El Ministerio de Economía y Finanzas tiene previsto presentar una nueva ley para prevenir el lavado de capitales y el financiamiento de terrorismo ante el Consejo de Gabinete el próximo mes de enero y elevarlo a la Asamblea Nacional en febrero, adelantó ayer el titular de la cartera, Dulcidio De La Guardia.
Esta es una de las reformas legales pactadas entre el Gobierno de Panamá y el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para reforzar la lucha contra el lavado de capitales en el país.
El pasado mes de junio, después de una evaluación del Fondo Monetario Internacional, el Gafi incluyó a Panamá en una lista gris de países cuyas estructuras para combatir el lavado eran débiles.
Esta acción ya ha tenido consecuencias para el sector financiero, que ha visto cómo los bancos corresponsales en el extranjero reducen sus operaciones, y su impacto podría terminar repercutiendo en la economía.
De La Guardia reconoció que “la principal amenaza que tienen ahora mismo la economía de Panamá y nuestro centro de servicios y financiero es la inclusión en la lista del Gafi”.
Para salir de la lista Panamá debe acometer varias reformas, entre las que destaca la nueva ley para prevenir el lavado, que, según el ministro, se está consensuando con el sector privado y para la que se está recibiendo la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo.
Una de las novedades que incorporará esta norma es que ampliará la exigencia de reportar operaciones sospechosas, algo que ya deben hacer los bancos, a nuevas actividades. El ministro dijo que espera que la norma sea aprobada en el próximo periodo legislativo, que concluye en abril de 2015.
El compromiso de Panamá con el Gafi es que las reformas identificadas deben estar aprobadas a mediados del próximo año.
Después, el país podría solicitar una revisión para ser excluido de la lista gris y durante el primer trimestre de 2016 se produciría una nueva evaluación por parte del Gafi.
Además de la actualización de la norma para prevenir el lavado de capitales, De La Guardia destacó otros avances, como la presentación en la Asamblea de dos leyes por parte del Ministerio Público, la creación de la Unidad de Políticas para Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo dentro del MEF y la reestructuración de la Unidad de Análisis Financiero. Estas medidas serán presentadas al Gafi antes del 10 de diciembre.
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