Fracaso en Francia

FERNANDO GÓMEZ ARBELÁEZ

Por primera vez en cerca de 110 años de historia republicana, un Presidente panameño ha hecho dos visitas oficiales a Francia en un mismo periodo presidencial. En ambas, en noviembre de 2011 y mayo de 2013, Ricardo Martinelli viajó acompañado de una nutrida delegación gubernamental, teniendo como punto relevante de su agenda las acciones discriminatorias y sancionadoras que Panamá soporta de ciertos países que lo califican como supuesto “paraíso fiscal” y “no cooperante” en materia de información financiera de particulares, entre otras.

En vísperas de este último viaje, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), entidad pública en cuyo consejo administrativo están representados cinco ministros del Gobierno galo, agregó a Panamá a su lista discriminatoria de jurisdicciones “no cooperantes”. Esta crítica calificación restringe el tránsito por Panamá de los recursos económicos que la AFD maneja y destina para programas en países en vías de desarrollo. Un vocero de ese Gobierno pronto comunicó que esta reciente lista era “técnica” y no debía interpretarse como un compendio oficial de “paraísos fiscales” presentado por la república francesa. Técnica o no, lo cierto es que constituye una nueva apreciación negativa de autoridades públicas de esa nación en detrimento de Panamá, adoptada formalmente por esa agencia, a pesar de que desde hace más de un año mantenemos un convenio para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal.

Así como ocurrió en 2011, con el entonces presidente Nicolas Sarkozy, la reunión entre Martinelli y François Hollande, en París, no produjo los resultados concretos ni los compromisos que la sociedad esperaba. Por segunda ocasión, Panamá dependía en sus relaciones de lo que un gobernante galo afirmaba o no con respecto a nuestro país. En un comunicado publicado al finalizar el encuentro, Hollande se limitó a saludar “los esfuerzos emprendidos por las autoridades panameñas en materia de transparencia fiscal y manifestó su apoyo a que continúen”.

En otras palabras, para Hollande el convenio tributario y fiscal de 2011 no ha sido más que un simple “esfuerzo” nuestro. En vez de ser un fin logrado, ese convenio es apenas un medio inacabado en la relación bilateral, un adelanto sobre algo que, por hallarse inconcluso, aún debe “continuar”.

Complicando más la situación, el despacho del ministro francés de Desarrollo, Pascal Canfin, confirmaba al mismo tiempo la validez del listado de la AFD, argumentando que se trataba de “una puesta en coherencia de nuestra política a partir del momento en que, en ese país, la transparencia no es total”. Para estos efectos, es obvio que el convenio tributario y fiscal con Panamá de 2011 es visto como poco menos que letra muerta.

Un secreto a voces en nuestro país y en el exterior es el interés de autoridades francesas, junto a las de algunos otros países, en que Panamá reforme su legislación de sociedades anónimas, establecida en la Ley 32 de 1927; una legislación con más de 86 años de vigencia plena e ininterrumpida. La Ley 32 ha sido aplicada a lo largo de estos 86 años de cordiales relaciones bilaterales y jamás fue considerada como un obstáculo entre Francia y Panamá. Desde 1927, decenas de miles de sociedades anónimas se han constituido bajo el régimen legal panameño para fines lícitos, siendo pocas las halladas en actuaciones irregulares comprobadas en conocimiento de sus respectivos directivos y accionistas.

A lo largo de casi nueve décadas, Francia ha cambiado notablemente, de su III a la IV (1946) y la V (1958) Repúblicas; ha contado con tres constituciones distintas –sin incluir a la Ley Constitucional de 1940– y hasta con el gobierno de una “Francia libre” en el exilio, sin embargo, en medio de tantos periplos y vaivenes, la legislación panameña de sociedades anónimas se ha mantenido efectiva y vigente, sin requerir cambios importantes.

Para mala y lamentable coincidencia, a la par de la visita presidencial se celebraba en París un foro económico internacional que contó con la sorpresiva participación del titular de Economía y Finanzas, Frank De Lima. Sin que nadie se lo preguntara, el funcionario declaró para asombro de todos que “las sociedades panameñas dejarán de ser utilizadas para esconder dinero y para la evasión fiscal”. Semejante reconocimiento en ese foro de un supuesto empleo masivo de nuestras sociedades mercantiles para realizar actividades ilícitas demuestra ignorancia supina acerca de la realidad práctica de 86 años de experiencia. La declaración fue recogida por agencias internacionales de noticias que la difundieron por el mundo. De Lima, quien no habla francés, desconoce la materia y antes de ser parte del Gobierno nunca había ido a Francia; seguramente, acabó perdido en la traducción.

Mientras las autoridades nacionales no hagan respetar a Panamá en sus gestiones oficiales, dentro y fuera del país, sin esforzarse por conocer a fondo y divulgar las realidades de su casi nonagenario régimen de sociedades anónimas, las presiones, exigencias y abusos discriminatorios de cualquier Estado o entidad seguirán afectando de manera injusta y negativa a los intereses panameños.