para aplicar concretamente la retorsión.

En días más felices... (Mayo 2011)
REACCIÓN
El proceso implementado por Panamá provocó reacciones ayer por parte de los ecuatorianos quienes señalaron que ‘retirarían a Panamá de su lista de paraísos fiscales si el, que anunció represalias, se comprometiera a intercambiar información para evitar la evasión de impuestos’, indicó el director del estatal Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Carrasco.
‘Con el solo requisito cumplido de firmar un convenio de intercambio de información se podría automática e inmediatamente retirar a Panamá de la lista. Está en manos de Panamá’, manifestó el director del SRI.
‘Me parece que esta medida de retorsión probablemente esté presionando al país para que se le retire de la lista’, declaró Carrasco a la prensa ecuatoriana.

PREOCUPACIÓN
Carrasco agregó que la posibilidad de un trato discriminatorio para Quito en el precio del peaje del Canal de Panamá contravendría el derecho internacional.
Anotó que con la inclusión de Panamá y otras 79 naciones en una lista de paraísos fiscales, Ecuador intenta evitar la evasión de impuestos de contribuyentes ecuatorianos domiciliados en esos países.
En junio de 2009, el gobierno del presidente Rafael Correa prohibió contratos públicos con firmas domiciliadas en los denominados paraísos fiscales tras un escándalo desatado por millonarias licitaciones adjudicadas a su hermano mayor, quien tiene empresas que operan desde Panamá.
CONTINUIDAD
Pese a la reacción de Ecuador, el gobierno panameño aún evalúa aplicar la misma medida a otras naciones que tratan al país como ‘paraíso fiscal’, como es el caso de Argentina, aunque un vocero del Ministerio de Economía y Finanzas dijo que buscan un arreglo diplomático.


MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Resolución Nº 38 De 2 de abril de 2012

 
Carrasco dice que Panamá solo presiona al Ecuador

Publicado el 21/Abril/2012
00:10

Medidas de retorsión

La aplicación de la Ley de Retorsión (trato recíproco) que Panamá resolvió aplicar para Ecuador, según Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), solo responde a una medida de presión para que se lo saque de la lista de "paraísos fiscales".

Panamá puso al Ecuador en la lista de países que le aplican un trato discriminatorio, porque lo incluyó en la lista de paraísos fiscales tras la aprobación de la Ley de Equidad Tributaria en 2008. Eso afectó en la parte tributaria a transacciones de bienes y servicios realizadas por contribuyentes ecuatorianos en Panamá y a empresas panameñas interesadas en participar en licitaciones en el Ecuador.

El tema, según Carrasco, fue tratado personalmente con su homólogo Luis Cucalón.

A decir de Carrasco, habló con los funcionarios de ese país y les pidió la firma de un convenio de intercambio de información para retirar a Panamá de la lista de 80 paraísos fiscales que tiene Ecuador.

"El señor Cucalón me dijo que el Ecuador no estaba para nada en la prioridad para este tipo de convenios, sino que ellos querían privilegiar a los países de la OCDE (Organización para la Cooperación de Desarrollo Económicos)", sostuvo ayer en una rueda de prensa en Quito.

El titular del SRI dijo que no cree que haya afectaciones comerciales para el país por las medidas de retorsión, a menos que exista un trato discriminatorio en el costo del peaje del canal para el comercio ecuatoriano.

Mientras que, en lo referente a que algunas sociedades ecuatorianas no puedan participar en contrataciones públicas de Panamá, tal como reza en la resolución del pasado 2 de abril, sostuvo que eso es "marginal", porque las leyes ecuatorianas prohíben esas actividades en paraísos fiscales.

"Solo con el requisito de firmar el convenio de intercambio de información se podría automáticamente retirar a Panamá del listado", precisó.

Los empresarios, especialmente los exportadores, todavía analizan el alcance de la medida, según comentó Bernardo Pérez, de Fedexpor. (AB-NMCH)
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Texto completo en http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/carrasco-dice-que-panama-solo-presiona-al-ecuador-543701.html

domingo, 27 de noviembre de 2011

Panamá se pone los pantalones: aplica la retorsión a Francia



Panamá le aplica la retorsión a Francia


EDITH CASTILLO DUARTE

El Gobierno reaccionó prontamente a los señalamientos de Francia en el sentido de que Panamá es un país no cooperador en la lucha contra la evasión fiscal. El ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, giró instrucciones para que se le retire el mandato a la Compagnie Francaise D´Assurance Pour Le Commerce Extérieur (Coface) en cuanto a un contrato de préstamo por 297 millones 852 mil 971 dólares para financiar parte de las obras de construcción de la línea uno del Metro.

Esta medida aplica dentro de lo establecido en la Ley de Retorsión.

Panamá no solo enfrenta presiones de la OCDE; ahora también se han sumado otros organismos, como el Fondo Monetario Internacional.

http://www.prensa.com/impreso/panorama/panama-le-aplica-la-retorsion-francia/42975








Panamá le responde a Francia


El Gobierno retirará el mandato al banco francés Coface, que iba a prestar $297.8 millones para financiar parte de las obras del Metro.

EDITH CASTILLO DUARTE

Antes los constantes ataques y presiones que han ejercido contra Panamá las grandes potencias del G-20, el país ha decido reaccionar echando mano de la Ley de Retorsión.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, giró instrucciones el viernes a la Dirección de Crédito Público para que se le retire el mandato a la Compagnie Francaise D´Assurance Pour Le Commerce Extérieur (Coface), sobre un reciente contrato de préstamo acordado con Panamá.

El Gabinete aprobó el 1 de noviembre firmar con Coface un contrato por 297 millones 852 mil 971 dólares para financiar parte de las obras de construcción de la línea 1 del Metro.

Esta medida es una reacción al hecho de que Francia sigue considerando a Panamá un paraíso fiscal y porque esta semana su ministra de Presupuesto y de las Cuentas Públicas, Valérie Pécresse, puso a este país como ejemplo de Estado no cooperativo en materia de evasión fiscal.

Con este dinero se financiarían los equipos y vagones, así como las señalizaciones, circuito cerrado de vigilancia, rieles y comunicaciones de la línea 1 del Metro. Ante esta decisión, Panamá debe buscar otra fuente de recursos para financiar parte del proyecto.

El secretario del Metro, Roberto Roy, dijo que la Secretaría es la encargada de ejecutar el proyecto, y el financiamiento lo coordina directamente el MEF.

"Estoy seguro que si se ha tomado esta acción, el ministerio debe tener otra alternativa para el financiamiento", explicó Roy.

De Lima dijo que la medida de "retorsión" se aplica al banco francés ante los injustos señalamientos del que Panamá es objeto, a pesar de que se ha firmado con Francia un acuerdo para evitar la doble tributación (TDT).



Arrecian las presiones

Gremios empresariales y de profesionales han pedido en diversas ocasiones al Gobierno que aplique la Ley de Retorsión (medir con el mismo rasero) a los países que que discriminan y afectan a Panamá.

Las presiones vienen de todos lados, ya que a Francia, o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se le ha sumado el Fondo Monetario Internacional, que en sus reuniones para un informe que prepara sobre Panamá también cuestionó la parte fiscal, porque la evasión es considerada para ellos un delito de lavado de dinero.

Las nuevas exigencias

Panamá no había terminado de celebrar su salida en julio de la "lista gris" de la OCDE, tras la firma de los 12 acuerdos que se le exigía, cuando el Foro Global sobre la Transparencia Fiscal –un grupo de este organismo– informaba que este país había reprobado la evaluación y pidió nueva información.

Se está exigiendo, entre los puntos más relevantes, que se eliminen las acciones al portador, que las sociedades anónimas presenten registros contables, aunque sus operaciones estén fuera del país y que se firmen tratados para el intercambio de información fiscal (TIEA) en vez de TDT.

El Gobierno analiza los pasos a seguir, aunque en lo que respecta a las acciones al portador hay adelantos. Los bancos ya no están aceptando cuentas de sociedades con acciones al portador. Además, a las sociedades con acciones al portador no se les permite participar de licitaciones públicas.

Canadá, Alemania, India y Australia han pedido firmar TIEA con Panamá. De Lima reconoce que en el caso de Canadá conviene más un TIEA por los sacrificios fiscales que implicaría un TDT.

Haciendo la salvedad de que aún no se ha adoptado una posición conjunta para ver hasta dónde se puede permitir una injerencia en la soberanía de Panamá, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloba, aplaudió la decisión del ministro De Lima contra el banco francés e hizo un llamado a defender los instrumentos jurídicos que han servido de base al desarrollo de la economía panameña.

"Reconocemos que hay temas que requieren actualización, pero debemos sentarnos en igualdad de condiciones y discutirlos y sin amenazas", señaló.

Por su parte el abogado internacionalista Mario E. Correa considera que para estos países "nunca será suficiente" lo que haga Panamá.

Lo primero que debe hacer el Gobierno, aconsejó, es esperar el informe suplementario que solicitó sobre el reporte de Panamá antes de apresurarse a comprometerse con cualquier cambio fundamental a nuestra legislación.

Además, debe apoyarse en los gremios de abogados, porque serían los más afectados con los cambios que se adopten.



ENFOQUE



Medidas a tomar ante una nueva realidad


DOMINGO LATORRACA*
economia@ prensa.com

OPINIÓN. Panamá enfrenta diferentes retos en relación con el ser catalogado como paraíso fiscal. En primer lugar, algunos sectores de la plataforma de servicios internacionales, en efecto, han promocionado a nuestro país como un paraíso fiscal por su sistema territorial, que solo grava los ingresos generados en el territorio fiscal panameño y la estructura de vehículos jurídicos –entre ellos la sociedad anónima con sus acciones al portador– los cuales han facilitado que buenos y malos utilicen esta plataforma para realizar operaciones dentro y fuera de nuestro territorio.

En segundo lugar, frente a una nueva realidad mundial en materia de los principios de transparencia e intercambio de información tributaria, los países de las principales economías –paradójicamente hoy casi todos enfrentando grandes retos de crecimiento y sostenibilidad fiscal– a través de la OCDE promueven una agenda que cambia con el tiempo y presiona a todos a impulsar modificaciones.

No les interesa mucho las realidades locales ni las limitaciones existentes; tienen su agenda y únicamente les interesa su acatamiento. Para esto, sancionan directa e indirectamente a través de instituciones multilaterales, incluyendo más recientemente la Corporación Financiera Internacional, o IFC por sus siglas en inglés, el brazo inversionista del Banco Mundial, que inexplicablemente aprobó tomar medidas discriminatorias en contra de Panamá y otras jurisdicciones sobre la base de un informe desactualizado y preparado por un organismo del cual Panamá no es miembro.

Con respecto a ciertos políticos extranjeros de países con que Panamá ya ha cerrado acuerdos, que incluyen la no discriminación y que insisten en referirse a Panamá peyorativamente, sería bueno que conectaran la lengua al cerebro y revisaran sus compromisos incluidos en estos acuerdos internacionales.

Panamá debe mantener su orientación de avanzar en materia de implementación de los principios de transparencia e intercambio de información, y realizar los ajustes a su estrategia que aseguren el fortalecimiento y la competitividad de la plataforma de servicios financieros e internacionales. Debe seguir defendiendo su buen nombre frente a quienes no tienen la moral para exigir lo que no practican, aplicando la ley de retorsión a quienes lo ameriten.

* El autor es exviceministro de Economía.

http://www.prensa.com/impreso/economia/panama-le-responde-francia/42867

Gabinete delega a Secretaria de Metro facilidad de COFACE por US$297,852,971.00
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26920_B/35886.pdf





domingo, 16 de mayo de 2010

Retorsión permite aplicar un trato equitativo

JUEVES JURíDICO Comentarios a la Ley No. 58 de 12 de diciembre de 2002 Que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la República de Panamá

Somos partícipes de la aplicación de las medidas de retorsión como mecanismo para hacer frente a discriminaciones comerciales extranjeras, consistente en la aplicación de restricciones a la participación en contrataciones públicas o concesiones administrativas en el territorio nacional, a las personas naturales o jurídicas de cualquier país que discrimina contra la República de Panamá.

No es justo el que se permita que cualquier país en sus leyes, reglamentos, prácticas, resoluciones, fallos o sentencias discriminen en contra de cualquier persona natural o jurídica, bien, servicio, obra pública, arrendamiento, valor, título o fondo de procedencia panameña.

Consecuentemente se impone la aplicación de un trato recíproco por parte de la República de Panamá, así como a las medidas de retorsión específicas a las que se refiere la Ley No. 58, sin perjuicio de que la República de Panamá, a su vez, tome todas o cualesquiera acciones necesarias para impugnar dichas medidas discriminatorias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y/o cualesquiera otras entidades internacionales competentes.

Con ello se defiende la dignidad de nuestro país como ente soberano y los resultados no se han hecho esperar; citamos, por ejemplo, el caso del gobierno español que firmó un "principio de acuerdo" para excluir a Panamá de la lista de Paraísos Fiscales y evitar con ello la penalización de empresas españolas interesadas en invertir en la ampliación del Canal; un proyecto que costará más de 5,250 millones de dólares.

Muchos mantienen el criterio que los problemas de doble tributación y los servicios financieros que ofrecen las sociedades anónimas panameñas han llevado han a Panamá a integrar la lista de paraísos fiscales que elabora la OCDE; no obstante desde el 2001 la OCDE incluyó a Panamá en la lista de paraísos fiscales "cooperante", lo que deja la vía libre a que cada país lo retire de su propia lista negra.

No es cierto que Panamá sea un paraíso fiscal. No se nos puede achacar culpa por nuestro sistema territorial en materia impositiva; se trata de un sistema vigente en la actualidad y al cual hemos accedido como Estado Soberano. Entre las ventajas de la citada Ley de Retorsión, en nuestra apreciación, tenemos:

1. Constituye un medio efectivo de defensa de nuestros intereses.

2. Permite el que se le pueda aplicar un trato equitativo a aquellos países que nos discriminan.

3. Exalta el carácter soberano del Estado Panameño; defendiendo la dignidad nacional.

4. Da un nuevo impulso a las relaciones económicas y comerciales; pues conlleva a que se pase de una situación pasiva a una definición concreta.

Nos parece muy justa la aplicación de los parámetros contenido de los artículos 3 y 4 de la Ley ya que una vez identificada la discriminación, el gobierno panameño consultará, en un plazo de seis meses, con el gobierno que ha adoptado la medida discriminatoria para lograr una solución bilateral del caso, mediante un acuerdo que elimine los efectos de dicha medida.

Si transcurrido el plazo establecido no se ha logrado un acuerdo satisfactorio para ambas partes, el respectivo país será incluido mediante resolución interministerial motivada de los ministerios de Comercio e Industrias, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, en la lista de países que discriminan contra la República de Panamá.

Esta lista tendrá carácter público e indicará la naturaleza de la discriminación, lo que les permitirá a los representantes del país que discrimina contra la República de Panamá, o a otras personas con interés demostrado, presentar los argumentos apropiados que favorezcan su exclusión. Dicha lista será actualizada según sea necesario y cuando menos una vez al año.

Un país será excluido de esta lista mediante resolución motivada del Ministerio de Comercio e Industrias, una vez que cese la discriminación contra los intereses panameños o se obtengan seguridades satisfactorias de su cesación, por conducto de los canales diplomáticos o bilaterales apropiados al caso.

Luego de evaluar todos los aspectos del caso, el Presidente de la República y el Consejo de Gabinete decidirán si se aplican o no las medidas de retorsión a los países que se encuentran en la lista de los que discriminan contra la República de Panamá.

Finalmente, haciendo un balance, creemos propicia la efectiva aplicación de esta Ley en el marco de un Estado Soberano e Independiente.

El segmento Jueves Jurídico es una gentil contribución del licenciado José Augusto Díaz a horacero.com.pa