Librarse de la etiqueta de “paraíso fiscal” ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) le ha costado a Panamá la firma de más de 12 Tratado para Evitar la Doble Tributación (TDT), al igual que un Tratado de Intercambio de Información Fiscal (TIIF) con Estados Unidos, más la promulgación de la Ley 33 de 2010, que fija normas para los TDT, y la Ley 2 de 2011, mejor conocida como “Conoce a tu Cliente”. Sin embargo, no es suficiente.
Frank De Lima, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recalcó que Panamá tiene pendiente la inmovilización de las acciones al portador, para poder pasar la primera fase de revisión de la OCDE, y hacer cambios en los registros contables de las empresas off shore que no operan en el país.
“Lo conversado con la OCDE es que, si atendemos el tema de las acciones al portador, pasamos a la segunda fase. Posteriormente, vamos a ver el tema de los registros contables”, apuntó De Lima.
La inmovilización de las acciones al portador podrá empezar a materializarse este mes, cuando el funcionario presente el anteproyecto de ley que fijará las medidas. Pero el traslado de los registros contables de las compañías off shore al país, no tiene fecha de cumpleaños.
La inmovilización de acciones al portador limitaría su libre acceso a través de un sistema de registro. La medida no sólo es un pedido de la OCDE, sino del Foro Global.
A Panamá se le estaba criticando también porque no firmaba TIIF, pero logró el de Estados Unidos y está ahora negociando con Canadá y Alemania. Además se tiene previsto hacer lo mismo con India y Australia, y se están revisando las posibilidades con Japón y los países nórdicos en estas semanas.
Propuesta gubernamental
El anteproyecto incluiría un período de tres meses para que las sociedades puedan estudiar los formularios y procedimientos de las nuevas políticas; mientras que las que ya emitieron acciones al portador tendrán entre tres y cinco años para inmovilizarlas gradualmente.
“Recomendable sería inmovilizar las acciones al portador solo con un decreto para las sociedades que se dediquen a la apertura de cuentas bancarias, licitaciones gubernamentales, recaudación de fondos del público y las que usen servicios del público”, señaló el abogado Álvaro Aguilar Alfú.
A su juicio, con los años podemos esperar que la inmovilización de las acciones al portador provoque que en Panamá disminuya el número de sociedades y fundaciones, igual que pasó en las Islas Vírgenes Británicas.
“Tras la promulgación de la ley de inmovilización de ellos en el 2008, no han podido superar las 60.000 sociedades formadas”, advirtió.
Sobre el anteproyecto de ley, destacó que podría ser aprobado dado el control del partido gobernante, no porque la propuesta tenga méritos.
“Es más fácil seguir el manual de instrucción de una organización internacional que hacer variantes originales”, acotó.
Para Gian Castillero, presidente de la Asociación de Abogados Internacionales, las presiones de los organismos multilaterales por más transparencia en los países, han causado que la mayoría de los bancos no permitan cuentas con acciones al portador, haciendo que caigan en desuso, por lo que Panamá no debería tener un mayor problema al eliminarlas.
No obstante, “las amenazas de la aplicación de medidas discriminatorias contra el país pueden tener un impacto en la atracción de la inversión extranjera y por consiguiente efectos económicos adversos en la economía local”, señaló.
Los juristas piden a las autoridades que busquen un balance para cumplir con los requerimientos internacionales para evitar ser sancionados, pero sin perder de vista la competitividad del centro financiero panameño, que se mide con la región.
“Panamá compite con muchas jurisdicciones, por lo que la capacidad de transferir cualquier costo que conlleve la inmovilización de las acciones al portador a los clientes nos encarecería y nos restaría competitividad”, indicó Castillero.
También destacó que deberá hacerse una inversión para educar a las más de 300.000 sociedades activas que tiene Panamá sobre las nuevas políticas.
¿Quién pagará por el proceso de inmovilización? Según el ministro De Lima, estos costos deberán ser traspasados al cliente.
Coinciden los abogados en que la inmovilización será una prueba para estimar cuántos costos podrán asumir y cuántos podrán pasarlos al cliente.
“Hay que analizar el tema con profundidad para no hacer al país menos competitivo, nuestro sistema bancario y financiero ya es rígido”, concluyó Rubén Castillo Gil, jurista y ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.
Para Castillo Gil, Panamá ha sido consistente en su línea de preservar su plataforma de servicios al margen de las actividades delictivas, por ejemplo al crear la ley de “Conoce a tu Cliente”. Por eso se siente sorprendido de que la OCDE siga presionando al país con argumentos sin sustancia.
Grace Kelly Chi
gchi @capital.com.pa
Ver texto completo en http://www.capital.com.pa/inmovilizacion-de-acciones-al-portador-en-visperas/
Frank De Lima, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recalcó que Panamá tiene pendiente la inmovilización de las acciones al portador, para poder pasar la primera fase de revisión de la OCDE, y hacer cambios en los registros contables de las empresas off shore que no operan en el país.
“Lo conversado con la OCDE es que, si atendemos el tema de las acciones al portador, pasamos a la segunda fase. Posteriormente, vamos a ver el tema de los registros contables”, apuntó De Lima.
La inmovilización de las acciones al portador podrá empezar a materializarse este mes, cuando el funcionario presente el anteproyecto de ley que fijará las medidas. Pero el traslado de los registros contables de las compañías off shore al país, no tiene fecha de cumpleaños.
La inmovilización de acciones al portador limitaría su libre acceso a través de un sistema de registro. La medida no sólo es un pedido de la OCDE, sino del Foro Global.
A Panamá se le estaba criticando también porque no firmaba TIIF, pero logró el de Estados Unidos y está ahora negociando con Canadá y Alemania. Además se tiene previsto hacer lo mismo con India y Australia, y se están revisando las posibilidades con Japón y los países nórdicos en estas semanas.
Propuesta gubernamental
El anteproyecto incluiría un período de tres meses para que las sociedades puedan estudiar los formularios y procedimientos de las nuevas políticas; mientras que las que ya emitieron acciones al portador tendrán entre tres y cinco años para inmovilizarlas gradualmente.
“Recomendable sería inmovilizar las acciones al portador solo con un decreto para las sociedades que se dediquen a la apertura de cuentas bancarias, licitaciones gubernamentales, recaudación de fondos del público y las que usen servicios del público”, señaló el abogado Álvaro Aguilar Alfú.
A su juicio, con los años podemos esperar que la inmovilización de las acciones al portador provoque que en Panamá disminuya el número de sociedades y fundaciones, igual que pasó en las Islas Vírgenes Británicas.
“Tras la promulgación de la ley de inmovilización de ellos en el 2008, no han podido superar las 60.000 sociedades formadas”, advirtió.
Sobre el anteproyecto de ley, destacó que podría ser aprobado dado el control del partido gobernante, no porque la propuesta tenga méritos.
“Es más fácil seguir el manual de instrucción de una organización internacional que hacer variantes originales”, acotó.
Para Gian Castillero, presidente de la Asociación de Abogados Internacionales, las presiones de los organismos multilaterales por más transparencia en los países, han causado que la mayoría de los bancos no permitan cuentas con acciones al portador, haciendo que caigan en desuso, por lo que Panamá no debería tener un mayor problema al eliminarlas.
No obstante, “las amenazas de la aplicación de medidas discriminatorias contra el país pueden tener un impacto en la atracción de la inversión extranjera y por consiguiente efectos económicos adversos en la economía local”, señaló.
Los juristas piden a las autoridades que busquen un balance para cumplir con los requerimientos internacionales para evitar ser sancionados, pero sin perder de vista la competitividad del centro financiero panameño, que se mide con la región.
“Panamá compite con muchas jurisdicciones, por lo que la capacidad de transferir cualquier costo que conlleve la inmovilización de las acciones al portador a los clientes nos encarecería y nos restaría competitividad”, indicó Castillero.
También destacó que deberá hacerse una inversión para educar a las más de 300.000 sociedades activas que tiene Panamá sobre las nuevas políticas.
¿Quién pagará por el proceso de inmovilización? Según el ministro De Lima, estos costos deberán ser traspasados al cliente.
Coinciden los abogados en que la inmovilización será una prueba para estimar cuántos costos podrán asumir y cuántos podrán pasarlos al cliente.
“Hay que analizar el tema con profundidad para no hacer al país menos competitivo, nuestro sistema bancario y financiero ya es rígido”, concluyó Rubén Castillo Gil, jurista y ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.
Para Castillo Gil, Panamá ha sido consistente en su línea de preservar su plataforma de servicios al margen de las actividades delictivas, por ejemplo al crear la ley de “Conoce a tu Cliente”. Por eso se siente sorprendido de que la OCDE siga presionando al país con argumentos sin sustancia.
Grace Kelly Chi
gchi @capital.com.pa
Ver texto completo en http://www.capital.com.pa/inmovilizacion-de-acciones-al-portador-en-visperas/
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