Un acuerdo inconveniente

Según ha sido anunciado ayer, 30 de noviembre, se firmaría en Washington el acuerdo fiscal entre Panamá y Estados Unidos. Se trata de establecer términos y condiciones que rijan la cooperación fiscal y el intercambio de información en materia de impuestos.

No obstante la importancia del tema, este no ha recibido una adecuada divulgación en Panamá. Sectores interesados no han llegado a expresar sus opiniones y algunos gremios esperan analizar el tema a profundidad.

Algunos destacados profesionales del derecho, y banqueros, ya han señalado que el acuerdo será inconveniente para Panamá.

Lo cierto es que ha faltado el debate necesario, y existen dudas sobre algunas de las cláusulas estipuladas y que deben ser debidamente explicadas. A mi juicio, no está clara la situación que enfrentará el principio de la territorialidad, norma fundamental en la vigencia del impuesto sobre la renta en Panamá. Desde 1957, Panamá decidió que el impuesto sobre la renta se determinará con base en los ingresos que se originen en el territorio nacional. No se cobra a los contribuyentes impuestos sobre los ingresos recibidos o percibidos fuera del territorio panameño.

En virtud de este principio, se han establecido en Panamá muchísimas empresas e individuos –de variadas naciones– que no tienen que pagar impuestos sobre la renta que obtienen en el exterior. Esto ha sido y continúa significando un importante incentivo para realizar diversos tipos de negocios en el exterior, manejándolos o registrándolos desde Panamá. El Gobierno de Panamá no requiere información sobre las utilidades de sus nacionales ni de sus residentes que sean originadas en el exterior.

Ello es así. Debe quedar claro. Esto se llama principio de la territorialidad, y en Panamá tiene vigencia ese principio, la territorialidad y que, en consecuencia, no podemos suministrar a Estados Unidos sobre lo que esas empresas e individuos realicen en el exterior. Es cuestión de principios: debemos mantener y proteger el criterio de la territorialidad. Es ley de la República. Nos beneficia y conviene mucho. Se ha probado a través de muchos años.

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/12/01/hoy/opinion/2418333.asp

Doctrina de Retorsión

Foignet en Manuel Elémentaire de Droit Internacional Public indica: “Hay retorsión cuando un Estado sufre los perjuicios derivados de una medida adoptada por otro Estado, aplica a este último una medida análoga. El punto esencial a observar es que el acto que da lugar a la retorsión debe ser un acto que aunque viola la equidad, no tiene nada contrario al Derecho de Gentes. La finalidad de la retorsión es llevar al Estado extranjero a revisar la medida que ha adoptada, haciéndole probar mediante el empleo de los mismos procedimientos, un daño idéntico a aquel que le ha infringido al primer Estado perjudicado”. (pag. 482. París 1929). Algo más adelante (pag. 483): “La retorsión es ciertamente legítima, porque el Estado que la emplea no hace más que actuar en virtud de un derecho de soberanía contra el Estado contra el cual usa la retorsión, el que no puede reclamar porque le han aplicado los mismos procedimientos que ha empleado primero contra su vecino”.

Competencia Fiscal y Retorsión

sábado, 1 de enero de 2011