PLATAFORMA DE SERVICIOS INTERNACIONALES
Una carta-bomba para la OCDE: Álvaro Tomas
Ha caído en mis manos una carta dirigida a Angel Gurría, secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con fecha septiembre 17 de este año, que confirma la teoría que esboza un grupo de abogados panameños sobre la ilegitimidad de la OCDE y la necesidad de defender la plataforma de servicios internacionales de Panamá. Presumo que cuando recibieron esta nota, en París, nunca se imaginaron que Panamá estaba dispuesta a defenderse contratando una firma de abogados estadounidense de la talla de Greenberg Traurig.
Al autor de dicha misiva, James Bacchus, le sobran los méritos personales y profesionales para que la OCDE, al menos, haya fruncido el ceño colectivo.
Graduado de Yale con máximos honores, sirvió en el ejército estadounidense, es socio y abogado destacado de la prestigiosa firma Greenberg Traurig y jefe de su departamento de Global Practice, fue jefe del Tribunal de Apelaciones de la Organización Mundial de Comercio, Representante Comercial de los Estados Unidos (US Trade Representative) y fue electo al Congreso. En fin, son numerosas las razones para ser considerado una autoridad en temas comerciales y de competencia global. Cuando Bacchus habla, el mundo escucha.
Baltasar Gracián decía: “Lo bueno, si es breve, dos veces bueno”. Por lo que entraré con la traducción del párrafo central de la nota únicamente. La nota completa, en su idioma original, se encuentra en el blog: www.eduardo morgan.com.
“Basado en un extenso análisis legal hemos recomendado a Panamá que, en nuestra opinión, ninguno de los supuestos estándares internacionales (de la OCDE) cumplen los requisitos para ser considerados como derecho internacional, y que, por ende, Panamá no está obligado a cumplir con ellos…”. Se pone mejor: “…hemos advertido a nuestro cliente (Panamá) que con la posible aplicación de medidas punitivas recomendadas por la OCDE u otras (medidas) en contra de Panamá por otros miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) –si Panamá escoge, en ejercicio de su soberanía no cumplir con todas las medidas exigidas en esos estándares– se crea la posibilidad de que se infrinjan significativamente los derechos legales de Panamá como miembro de la OMC bajo el acuerdo de la OMC y bajo el derecho internacional público. Por este motivo, cualquier medida punitiva podría darle a Panamá méritos para solicitar la intervención de la OMC y posiblemente, otras medidas internacionales”.
Ante esta apreciación fundamentada en aspectos legales, los que dudan de nuestro derecho a defendernos y se entregan a la noción de que no podemos evitar que la OCDE y sus países miembros nos avasallen y acaben con el centro financiero panameño, deben aceptar que estamos en lo correcto. Que no es una cuestión de patriotismo desmedido, sino una posición justa basada en el derecho internacional público y en la obligación como nación a defender nuestros intereses.
No podemos dejar que un grupo de países ricos, que solo pretenden disminuir sus déficits fiscales mediante la búsqueda de fondos no declarados por sus ciudadanos, afecten nuestra seguridad económica. Países como Argentina y Colombia u organizaciones como el G-20, el Foro Global y la OCDE no pueden determinar el futuro económico de Panamá, solo nosotros podemos hacerlo
Ver texto completo en http://impresa.prensa.com/opinion/carta-bomba-OCDE-Alvaro-Tomas_0_4368313187.html
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