Migración, delincuencia y empleo

Migración, delincuencia y empleo: René Quevedo

RENÉ QUEVEDO

03/10/2014 - El programa “Crisol de Razas” ha sido cuestionado por diversos sectores de la sociedad, que aducen contribuye al auge delictivo en el país y al desplazamiento de la mano de obra local. En este sentido, es necesario separar los hechos de las percepciones, la referencia anecdótica y la evidencia estadística.

Los extranjeros representan el 4.8% de las más de 70 mil detenciones que hacen los estamentos de seguridad cada año (3 mil 332) y el 3.4% de la población penitenciaria. Como referencia, los jóvenes de entre 15 y 29 años suman el 65% de las personas que buscan trabajo, pero en los últimos cinco años solo han obtenido 1 de cada 28 nuevos empleos estables generados por la economía. Ellos representan el 54% de la población penitenciaria y se ven involucrados en el 60% de las 70 mil detenciones que efectúan los estamentos de seguridad cada año.

La proporción entre jóvenes panameños y extranjeros detenidos por cometer delitos es de 20 a 1 por año, mientras que la relación en el sistema penitenciario es de 16 a 1. De los 46 mil 633 extranjeros regularizados gracias a “Crisol de Razas”, solo nueve han cometido delitos, lo que equivale a 1 de cada 5 mil 181. De tal manera que la evidencia no parece sustentar la supuesta relación entre migración y delincuencia.

La explosión delictiva en el país guarda directa relación con la abrupta caída en la participación juvenil en la expansión del empleo sostenible. Hace cinco años la economía generaba 15 mil 700 plazas de trabajo estable para los jóvenes por año. Durante el último quinquenio solo se produjeron mil 788 por año.

En el período 2007-2012 el pandillerismo aumentó en 441% (23 veces más que la expansión del trabajo), la tasa de inserción juvenil en la generación de empleo sostenible fue de 14% (los jóvenes ocuparon una de cada ocho nuevas plazas de trabajo estables). Hoy esa tasa es de 3.6% (1 de cada 28 nuevos empleos), promedio que se ha mantenido durante los últimos cinco años y crea las condiciones para que prolifere el pandillerismo y la delincuencia.

La tesis de que la mano de obra extranjera desplaza al personal panameño en ciertos trabajos alimenta el sentimiento antiinmigración, pero las cifras no son tan claras. En los últimos cinco años, el 44% del crecimiento de empleos ha sido informal y es común ver a extranjeros que realizan labores informales, por lo que hay que revisar las políticas migratorias. Sin embargo, el problema principal es que los adultos desplazan a los jóvenes en los trabajos estables, y que la delincuencia ha aumentado porque ese sector no encuentra una manera digna de generar ingresos, no porque haya más extranjeros. La evidencia es clara.

Debemos revisar la política migratoria, pero es urgente replantear las estrategias relativas al empleo juvenil, de lo contrario la delincuencia y el pandillerismo en Panamá tienen su futuro “asegurado”.

Infame inclusion de Panama en lista de Colombia

COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DE PANAMÁ

COMUNICADO

LA INFAME INCLUSIÓN DE PANAMÁ EN LA LISTA DE PARAÍSOS

FISCALES ELABORADO POR COLOMBIA

El Colegio Nacional de Abogados manifiesta su indignación y rechaza de plano la decisión del Gobierno de Colombia de incorporar, unilateralmente, a nuestro país en una lista de “paraísos fiscales”. Con esa decisión la República de Colombia pretende que Panamá se convierta en una oficina recaudadora de impuestos de sus conciudadanos, a la usanza de la época en que éramos un departamento más de la entonces Colombia, con un gobernador elegido en Bogotá. Es decir, se quedarán más de cien (100) atrás en la historia.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, con fecha de 8 de octubre de 2014, informó oficialmente que mediante el Decreto No.1996 de 2014 fueron incluidos en el listado de paraísos fiscales: Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Panamá, países que habían sido excluidos transitoriamente en el año 2013, y cuya exclusión dependía de la conclusión y firma de un acuerdo “leonino” para suministrar e intercambiar información tributaria con Colombia antes del 7 de octubre de 2014. Pretensión a la que Panamá se ha negado con contundentes e irrebatibles argumentos. Estas políticas del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos buscan obtener, desesperadamente, ingresos para atender sus conflictos bélicos internos, sin importar mancillar la dignidad y la soberanía de la República de Panamá, una nación amiga y hermana.  

El Colegio Nacional de Abogados respaldará las acciones que el Gobierno Nacional ejecute en defensa de los intereses nacionales. El Excelentísimo Señor Presidente Varela debe adelantar medidas claras y firmes dentro del marco del Derecho Internacional Público contra estas decisiones de Bogotá, que lejos de “estimular la cooperación entre países”, son medidas unilaterales que buscan bajo un inaceptable esquema de presión y chantaje, y con el auspicio de un organismo del que Panamá ni siquiera es miembro (OCDE), imponernos políticas públicas ajenas a nuestro modelo tributario de carácter territorial, estigmatizándolo con una categoría  jurídica de “paraíso fiscal” como medio de forzar la  firma de un tratado internacional que le favorezca al sistema tributario colombiano, en desmedro de los intereses de la nación panameña.

El gremio abogadil, con fervor cívico y patriótico, defiende los principios de la soberanía nacional y del Derecho Internacional Público como herramientas para la efectiva protección de los  intereses del Estado panameño y todos sus nacionales. 

Ningún convenio internacional, negociado entre jurisdicciones soberanas, puede llegar a ser suscrito partiendo de premisas como la imposición de fechas límite u otras condicionantes que impiden una verdadera negociación o la consecución de los objetivos y tareas de la política exterior orientados a la protección de los derechos e intereses de nuestros conciudadanos.

El Colegio Nacional de Abogados le sugiere al Gobierno Nacional que asuma, dentro del marco de la legalidad, imponga medidas de retaliación o de retorsión contra el Gobierno del país suramericano, entre ellas la de repatriar a todos los presos colombianos condenados  por los tribunales panameños; gravar con mayores impuestos las remesas de dinero que  envían los colombianos desde Panamá; suspender la vigencia del Tratado de Montería que exonera de peaje por el CANAL a los buques de guerra colombianos e igualmente la suspensión del  acuerdo de interconexión eléctrica. Así como la exigencia de visa de entrada a los ciudadanos colombianos.

Una medida sabia, Señor Presidente Varela, e imponerla de inmediato es excluir a las empresas colombianas de las licitaciones públicas.

También, el Colegio Nacional de Abogados le sugiere al Gobierno Nacional que con carácter de urgencia reúna al Consejo Nacional de Relaciones Exteriores. 

El CNA, igualmente, le propone al Gobierno Nacional que impulse enérgicamente, con conocimiento de causa, las negociaciones políticas que produzca, a la mayor brevedad posible, el desagravio que merecemos los panameños por la injusta decisión adoptada por  Bogotá.

Dado en el Colegio  Nacional de Abogados de Panamá, a los 17 días del mes de octubre de  2014.

        (FDO)    

José Alberto Álvarez

Presidente

Colombia ha hecho "declaración de guerra financiera"

El paraíso que se volvió pesadilla para Colombia

El gobierno de Panamá podría suspender el proyecto de interconexión eléctrica. Se ha hablado también de poner visa a los colombianos y de empezar a cobrar peaje a los buques militares.

Por: Diana Carolina Durán Núñez

Tal vez el Gobierno colombiano no hizo los cálculos suficientes. Como van las cosas, haber declarado a Panamá “paraíso fiscal” está en camino a convertirse en el asunto de mayor trascendencia diplomática de 2014. El inventario de daños apenas empieza a escribirse. Puede que el idioma de Colombia y Panamá sea el castellano, pero hoy estas dos naciones se están comunicando en lenguajes distintos. Y mientras el presidente Juan Manuel Santos señala en una discreta declaración por Twitter que los ministros de Hacienda ya tienen la instrucción de solucionar el problema, en Panamá la indignación nacional crece y crece con la efervescencia que sólo despierta el lenguaje del patriotismo.

Basta con hacer un breve sondeo en medios locales para entender qué lectura están haciendo los panameños de la actual situación. La Estrella, el diario más antiguo de ese país, aseguró en su editorial del pasado viernes que la declaratoria era un gesto de “menosprecio inmerecido hacia Panamá” y, a renglón seguido, anotó: “El Gobierno debe actuar con entereza y determinación en defensa y salvaguarda de los intereses panameños ante el errático accionar de Colombia”. Ese mismo día, en el noticiero matutino más popular del país, un abogado de nombre Adolfo Linares decía: “Lo que ha hecho (Colombia) ha sido un golpe muy bajo, prácticamente una declaración de guerra financiera”.

Ese tipo de declaraciones son tan sólo un reflejo de los ánimos exaltados que por estos días se sienten en los pasillos oficiales panameños. Fuentes de entera credibilidad de ese país le contaron a El Espectador que ya están barajando todas sus cartas para hacerle sentir a Colombia: “Si tú me aprietas, yo te aprieto”. Las empresas colombianas que participan en licitaciones en Panamá lideran la fila de los consternados: una de las primeras decisiones que podrían tomarse es impedirles que se queden con contratos del Estado panameño. Además, se ha planteado presentar una queja ante la Organización Mundial de Comercio por medidas restrictivas a la competitividad.

Desde que la manzana de la discordia se hizo pública, en Panamá se ha venido discutiendo, además, si valdría la pena revisar el tratado de Montería, que permite que los buques militares colombianos pasen por el Canal sin pagar peaje. Se ha hablado de imponer visa. El golpe más duro, sin embargo, podría ser inmediato y directo al corazón: el proyecto de interconexión eléctrica —que apenas se reactivó en julio pasado durante una cumbre presidencial— podría ser suspendido. En Bogotá la orden es negociar sin retirar a Panamá de la lista negra, mientras en Panamá se dice que no habrá negociación si Colombia no echa reversa. Cuando uno dice “blanco”, el otro responde “negro”.

Esta semana se cumplió el plazo de un año que Colombia le había dado a Panamá para firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria. Colombia necesita saber qué cuentas y qué empresas se han abierto en ese país con capital nacional. Panamá, al igual que Luxemburgo y Liechtenstein, tiene una legislación que protege el secreto bancario y ofrece ventajas tributarias desde la década de los 20 y Colombia, sobre todo ahora que está en busca de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), debe aumentar su recaudo de impuestos. Éste, por el momento, no pasa de ser el 15% del Producto Interno Bruto; en los miembros de la OCDE es el 34%.

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El Espectador consultó con abogados tributarios, quienes manifestaron que probablemente, antes de que Panamá fuera declarado paraíso fiscal, ya la mayoría de sociedades colombianas habían movido sus recursos a otros ‘paraísos’. La verdad es que, aunque Panamá salga de la lista negra, en el mundo siguen existiendo varias naciones que atraen capital extranjero por medio del secreto financiero. Así funcionan lugares como Curazao, Hong Kong o Luxemburgo, en donde se registraron todas las sociedades que terminarían dueñas de miles de hectáreas que eran terrenos baldíos en la altillanura colombiana. Su economía depende de ello tanto como el Estado colombiano depende de que esa reserva bancaria llegue a su fin.

Texto completo en http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/el-paraiso-se-volvio-pesadilla-colombia-articulo-521753

El paraíso que se volvió pesadilla para Colombia El gobierno de Panamá podría suspender el proyecto de interconexión eléctrica. Se ha hablado también de poner visa a los colombianos y de empezar a cobrar peaje a los buques militares. Por: Diana Carolina Durán Núñez

Cuando la retorsión es inevitable

ECONOMÍA

Fernando gómez arbeláez

Avisada, pero inesperada por muchos, ha sido la comunicación oficial procedente de Bogotá manifestando que el Gobierno colombiano ha incluido a Panamá en su lista de 41 “países, jurisdicciones, dominios, estados asociados o territorios” que Colombia, desde su individual punto de vista e interpretación del concepto, califica como “paraísos fiscales”.

En un acto arbitrario que desestima  normas de derecho internacional, y  las buenas relaciones con un país vecino de  hermandad singular e histórica, el presidente, Juan Manuel Santos, junto a su ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, promulgó el martes pasado el Decreto 1.966 de 7 de octubre de 2014, reglamentario del Estatuto Tributario (ET) colombiano — equivalente a nuestro Código Fiscal — por medio del cual Panamá queda penalizada con semejante calificación hasta la fecha en que suscriba “un tratado o  acuerdo internacional que permita el efectivo intercambio de información con la República de Colombia”.  

Según declaraciones brindadas por Cárdenas al día siguiente, mientras Panamá no suscriba ese tratado, “el decreto seguirá vigente”.

Agravando más la situación, el jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Santiago Rojas, se pronunció de forma similar, argumentando que la medida busca “cerrar el cerco a la gente que esconde plata en otros países” e implicando así que Panamá favorece el encubrimiento en sus bancos de recursos de origen   extranjero.

Para Panamá, el hecho de ser calificada por el Gobierno de Colombia como “paraíso fiscal” significa, de acuerdo a las disposiciones del ET colombiano, la aplicación de diversas sanciones discriminatorias, entre las que se destacan:

1. Serán considerados como residentes fiscales colombianos las personas naturales nacionales colombianas — portadores de pasaporte colombiano — que tengan residencia fiscal en Panamá (Art. 10) y, por consiguiente, estarán sometidas a impuesto sobre la renta sobre sus rentas de fuente mundial.

2. Los pagos realizados a personas ubicadas en Panamá, por concepto de rentas de fuente nacional colombiana, estarán sometidos a una retención en la fuente del 33% (Art. 408) y por regla general, no serán deducidos como costo o deducción al determinar el impuesto sobre la renta (Art. 124-2).

3. Toda operación que realice un residente fiscal colombiano con una persona ubicada en Panamá estará sometida al régimen de precios de transferencia, sin importar si son o no vinculados económicos y tendrá, en consecuencia, que presentar documentación comprobatoria (estudio de precios de transferencia) y declaración informativa de precios de transferencia (Art. 260-7).

4. La tarifa general de retención en la fuente para los inversionistas de portafolio del exterior domiciliados en Panamá será del 25%, mientras que la retención en la fuente para aquellos que no están domiciliados en paraísos fiscales es del 14%  (artículo 18-1).

A lo largo de innumerables décadas, la política exterior colombiana se había caracterizado por su escrupuloso respeto a  las normas de derecho  internacional.  

Ahora, esa política ha cambiado notoriamente.  En su calificación unilateral en contra de Panamá, el gobierno de Santos desconoce el derecho internacional con abierta procacidad, intentando presionar de modo amenazante a otro Estado, el nuestro, para obligarlo a suscribir un tratado.  

Esta inaceptable nueva práctica colombiana es violatoria de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de la cual ambos Estados son signatarios, específicamente la Sección Segunda (“Nulidad de los tratados”) de su parte V.  

Bajo el aspecto legal internacional, las presiones colombianas deben permanecer desatendidas por Panamá.

De este señalamiento discriminatorio, del que el gobierno de Santos pareciera asumir no tendrá consecuencias negativas para las relaciones bilaterales, hay varios responsables. 

Los más evidentes son los diplomáticos panameños en Bogotá y los colombianos en nuestra capital.  

Ninguno habría percibido la gravedad del asunto a tiempo, ni tampoco hecho lo suficiente para advertir a sus respectivos gobiernos que esta actuación colombiana era indeseable para las buenas relaciones entre ambos.

Tan responsable de las erradas presunciones colombianas es la manera torpe e irreflexiva en la que el gobierno anterior llevó a cabo las negociaciones panameñas sobre tratados de intercambio de información fiscal y para evitar la doble tributación. 

 Sin una explicación válida, estas negociaciones se escaparon de las manos de la Cancillería para caer en las del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad que carecía tanto de la idoneidad como de la capacidad técnica para realizarlas. 

 Los equipos negociadores panameños fueron conformados, en su mayoría, por inexpertos funcionarios y asesores externos con una mínima, si alguna, preparación y experiencia en negociaciones internacionales panameñas, y con todavía menos conocimiento de las relaciones internacionales y el derecho  internacional.

Fueron numerosos los desaciertos cometidos a partir de 2009 mediante el secretismo en la negociación, la nocturnidad en la aprobación y la celeridad de la entrada en vigencia de esos tratados tributarios, entre los que se resalta al acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos de 2010.  

Ninguno fue negociado de cara a la ciudadanía, la que de ellos solo tuvo noticias luego de concluir su abreviado proceso  negociador.  

Todos se dieron bajo las amenazas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y su llamado “Foro Global”.

No se quedan por fuera algunos representantes de la banca en Panamá, que en ese entonces aplaudían la negociación apresurada de esos tratados en pro de una supuesta “transparencia informativa”, siempre y cuando estos no fueran firmados con determinados países de donde se origina una mayoría de sus clientes, como Colombia.

Ahora el daño está hecho y no puede repararse dándole curso a las ilegítimas presiones colombianas.  La dignidad panameña ante la actuación del gobierno de Santos impide siquiera iniciar una negociación sobre el tratado que Colombia indebidamente pretende.

A Panamá le cabe aplicar medidas de retorsión.  En el lenguaje de las relaciones internacionales, estas son las prohibiciones o restricciones que un Estado, conforme a derecho, aplica a otro Estado que hubiera empleado en su detrimento acciones de igual magnitud.

Nuestra legislación sobre la materia, la Ley 58 de 2002, “Que establece medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la República de Panamá”, contempla su aplicación dentro de parámetros claramente definidos.  Quedarían sujetos a un “trato recíproco” los países que adopten “leyes, reglamentos, prácticas, resoluciones, fallos y sentencias” perjudiciales a Panamá.  

Para ello, una vez identificada la discriminación, el Gobierno “consultará, en un plazo de seis meses, con el gobierno que ha adoptado la medida discriminatoria para lograr una solución bilateral del caso, mediante un acuerdo que elimine los efectos de dicha medida” (Art. 3).

Si transcurrido el plazo de seis meses “no se ha logrado un acuerdo satisfactorio para ambas partes”, el respectivo país será incluido en una lista de países discriminatorios, a los que Panamá podrá aplicarles medidas de retorsión decididas por “el Presidente de la República y el Consejo de Gabinete” (arts. 3-4).

El Gobierno panameño tiene la Ley 58 a su disposición.  De ser necesaria su adaptación a los tiempos actuales, esta puede ser considerada por la Asamblea Nacional.  

Frente a Colombia, nuestro gobierno tiene el deber de tomar acciones recíprocas de aplicación coactiva.  En esta seria coyuntura puede hacer mucho, pero lo único que no puede dejar de hacer es actuar.